UN ERROR QUE TRAJO CONSECUENCIAS

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Un Tribunal de Apelaciones declaró nula una audiencia donde se discutió la prórroga de la prisión preventiva para una persona acusada de un robo. Lo hizo sin que estuvieran presentes sus dos abogados defensores.

Posteriormente, ambos penalistas presentaron en la Fiscalía General de la Nación y en la Suprema Corte de Justicia denuncias penales y administrativas contra la jueza y la fiscal.

Un hombre en situación de calle fue acusado de un hurto. Poco después, fue capturado tras huir de la Policía por azoteas. En la persecución, uno de los agentes debió disparar su arma para intimidarlo y hacer que se detuviera.

La audiencia para discutir la prisión preventiva del imputado estaba prevista para el 28 de junio de este año. Pero esta comenzó sin que la defensa se encontrara presente. Mientras esta transcurría, una de las abogadas del procesado, Ana Patrone, llegó al juzgado para asistir a una audiencia por otro caso y con otro juez. Una actuaria la vio frente a la baranda de atención al público y le dijo que la esperaban en otra sala. La profesional dijo que no había sido notificada de la instancia.

Al ver que no llegaba Patrone, la jueza señaló que iba a levantar la reunión porque no se encontraba la defensa del imputado y agregó que la instancia no se podía llevar a cabo por ser nula según el Código de Proceso Penal (CPP).

Las medidas cautelares de prisión del imputado vencían a las 12 horas del 29 de junio de este año, sin embargo la jueza fijó un segundo encuentro para las 14:30 horas de ese día.

Allí la Fiscalía dijo que pediría la prórroga de la prisión preventiva del imputado por 90 días. El abogado, Gerard Domínguez, quien junto a Patrone defienden al imputado, rechazó el pedido fiscal. “No es posible prorrogar lo que ya ha fenecido. Para pedir una prórroga, la medida cautelar de prisión tendría que estar vigente. Nos consta que la medida no está vigente”, dijo Domínguez. Luego solicitó a la magistrada la libertad inmediata de su defendido. Y advirtió que la convocatoria a audiencia se realizó en un feriado y de un día para el otro.

El día de la notificación de la segunda audiencia, la magistrada titular estaba con licencia médica porque fue hisopada. La convocatoria a la instancia judicial fue realizada por una jueza suplente. Se efectuó un sábado porque el sistema informático del Poder Judicial no funcionaba el día anterior.

El defensor anunció en el juzgado que presentaría un recurso de apelación y advirtió que recusaría tanto a la jueza como a la fiscal.

Al apagarse el sistema de audio, se desató un duro intercambio entre las partes. “Hubo una situación violenta y la jueza actuó en forma soberbia”, dijo Domínguez a El País.

El 21 de julio pasado, el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno, integrado por los ministros José Balcaldi, Ricardo Míguez y Daniel Tapié, declaró nula la instancia realizada el 28 de junio pasado y todas las instancias judiciales posteriores. El Tribunal advirtió, además, que en una audiencia tiene que estar el juez, el fiscal y la defensa del imputado y agregó que la falta de uno de ellos genera la nulidad de la audiencia. Por ello, el Tribunal dispuso la libertad inmediata del imputado.

El Tribunal también cuestionó que la citación de la audiencia para pedir la prórroga de la prisión preventiva del imputado se realizara un día feriado.

El mismo tribunal ratificó a la jueza en el caso. Es decir, entendió que la magistrada no fue parcial en ningún momento.

La disputa entre los tres operadores judiciales del caso no cesó.

En la tarde de ayer, el abogado Carlos Bustamante Barrios, en representación de sus colegas, Ana Patrone y Gerard Domínguez, presentó en la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal y administrativa contra la jueza y la fiscal.

Bustamante Barrios pidió que se investigara supuestos abusos de funciones por parte de ambas operadoras judiciales. “Hubo prisión indebida del imputado”, dijo el denunciante.

Consultado por El País, el abogado confirmó que la denuncia tiene relación con hechos sucedidos en una audiencia que derivaron en una sentencia -la prórroga de la prisión preventiva para el imputado por robo. Señaló que hoy presentará un escrito similar ante la Suprema Corte de Justicia y agregó que evalúa iniciar una reclamo civil por responsabilidad del Estado. “Eso es muy prematuro, por lo que prefiero no hacer declaraciones”, concluyó.

Paysandú: tribunal ordenó a jueza que habilite pruebas de la defensa

Un fallo del Tribunal de Apelaciones podría generar jurisprudencia. Y también transformarse en una cuña en la reciente polémica entre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay sobre si corresponde que, después de la acusación, los fiscales conozcan las pruebas que manejan los defensores.

En un proceso sobre un caso de presuntos abusos sexuales ocurrido en Paysandú, el abogado Sergio Vidal Castro propuso una serie de testigos y un careo que probarían, durante el juicio oral, que su defendido nunca quedó solo con la víctima.

El fiscal Joaquín Suárez señaló que hay una “clara y manifiesta vulneración” al inciso 4 del artículo 268 del Código de Proceso Penal, ya que la Fiscalía no ha tenido acceso a lo declarado por los testigos propuestos por Vidal Castro. La jueza Gabriela Azpiroz coincidió con el fiscal.

En una reciente sentencia, el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno afirmó que si la defensa no anuncia sus pruebas para el juicio oral deja en situación de “indefensión” a los imputados, porque no tiene los medios para investigar. Y agregó que la recolección de evidencias en forma administrativa antes del juicio es una potestad de la Fiscalía y no de la defensa.