El Tribunal de Apelaciones Civil de 1^er Turno confirmó una condena al Ministerio del Interior, que deberá indemnizar con más de $ 2.,6 millones a un sargento que fue sumariado y separado de su cargo por impartir cursos privados. La cartera hizo referencia al reciente fallecimiento de Fabricio Ríos, exdirigente del sindicato policial que murió en una de estas instancias tras un presunto accidente, pero la Justicia no hizo lugar a la apelación.

Hugo Alonzo, funcionario de la Guardia Republicana que llegó a oficiar como tutor en la Escuela de Policía, demandó por daños y perjuicios al Ministerio del Interior luego de haber sido sumariado con retención de sueldo y cambio de cargo. La cartera tomó esta resolución en respuesta a que Alonzo brindaba cursos a policías y civiles de forma particular.

El sargento planteó durante el juicio que se desempeñaba como docente de defensa personal de armas y tiro en la órbita privada desde 2009, según figura en sentencias a las que accedió El País. Según su relato, la administración de turno tenía conocimiento sobre esta actividad.

En julio de 2016 fue a realizar uno de sus cursos en Rivera que tendría una extensión de dos días. En medio de la primera jornada, funcionarios policiales se presentaron por orden del entonces director de la Policía Nacional, Mario Layera, con el objetivo de suspender esa instancia argumentando que no estaba habilitada por la cartera.

A raíz de este episodio se lo cesó de su función como tutor en la escuela policial, posición en la que llevaba tres años, trasladándolo a tareas de alimentación. Además, como consecuencia del sumario que comenzó en agosto de ese año y terminó en octubre de 2017, se le retuvo medio sueldo.

La defensa de Alonzo presentó recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que finalmente en 2019 decretó la nulidad de la resolución del Ministerio del Interior. A pesar de esto, según la versión del demandante, se continuó con "instigación y acoso", ya que nuevamente habrían intentado suspender un curso realizado en setiembre de 2019 en Maldonado.

A raíz de esto, y partiendo de la resolución del TCA a su favor, el sargento presentó la demanda en el Juzgado Civil. Entre sus reclamos, se encontraron daño moral por afección emocional y económica, afectación de la carrera administrativa, honorarios profesionales durante el proceso del TCA y lucro cesante, ya que asegura haber perdido dinero por una baja en la concurrencia a sus cursos. En total, el monto solicitado fue de $ 5.439.870.

El Ministerio del Interior planteó su respuesta, aunque sus argumentos no convencieron totalmente a la Justicia. Según su postura, existieron razones válidas como para sumariar al funcionario, ya que tenían dudas sobre una posible "conducta anti jurídica".

Además, señaló la existencia de una conjunción de intereses públicos y privados, ya que, según su criterio, Alonzo utilizaba su estatus de policía para atraer personas hacia los cursos de su empresa, Ceted.

Si bien el juez de primera instancia entendió excesivo el reclamo del demandante, falló a su favor, condenando al Ministerio del Interior a pagar $2.618.803.

"Se deberá valorar en el caso la existencia de daños y su nexo causal, para en caso que corresponda su reparación neutralizar los efectos económicos que no se obtienen con el fallo del TCA", se afirmó en la sentencia a la que accedió El País.

El juez de primera instancia corroboró que restaba indemnizar al sargento con parte de su sueldo retenido que no había sido devuelto, así como por afectaciones emocionales y laborales, que fueron constatadas por testigos durante el juicio.

"Más allá de que culminó todo, queda latente esa mancha en la carrera de él como docente. Los alumnos tenían miedo de ir presos", dijo uno de ellos y otro aseguró que, producto al señalamiento mediático que tuvo, pasó de tener cerca de 50 alumnos por curso a menos de 10.

La abogada de Alonzo, Ana Frontán, señaló a El País que el sargento tiene múltiples títulos y certificaciones de capacitaciones en el extranjero, además de haber participado de actividades oficiales en otros países de Latinoamérica —teniendo una placa de reconocimiento en el Ejército de Perú como instructor invitado.

"El Ministerio parece un cuerpo con muchas cabezas que no se escuchan entre sí. En 2011 una resolución reconocía que sus capacitaciones beneficiaban a la institución", dijo la abogada.

Foto: Fernando Ponzetto

Tras la resolución de primera instancia, la cartera apeló, aunque el Tribunal de Apelaciones Civil de 1^er Turno volvió a fallar en su contra. Los ministros Álvaro Messere, Beatriz Venturini y Ana Rivas, consideraron que los argumentos de la cartera fueron insuficientes frente a la evidencia presentada por la defensa de Alonzo.

Uno de los elementos agregados en su argumentación, fue el reciente fallecimiento de Fabricio Ríos, exdirigente del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), que murió en uno de los cursos dictados por la empresa Ceted, en el que Alonzo se encontraba como instructor. "Este suceso denota que las investigaciones llevadas adelante por el dicente tenían su razón de ser", señaló la cartera.

Según el Tribunal, la postura del Ministerio no había sido reprochar la peligrosidad de las actividades realizadas durante el curso, sino sus efectos posteriores y su presunta actuación sin autorización, por lo que el argumento del fallecimiento de Ríos durante las actividades fue desestimado.

Si bien en esta instancia se dio un nuevo intercambio de argumentos, que ratificó las posiciones presentadas por las partes durante el juicio, todo permaneció igual, ya que el fallo del Tribunal no hizo más que confirmar lo resuelto por el juez.