Redacción El País.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno sobreseyó al exdirector de la Guardia Republicana, Rovert Yroa, confirmaron a El País, fuentes judiciales. El fiscal de Delitos Complejos Gilberto Rodríguez había pedido se lo condenara a 18 meses de prisión por un delito de tráfico interno de armas. Pero antes de comenzar el juicio, sus abogados Juan Fagúndez y Daniel Piedra habían pedido se lo sobreseyera.
Desde un primer momento los abogados argumentaron que lo que había hecho Yroa no es considerado delito y que la normativa penal no sustentaba la acusación. La jueza del caso, Marcela Vargas, entendió que esto debía determinarse durante el juicio oral, pero los defensores apelaron la decisión.
Este jueves, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de Vargas y sobreseyó a Yroa. Entre varios argumentos, el Tribunal compartió que, al momento de los hechos, no era un delito la conducta presuntamente llevada adelante por el exdirector.
Fuentes judiciales señalaron a El País que la Fiscalía se encuentra estudiando el fallo y evaluando la posibilidad de interponer un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia tenga la última palabra.
¿Qué hizo?
La maniobra de la que fue protagonista se descubrió en 2016, mientras que Yroa era jefe de Policía en Colonia. Según información a la que pudieron llegar los investigadores, este proceder, que la Fiscalía consideraba ilícito, había comenzado a gestarse en el año 2008.
Todo se inició en el marco de una importación de armamento por parte del Ministerio del Interior, que fue autorizada a comprar 40 subfusiles, dos fusiles francotirador —rifle Élite— y 30 escopetas, según relataba la acusación fiscal.
A pesar de que la autorización mencionaba únicamente dos fusiles francotirador —por un costo de 3.470 euros de ese momento—, la investigación comprobó que existió un tercero en ser encargado y llegar a Uruguay.
Actualmente se determinó por distintas evidencias que ese rifle estuvo por varios años en posesión del exdirector.
Aunque este delito estaba prescripto, sí era perseguible penalmente el hecho de que en 2016 le vendió esa arma a un amigo, sin haber estado habilitado para ello, según Fiscalía.