PUERTO

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), máximo órgano jurisdiccional en litigios contra organismos del Estado, rechazó un recurso presentado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) contra dos decretos del gobierno referidos al acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie y al funcionamiento de la terminal especializada de contenedores.

La sentencia del TCA, fechada el 29 de septiembre pasado, considera que el sindicato portuario no tiene capacidad de iniciar una demanda contra decretos que reglamentan la operativa del puerto, lo que en derecho se conoce como falta de legitimación activa.

A juicio del tribunal, el sindicato portuario carece de un derecho legítimo como para presentar un recurso de nulidad contra los dos decretos que legitiman el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie y crean el Reglamento General de Atraques de los barcos portacontenedores, el que le da prioridad a la Terminal Cuenca del Plata /Katoen Natie ante otras firmas.

El sindicato presentó un recurso de nulidad contra los decretos 114/21 (establece que la terminal de contenedores será explotada por la Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie) y 115/21 (aprueba un Reglamento General de Atraques que la da prioridad a TCP antes que otras empresas que operan en el puerto) argumentando que dañan el derecho al trabajo.

Según la demanda del Supra, la aplicación de ambos decretos implica una “modificación” del régimen de gestión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Y agrega que el Reglamento General de Atraques establece un “monopolio” en favor de una sola empresa, Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie.“De esta forma se limitan los derechos de otros operadores portuarios, entre ellos de la empresa Montecon S.A., quienes hasta la fecha venían desempeñando su trabajo en el Puerto”, dice el gremio según el fallo del TCA.

Conjuntamente con la demanda, el sindicato solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que suspenda en forma transitoria la aplicación de ambos decretos del gobierno. Y afirma que los obreros de las empresas que operan contenedores en el puerto de Montevideo “no pueden” desarrollar su trabajo, en la medida que los consorcios que los emplean no recibirán ni expedirán cargas y pasado un tiempo solo podrán desarrollar su actividad cuando se supere el 85% de la capacidad anual de la terminal. El gremio concluye agregando que los decretos del gobierno causan “graves perjuicios” a los trabajadores.

El MTOP y la ANP se opusieron a la suspensión del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie. Y el TCA rechazó tal medida argumentando que los trabajadores portuarios “no se encuentran comprendidos” en los decretos del gobierno sobre el puerto.