Tribunal deberá responder si el juez Recarey "vulneró derechos" de consorcio del proyecto Neptuno en Arazatí

Aguas de Montevideo, al frente del proyecto Neptuno en Arazatí, intentó apelar la decisión del juez pero este lo impidió por considerar que "no son parte" en el proceso judicial.

Compartir esta noticia
Poder Judicial
Poder Judicial.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

La construcción de una nueva planta potabilizadora en el marco del Proyecto Neptunoen Arazatí está detenida debido a una resolución del juez Alejandro Recarey que sigue generando repercusiones. En los últimos días fue presentado un recurso por parte del consorcio Aguas de Montevideo, en el que un Tribunal de Apelaciones deberá responder si el magistrado "vulneró sus derechos" al no permitir que apelen la resolución.

El consorcio integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria y Comércio LTDA, presentó a través de su representante legal un escrito, luego de que el juez Recarey considerara que "no son parte" en el proceso judicial, rechazando su solicitud de apelar la resolución que obliga a OSE suspender la firma del contrato del proyecto.

Junto al recurso de queja por denegación de apelación adjuntaron un informe realizado por el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, que fue consultado sobre posibles irregularidades en el proceder del juez.

"En cualquier caso, debiera haberse permitido la comparecencia de las sociedades del Consorcio como terceros en el proceso de medidas provisionales", aseguró Campos, que es grado 5 de Derecho Procesal, en su análisis del caso, donde también defendió que tenían "legitimación para apelar la resolución judicial".

"Se vulneró el esencial derecho de defensa (...) debiéndose declarar por el Tribunal de Apelaciones actuante la referida nulidad y disponerse el pasaje del caso al juez subrogante", concluyó el abogado.

Las empresas involucradas argumentan que se vieron afectadas por las medidas judiciales debido a que fueron las que firmaron el contrato con OSE. Pereira Campo está de acuerdo con esto y calificó el accionar del juez Recarey como "ilegítimo", asegurando que "las sociedades del consorcio se vieron claramente afectadas", ya que "la orden judicial de no suscribir el contrato emitida contra una de las partes —el Estado— afecta a la otra parte de modo directo".

El escrito fue elevado al Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, que se espera que tome postura durante la próxima semana, cuando definirá si declara válido el planteo del consorcio o si reafirma la decisión de Recarey.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar