REGASIFICADORA

El abogado penalista Jorge Barrera, en representación del Directorio de UTE, presentará hoy en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado una denuncia penal para que se investiguen eventuales irregulares en las inversiones y gastos de la empresa Gas Sayago.

Según fuentes del ente energético, la denuncia elaborada por Barrera se basará en los resultados de una auditoría efectuada por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

Dicho informe confirmó que las pérdidas millonarias en la frustrada inversión para construir una regasificadora durante el gobierno de José Mujica ascendió a US$ 213 millones. Estas pérdidas, siempre según el documento de PwC, se financiaron con US$ 113 millones aportados por el Estado (UTE y Ancap) y con los US$ 100 millones obtenidos del pago de una garantía por incumplimiento de un contrato.

Según la auditoría, en los gastos de Gas Sayago se destacan pagos de salarios entre 2012 y 2018 por US$ 10 millones. Por concepto de consultorías se abonaron otros US$ 10 millones.

En forma paralela a UTE, el directorio de Ancap resolvió denunciar penalmente los gastos realizados por Gas Sayago. Así lo señaló a El País el vicepresidente de Ancap, Diego Durand. El jerarca dijo que la empresa pública aún no definió si se suma a la denuncia de UTE o si presenta un escrito en la Justicia por su cuenta.

En su resolución, el directorio de Ancap delegó en Durand, con la asistencia de la gerencia de Servicios Jurídicos del ente, acompañar a UTE en el proceso de denuncia ante la Fiscalía de los hechos detectados en el informe de PwC.

Consultado por El País, Durand dijo que la obra de la regasificadora en Puntas de Sayago fue un negocio que desde el inicio “le quedó grande” a la pasada administración. “Ni había a quién venderle producción de gas estimada si se concretaba la obra”, dijo el jerarca.

En horas pico, Uruguay consume 400.000 metros cúbicos de gas por día.

“Ancap pensaba llegar a utilizar un millón de metros cúbicos diarios. En tanto UTE iba por un consumo de 90 millones de metros cúbicos por día. Fueron objetivos imposibles, caprichosos y arbitrarios”, afirmó Durand.

Tras recordar que Argentina se había desligado del negocio, Durand dijo que mantener abierto a Gas Sayago fue una decisión política “discrecional” y “un temerario” uso de los dineros públicos.