POR RIESGO

MAITE BEER

Una mujer que vive en uno de los edificios linderos a donde ocurrió la explosión en Villa Biarritz realizó una denuncia el domingo pasado en la que alertó sobre el riesgo de vivir allí. “El fin de semana pasado escuchamos muchos estruendos”, contó a El País la mujer, e indicó que su edificio está teniendo “patologías” a causa del accidente que dejó dos muertos y 11 personas heridas.

La vecina explicó que a otra de las residentes del edificio contiguo se le rompió la eléctrica y a otros se les levantó el parqué del piso. “Vivimos al lado de un esqueleto con un pilar central salido del eje y tres planchadas desplomadas”, advirtió.

Luego de la denuncia presentada hace una semana, los Bomberos coordinaron una visita al edificio con funcionarios de seguridad edilicia de la Intendencia, señaló la denunciante. “Estamos rodeados de policías y no nos dan respuestas claras, la información es hermética y todos permanecen en silencio”, criticó la mujer. Además dijo que le resulta raro que, a tres meses del incidente, la Policía sigan controlando las cédulas a quienes viven en la zona.

La denuncia se da en un contexto conflictivo con respecto a la investigación sobre la explosión, que además de muertos y heridos, generó daños millonarios.

El miércoles pasado, la jueza Dolores Sánchez solicitó la reapertura del caso tras un pedido de las víctimas del hecho.

Las compañías de seguros y los familiares de algunos de los afectados fueron quienes a fines de setiembre solicitaron que se reabriera la investigación debido a discrepancias con el informe final de la Dirección Nacional de Bomberos, tras el que se determinó el cierre del caso.

Según indicó la vecina, los residentes del edificio que sufrió la explosión contrataron a peritos españoles y su informe “no cerraba por ningún lado”, pues no llegaba a las mismas conclusiones que Bomberos.

“Los bomberos afirman que se trató de una fuga de gas, pero es extraño que explote toda una manzana”, puntualizó la mujer.

El informe de Bomberos señalaba que hubo cuatro focos de explosión producto de que, días antes de la detonación, el medidor de gas presentaba irregularidades.

“Se constató fehacientemente la desconexión de una manguera, era una conexión de tipo artesanal que permitió la fuga”, explicó el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño.

Sin embargo, no fueron realizados los peritajes químicos solicitados a la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar) porque, según se argumentó, “no se cuenta con el equipamiento y los materiales adecuados para realizar los ensayos solicitados”.

En esta línea, la fiscal Sabrina Flores dictaminó el cierre del caso, aunque este se podía reabrir si el fiscal subrogante hiciera lugar al pedido de la jueza Sánchez. Dado que esto fue lo que sucedió, la Fiscalía tendrá 20 días para analizar el caso y tomar una decisión.

La duda de los residentes del edificio sobre el informe del cuerpo de Bomberos generó cierto malestar en el director de este organismo. “Para nosotros no significa nada porque la carpeta pericial ya está concluida”, dijo en diálogo con la prensa. Riaño aseguró que la conclusión a la que llegaron los peritos “es contundente” y tiene “datos objetivos y relevantes”.

“La vamos a respaldar (la pericia) hasta el último momento”, enfatizó el director. “Quienes tienen la carga de rebatir esa conclusión son los que opinan lo contrario. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, con nuestro trabajo profesional acorde al entrenamiento y la capacitación que tenemos”, agregó.