La fábrica de ticholos ubicada en Empalme Olmos impresiona. Tiene un enorme horno, cuyas dimensiones son difíciles de calcular desde la calle. Pero fácilmente supera los 50 metros de largo, unos 35 de ancho y la altura de un edificio de dos pisos.

Al frente del predio de varias hectáreas se encuentran una casa, donde vive el empresario imputado de matar a sus dos socios, y unas instalaciones donde los peones dejan sus autos. A poca distancia del inmenso horno está estacionado un viejo ómnibus desafectado de la empresa Coetc, devenido en oficinas.

Eran pasadas las 18 horas del jueves cuando se suscitó una discusión entre el empresario de 76 años y sus dos socios de 42 y 30 años.

La dispuesta supuestamente se originó en el reparto de las ganancias generadas por la fábrica de ticholos. En el ómnibus, había unos $ 2 millones de la recaudación.

Pasadas las 18:30 horas, la seccional 7ma recibió un llamado de uno de los funcionarios de la fábrica de ticholos señalando que había escuchado una fuerte discusión dentro del ómnibus que oficiaba de oficina. Luego los obreros se dirigieron a la fábrica y encendieron los motores. No oyeron las detonaciones.

Minutos más tarde, una de las víctimas llamó al 911 pidiendo auxilio. “Por favor, vengan a la fábrica de ticholos. Hay dos personas heridas”, dijo, según el audio en poder de la Fiscalía de Pando.

Desde el servicio 911 le preguntaron dónde quedaba la fábrica de ticholos. “Por favor vengan. Apuren, apuren que me va a matar”, dijo el herido, según pudo saber El País.

Luego se escucharon dos disparos. La conversación cesó.

Según dijo uno de los profesionales intervinientes en el caso a El País, una filmación muestra al empresario saliendo del ómnibus cargando el arma y volviendo a entrar para rematar al herido.

En la tarde de ayer se realizó en el Juzgado de Pando, cuyo titular es el juez Duvi Teixidor, la audiencia de control de detención del empresario imputado.

Según relataron las fiscales de Pando, Raquel Castellaro y Katia Aviles, al juez Teixidor, los funcionarios policiales se entrevistaron con uno de los empleados que relató que había escuchado una discusión entre los socios. Los policías ingresaron al ómnibus y encontraron a los hombres muertos y con abundante sangrado.

Los agentes salieron del ómnibus y observaron al empresario que “estaba en situación sospechosa” en el portón principal del predio, relataron las fiscales al juez Teixidor en la audiencia.

El empresario declaró a los policías que había tenido una discusión de elevado tono con sus socios y que por eso les había disparado con un arma de fuego.

Luego también agregó que se había descartado del arma en el frente de la fábrica.

En el Juzgado, una de las fiscales confirmó a El País que uno de los socios heridos logró llamar al servicio 911 solicitando auxilio.

“También se recibió un llamado al servicio 911 por parte del imputado”, agregó sin dar más detalles.

En la audiencia, el juez Teixidor preguntó al detenido sus profesión. “Soy propietario de la fábrica de ticholos. También soy jubilado”, dijo. Y posteriormente, las fiscales solicitaron al magistrado la prórroga de la detención del empresario.

Las fiscales explicaron al juez Teixidor, y a los abogados del imputado y de una de las familias de las víctimas, que faltan pruebas para diligenciar, como ser declaraciones de testigos, autopsias de los fallecidos, informes forenses y registros del celular del imputado.

Los abogados del empresario, Federico Ravera y Fernando Silveira, no se opusieron a la medida. Tampoco lo hizo el abogado de la familia de una de las víctimas, Gabriel Franco.

Una de las pericias clave para la Fiscalía fue la realizada ayer por peritos de Canelones al imputado sobre su estado de salud.

El empresario señaló a los peritos forenses que sufre algunos síntomas del mal de Parkinson.

A las 22 horas de ayer comenzó en el Juzgado de Pando la audiencia de la formalización de la investigación contra el empresario por los dos delitos de homicidio. No trascendió si la Fiscalía solicitó o no algún agravante.

Según uno de los abogados de la causa, a la investigación de la Fiscalía todavía le faltan elementos como para ir a un juicio penal. De todas formas, dijo, las fiscales Castellaro y Aviles han aportado al expediente penal bastante evidencias sobre los hechos ocurridos en la fábrica de ticholos.

Por su parte, el empresario imputado prefirió ampararse en su derecho a no declarar ante la Fiscalía.

Antes de la audiencia, las fiscales Castellaro y Aviles estaban dispuestas a pedir la formalización de la investigación contra el imputado por el doble homicidio, ya que entendían que contaban con suficientes elementos.

Castellaro y Aviles informaron a las defensas, también, que consideraban que dicha formalización de la investigación debía ir acompañada por una medida de prisión preventiva para el presunto homicida.

Antes de la audiencia, la defensa del imputado trasmitió a su vez a la Fiscalía que aspiraba a que la prisión preventiva se efectivizara en el domicilio del imputado, atendiendo a que tiene más de 70 años, carece de antecedentes penales y enfrenta problemas de salud.

Según la defensa del empresario, los exámenes médicos le dieron mal algunos guarismos y deberá realizarse una fibrocolonoscopía para determinar si sufre o no una dolencia en el colon o en el intestino. Esto se suma al párkinson.

Al cierre de esta edición, continuaba la audiencia de formalización de la investigación contra el empresario en el Juzgado Penal de Pando.