Redacción El País
Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, solicitó el procesamiento del subcomisario Ricardo Zabala por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, uno de los casos más emblemáticos que dejó la dictadura en Uruguay.

Cecilia Fontana murió en 1978 envenenada tras beber de una botella de vino contaminada que había sido dirigida a Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereyra y a su esposo Mario Heber, todos integrantes de la dirigencia del Partido Nacional. Cada botella, envuelta en papel azul, tenía una tarjeta con una leyenda: “El jueves 31 brindaremos por la Patria, en su nueva etapa MDN”. Las botellas se repartieron, pero solo Fontana probó el vino en su casa, ya que el resto desconfió del mensaje. La dosis elevada del veneno causó su muerte.

Tras años de investigación, Perciballe solicitó el procesamiento del subcomisario, informó El Observador y confirmó El País con fuentes del caso. El pedido del fiscal señala que Zabala "resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno".

Lo señala por haber formado "parte del grupo de conjurados que premeditadamente, orquestaron la remisión de las botellas con veneno hacia tres reconocidos opositores políticos al régimen dictatorial" y subraya que esta entrega resultó en la muerte de Fontana, pero que "pudieron haber corrido igual suerte los destinatarios de las otras botellas y aún a quienes estos convidaran con la bebida".

La prueba más fuerte para acusar a Zabala como el responsable de esta entrega, está en la presencia de sus huellas dactilares en las botellas, un hecho que se conoció diez años después del crimen y que fue clave para reconstruirlo cuando la jueza Silvia Urioste dispuso nuevos peritajes para dar con el autor material.

En respuesta, la defensa de Zabala interpuso un recurso de inconstitucionalidad, lo que deja en pausa el proceso hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

El caso se retomó inicialmente en 2006 a raíz de una denuncia de Carlos Julio Pereyra, y en 2010 una pericia caligráfica determinó que la leyenda que acompañaba las botellas había sido escrita por María Lemos, una funcionaria policial que en dictadura trabajó en la división de Inteligencia, lo que abría otra línea de investigación.

Pero tiempo después, otra pericia realizada por el oficial Washington Curbelo determinó que Lemos no había sido la autora de los textos.

Meses atrás, cuando a Perciballe se le consultó qué cambió en el caso para poder detectar a los responsables, el fiscal dijo que “la tecnología fue lo que permitió que se avance en varios aspectos de la investigación”.