El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz pidió información al Ministerio de Salud Pública respecto a un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2007 que le dio un marco jurídico a un sistema de seguros que funciona en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

El magistrado indaga ese decreto en el marco de la causa que investiga la actuación del abogado Gonzalo Fernández, quien en el gobierno pasado fue secretario de la Presidencia y posteriormente ministro.

Según una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle, el Poder Ejecutivo, con el decreto en cuestión, favoreció indirectamente al SMU, institución que es clienta del estudio jurídico de Fernández.

A su vez, en el mismo expediente, el juez Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe investigan la actuación de Fernández en la derogación del delito por el cual fueron procesados en 2002 los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, lo que motivó la clausura del caso.

El estudio de Fernández representa a Domingo Ratti, un ex gerente del Banco de Montevideo enjuiciado junto a los ex banqueros.

A mediados de abril, la Suprema Corte de Justicia dispuso que más allá de la derogación del delito por el que habían sido procesados, el juicio contra los hermanos Peirano debe seguir ya que luego la Fiscalía los acusó por otro ilícito.