Bonomi dijo que se usó para el caso del narco; situación generó polémica a nivel político.

La Suprema Corte de Justicia confirmó ayer que los jueces penales no cuentan con las firmas digitales que les permitan ordenar escuchas telefónicas a través del sistema de vigilancia electrónica conocido como "El Guardián". Sin embargo, el 29 de abril el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que se había usado "El Guardián" en la investigación al narco mexicano Gerardo González Valencia. "Oficialmente, para todos los casos, ‘El Guardián’ será usado a partir del lunes que viene (por el 2 de mayo). Ahí (el caso del narco mexicano) fue un uso puntual y nada más", expresó el 29 de abril a Subrayado.

El País publicó ayer que "El Guardián" se utilizó sin que los jueces de Crimen Organizado do que actuaron en este caso, Adriana de los Santos y Néstor Valetti, tuvieran la firma electrónica que, según dijo el Ministerio del Interior en el Parlamento, es imprescindible para poner en funcionamiento el software.

El comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia divulgado ayer señala: "Resulta imperioso aclarar que los jueces no están operando la aplicación denominada Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), que les permitirá ordenar la interceptación de comunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de lo ordenado. Como se recordará, el uso de la referida aplicación fue acordado mediante un memorando de entendimiento suscrito por la Suprema Corte y el Ministerio del Interior en el mes de diciembre del pasado año, pero aún no está operativo".

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La investigación que terminó con la captura del narco y de otras seis personas, comenzó hace un año. En el ínterin, la Justicia autorizó escuchas telefónicas siguiendo los métodos convencionales (oficios escritos por la Policía y autorizados por el juez del caso luego de la vista fiscal). Es decir, no se usó un sistema de autorización con una firma digital del magistrado actuante.

El comunicado de la Corte subraya que la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana de los Santos, así como los demás jueces intervinientes en el asunto (Valetti, Ruibal) autorizaron, a requerimiento de la Fiscalía, "la totalidad de las escuchas telefónicas" cuyas transcripciones y audios se encuentran agregadas como prueba al expediente en curso.

El Poder Judicial advierte que ninguno de esos medios probatorios utilizados por la jueza De los Santos y la fiscal María Camiño para dictar el auto de procesamiento del narco y de otras seis personas "fue impugnado" por las partes.

Agrega que la orden de autorización de las escuchas telefónicas en la investigación del narco mexicano, fue librada por la jueza De los Santos en el marco de lo establecido por el artículo 5 de la ley 18.494.

Esta norma, que se refiere a las vigilancias electrónicas, establece que "en la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento", así como las normas aplicables de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional (ONU, 15 de noviembre de 2000).

En la parte final del comunicado, la Corte señala que la aplicación de los jueces del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) es "independiente del sistema de colección de datos (El Guardián)". Ello confirma, segunda vez, que la vigilancia electrónica al narco mexicano con "El Guardián" se realizó sin una firma digital de un juez. Sí hubo órdenes judiciales para interceptar los teléfonos del delincuente mediante los sistemas convencionales.

El 30 de junio del año pasado, el ministro Bonomi concurrió a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana del Senado tras una solicitud del senador del MPP Ernesto Agazzi. El objetivo de esa citación era que Bonomi explicara el funcionamiento de "El Guardián", entre otros temas. Luego de preguntas del senador blanco Javier García sobre el archivo del material recolectado en las escuchas y del eventual mal uso de esa información por parte de particulares, Bonomi enumeró los procesos del sistema de escuchas "El Guardián".

"Una vez centralizado el procedimiento, el que solicita la escucha tiene que hacerlo ante la mesa de El Guardián; esta analiza si hay elementos para la escucha y, si los hay, le da vista al fiscal. Si el fiscal considera que los hay, pasa al juez; en caso contrario, la rechazará y no habrá posibilidad de escucha", explicó el ministro en el Parlamento.

Bonomi agregó: "Si el fiscal lo pasa ante el juez, y este entiende que corresponde la escucha y la autoriza con firma electrónica, va derecho a la empresa telefónica que hace la interceptación con la firma electrónica del juez, que es mucha más garantía que la firma del juez actual. A partir de ahí proceden las escuchas".

En otro tramo de su intervención, Bonomi dijo: "Entonces (con El Guardián) no pueden escuchar otra cosa más que lo que autorizó el juez. (...) Si no está esa firma electrónica, El Guardián no funciona".

En esa sesión, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo que "la mayor garantía" que tiene la cartera sobre "El Guardián" es que no será utilizado en la violación de los derechos humanos porque es una herramienta informática que "funciona únicamente por orden judicial. Eso debe quedar claro". Según Carrera, los jueces tienen la potestad de establecer las auditorías que deberán instrumentarse para dotar de mayor confiabilidad a la herramienta y desalentar comportamientos ilícitos. "Esto (El Guardián) funciona en base a un sistema electrónico que debe contar con la firma de un juez, que es el que da la orden para que se inicie el procedimiento. Por lo tanto, hay que capacitar a los jueces y a los fiscales en este sistema", agregó.

Los senadores Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) y Javier García (Espacio 40) citarán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión de Seguridad del Senado para que expliquen si está funcionando o no el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), que es independiente del sistema de recolección de datos del Ministerio del Interior conocido como "El Guardián".

Bordaberry recordó a El País que la Corte señaló, en un comunicado de prensa, que no se está usando el protocolo firmado con el Ministerio del Interior para realizar escuchas telefónicas. "Sin embargo, el Ministerio del Interior afirmó que éste sí se había usado en un caso puntual. Queremos que la Corte nos brinde información sobre si ello ocurrió o no. A partir de ahí decidiremos si citaremos al Ministerio del Interior para saber cómo es el procedimiento de escuchas que se está aplicando", dijo Bordaberry. "Aparentemente se está usando el mecanismo por fuera del convenio", advirtió el parlamentario colorado.

En la mañana de ayer, el senador García tuiteó: "Todo lo referido a El Guardián es muy turbio. En su momento lo advertimos. La Justicia reaccionó, no lo había hecho. No hay garantías".

El parlamentario blanco dijo a El País que el sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior "no brinda" garantías de protección de los derechos humanos de las personas de bien. "Tampoco está claro todo el proceso" de escuchas telefónicas del narco mexicano Gerardo González Valencia, agregó.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que el funcionamiento de "El Guardián" debe brindar garantías para la ciudadanía.

"Se debe lograr un equilibrio de este instrumento para esclarecer hechos ilícitos y los derechos de las personas", expresó Mieres. Agregó que debería haber un contralor externo on line sobre el funcionamiento del mecanismo "El Guardián".

GARANTÍAS PARA TODOSEDUARDO BARRENECHE