Uruguay está ingresando a una etapa nueva con la construcción de una cárcel que será en parte gestionada por privados, una decisión que es bien vista a priori por los entendidos en el sistema carcelario que consideran que contribuirá a descongestionar los establecimientos y a reducir costos para el Estado.

Se trata de una innovación en materia de gestión carcelaria de la que no hay precedentes en el Uruguay y a la que se llega luego de que el Frente Amplio revisara sus objeciones ideológicas. Durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), el diputado blanco Jaime Trobo propuso esta alternativa, basado en varios ejemplos chilenos. La reiteró en 2006, con el Frente Amplio en el gobierno. Pero el entonces ministro del Interior, José Díaz, respondió que el modelo de gestión privada en cárceles no se correspondía con una visión de izquierda. Contaba con el apoyo de la varios de los sectores de izquierda.

Pero todo eso quedó atrás. La cárcel, en Punta de Rieles, costará US$ 97 millones y estará conformada por 25 edificios distribuidos en un área de 42.000 metros cuadrados y tendrá 1.860 plazas, a las que se sumarán otras 100 que estarán en el Edificio de Admisión y Clasificación.

El proyecto, que quedó esta semana pronto para comenzar, fue adjudicado a las empresas Teyma Abengoa, Instalaciones Inabensa y Goddard Catering. Por cada preso, el consorcio recibirá $ 558 al día (que se ajustarán por la inflación) durante 27 años y medio. Por día, si todas las plazas están ocupadas, la empresa recibirá algo más de un millón de pesos.

El concesionario deberá hacerse cargo de todo lo vinculado al alojamiento y la alimentación de los presos, al igual que de la limpieza de la cárcel. El modelo que adoptará Uruguay se diferenciará del de otros países porque el Estado seguirá haciéndose cargo de la seguridad.

Jorge Ruibal, que hasta la semana pasada fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, dijo a El País que si bien "nunca hubo una experiencia de este tipo en Uruguay, si se cumple con la obligación legal de que los jueces visiten las cárceles no debería haber ningún problema".

En el mundo, los críticos del sistema sostienen que los privados no fomentan la rehabilitación en el establecimiento penitenciario porque su negocio es mantenerlo colmado de reclusos, dado que cobran por cada uno de ellos.

Para Ruibal el sistema de pago por cada preso no constituirá un incentivo para que los privados busquen incrementar la cantidad de presos. "No se me ocurre cómo podría pasar eso. Lo importante es que la construcción se haga con el control de los institutos encargados de la rehabilitación y no del privado", comentó Ruibal.

"Con la muy buena gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación de a poco se va reduciendo el hacinamiento que ya no es tan acuciante, aunque faltan todavía dos años para la terminación de la nueva cárcel. La cárcel de Canelones todavía está mal, como Santiago Vázquez. Pero con la nueva cárcel y el nuevo Código del Proceso Penal (que se aplicará a partir de 2017), que permitirá que los procesados esperen en libertad los fallos, debería bajar el hacinamiento", consideró.

En Uruguay, había al cierre de 2013 unos 9.770 presos.

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Daisy Tourné, exministra del Interior que ocupará la banca en el Senado del intendente electo Daniel Martínez, dijo que "hay que ver cómo resulta esto en la práctica, en el mundo hay buenas y malas experiencias". "Escuché decir al ministro (Eduardo Bonomi) cosas muy interesantes de que los reclusos podrían estudiar y trabajar; es una experiencia a evaluar, veremos".

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De todas formas, Tourné considera que Uruguay debe adecuar su sistema de prisión preventiva por el que, recordó, ha sido observado por organismos internacionales y que es "casi abusiva, porque el 60% de los reclusos no tiene condena". "Las soluciones no son únicas, tienen que ser integrales, hay que hacer muchas cosas más porque no podemos seguir metiendo más y más presos", consideró. Y advirtió que en la discusión del nuevo Código Penal "arrancamos de cero porque se trató en la anterior legislatura, pero en la actual no se empezó a tratar", señaló.

Afuera de fronteras algunos países han llevado más lejos la experiencia de involucrar al sector privado en las cárceles. En Estados Unidos, por ejemplo, se fundó en 1983 Corrections Corporation of America (CCA) que apuntaba al ahorro de costos. En 1984 se le adjudicó la primera cárcel que una empresa privada gestionó en ese país: el correccional del condado de Hamilton, en el estado de Tennessee. Actualmente cuenta con 16.750 empleados y administra 67 instalaciones en las que hay 92.500 camas. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York. La empresa ha sido objeto de críticas y en 2012 se produjo un importante motín en uno de sus establecimientos ubicado en el estado de Mississippi en el que hubo 16 heridos. Este grupo, junto con otro denominado GEO, dominan el 80% del mercado de las cárceles privadas en Estados Unidos.

En 2011 había 1,5 millones de presos en Estados Unidos, de los cuales 131.000 estaban recluidos en cárceles privadas. Las empresas privadas han sido acusadas de presionar para que se endurezcan las penas contra los inmigrantes y minorías étnicas por hechos menores y así aumentar la población carcelaria. Las detenciones de inmigrantes se incrementaron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York.

Estas empresas han hecho donaciones a las campañas electorales de influyentes legisladores tanto republicanos como demócratas y hacen "lobby" sobre el Congreso.

En Europa, ese mismo modelo se implantó por primera vez en la región de Yorkshire (Inglaterra), en 1992, en la prisión HMP Wolds. Allí se busca rehabilitar a los delincuentes y prepararlos para volver a la sociedad. El modelo también se aplica en Holanda.

En América, hay cárceles con gestión privada en Brasil y Chile. En Australia y Nueva Zelanda entre el 10% y el 20% de los reclusos están en cárceles privadas.

consorcio se encargará de alimentación e higiene y el Estado de la seguridad