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Los sectores del Frente Amplio y el Partido Nacional que apoyaron su creación, están expectantes con el funcionamiento del registro de antecedentes de menores infractores. Confían en que le dé herramientas al juez y que aquellos delincan menos.

A propuesta del Frente Amplio tras superar sus desavenencias internas, y con el apoyo de Alianza Nacional y del sector del diputado Pablo Abdala, una ley sancionada el 6 de julio modificó los artículos 116 y 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) estableciendo que los antecedentes penales de los menores de edad se mantendrán por dos años luego de cumplidos los 18 años para cinco delitos graves: violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio.

El resto del Partido Nacional (Unidad Nacional, UNA) y el Partido Colorado pretendían que los antecedentes se mantuvieran permanentemente, pero su posición no prosperó.

Incluso, la iniciativa de reforma constitucional promovida por los colorados y con respaldo de UNA por la que se baja la edad de imputabilidad penal de los menores a 16 años, también promueve la mantención sin fecha de los antecedentes de los menores en conflicto con la ley.

La reforma del CNA dispuso entonces la creación de un Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que comenzará a funcionar en esta jornada.

Los jueces de menores podrán echar mano a esos antecedentes a la hora de juzgar a un infractor.

EXPECTATIVA. En lo político no hay tantas dudas sobre la efectividad de la medida como entre los jueces penales y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, filosóficamente opuesto a mantener los antecedentes dado que sostuvo a El País que los menores por definición son inimputables.

El diputado Julio Bango (PS) confía en que el mecanismo funcione con la efectividad con que sus proponentes lo idearon. "Más allá de que al inicio fuimos muy críticos con esta medida, luego encontramos una solución de consenso en el Frente Amplio para impulsar el pasaje de los antecedentes a la etapa adulta", afirmó el legislador a El País.

"Lo cierto es que está bien que se tengan en cuenta los antecedentes en el caso de los delitos más graves", añadió.

El registro para los antecedentes de los menores "está muy bien", porque "ya era hora que se implementara", indicó Bango.

Otro de los que apoyó el cambio fue el nacionalista Abdala, aunque quería conservar indefinidamente los legajos para el caso de los delitos graves. El diputado considera que esto "es mejor que lo que había", que era la destrucción de los antecedentes. Más allá de eso, admitió que tiene "muchas expectativas" de que la medida sea de utilidad.

"Va a implicar un cambio cualitativo a la hora de enfrentar la delincuencia juvenil. Esa era una de las demandas de los magistrados judiciales. Esto le dará garantías al sistema", declaró Abdala a El País.

Afirmó que la legislación uruguaya era la más antigua en cuanto disponía la destrucción de los antecedentes, y recordó que las normas internacionales sobre el derecho de los menores contemplan la posibilidad de mantenerlos a la hora de juzgar futuros delitos. "Desde ese punto de vista estábamos muy fuera de la realidad", sostuvo el nacionalista.

Quien tuvo participación en la negociación en el Parlamento el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini, dijo a El País que el registro nacional será una "muy buena herramienta" para los jueces de menores porque ahora podrán "calibrar la peligrosidad del menor infractor".