Pedido de Justicia al BCU abarca exjerarcas de gestiones de Sendic y Coya.

El 26 de julio pasado, la Justicia Especializada en Crimen Organizado inició una investigación patrimonial de todos los directores de Ancap, cuyas gestiones abarcaron entre los años 2010 y 2015.

El 19 de abril de 2016, los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron denuncias penales sobre eventuales casos de corrupción en Ancap.

Meses más tarde, abogados de la parte denunciante solicitaron el levantamiento de las cuentas bancarias de los expresidentes de Ancap, Raúl Sendic y José Coya y de todos los directores que integraron ambas administraciones. En septiembre de 2016, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu, autorizó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de todos los directores de Ancap y empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015.

A fines de julio de este año, la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) envió al sistema financiero una comunicación solicitando información sobre las cuentas bancarias de Sendic, Coya, Germán Riet y Juan Gómez (Frente Amplio; Carlos Camy (Partido Nacional) y Juan Justo Amaro (Partido Colorado).

La información pedida refiere a la existencia de cuentas corrientes, cajas de ahorro y cofre fort que posean los exjerarcas de Ancap, según señalaron a El País fuentes políticas y del caso.

De comprobarse su existencia se deberá informar los montos de dinero de las mismas.

El fiscal Luis Pacheco dijo a El País que hay un expediente reservado y que en el mismo se adoptaron medidas. Sin embargo, el representante del Ministerio Público declinó ayer hacer declaraciones sobre el contenido de las medidas que pidió a la jueza Larrieu.

El 17 de julio pasado, la magistrada señaló en un escrito que, dada la naturaleza de las medidas pedidas por Pacheco y con el propósito de evitar la desaparición o frustración de pruebas de supuestos ilícitos, se formara una pieza presumarial reservada.

Larrieu expresó que dicha pieza reservada será desglosada de las actuaciones documentadas en fojas 1.556 a 1.557 del expediente donde se investiga la gestión de Ancap durante el gobierno del Frente Amplio.

"Las medidas probatorias solicitadas por el fiscal Pacheco tratan sobre todos los temas de investigación, entre ellos las tarjetas corporativas", dijo una fuente de la investigación a mediados de este año,

Fuentes del caso y políticas confirmaron ayer a El País que la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo solicitó información financiera sobre las cuentas de los exjerarcas del ente.

Allegados a Sendic informaron que el vicepresidente ofreció a la Justicia el levantamiento de su secreto bancario porque "no tiene nada para ocultar" y "ningún inconveniente" en que se analicen sus estados contables-financieros.

"A poco de comenzar este período se empezó a instalar un relato de lo que había ocurrido en Ancap, incluso ese relato acompañado por algunos compañeros del gobierno", dijo Sendic a la radio M24 en una reciente entrevista. Enseguida agregó: "La oposición quiso instalar aquí un escándalo del estilo Petrobras uruguayo".

Tras advertir que desde un principio él estuvo de acuerdo con crear la comisión investigadora, Sendic expresó que algunas de estas asesoras "se convierten en un verdadero circo" como pasó con la de Ancap.

El vicepresidente señaló que "a lo largo de estos dos años, a pesar de lo que se ha dicho de Ancap, no se ha encontrado ningún delito", pero "ningún miembro de la oposición ha reconocido esto. Al contrario", añadió, diciendo que han seguido alentado la idea de que hubo "delito" y "corrupción" en el ente.

"Cuando llegamos (a Ancap) las inversiones habían sido de US$ 12 millones y nosotros multiplicamos por 100 eso. No es fácil, tuvimos que pasar a un plan de inversiones" y ese plan "se hizo con endeudamiento. Quizá ese fue el error", explicó Sendic. "Después termina el Estado capitalizando US$ 600 millones. Se tendría que haber capitalizado la empresa antes y no después", señaló. Y añadió: "No me quedo más callado. Tengo tranquilidad, no tengo necesidad de callar, pero hay elementos que están en la Justicia y el día que sea convocado y vaya contestaré lo que sea necesario contestar. Estoy tranquilo con la forma en que viene evolucionando el expediente en la Justicia".

El 19 de abril de 2016, la Justicia de Crimen Organizado recibió las denuncias de los partidos de la oposición sobre la gestión de Ancap bajo gobiernos del Frente Amplio. Fueron presentadas 22 carpetas: seis por el Partidos Nacional; cuatro por el Partido Colorado; seis por el Partido Independiente y seis por Unidad Popular. La denuncia relativa a un presunto delito de infracción aduanera cometido por Ancap también es investigada por la sede de Crimen Organizado.

En el capítulo sobre la agencia de publicidad La Diez, contratación cuestionada por la oposición, se pide investigar ese procedimiento en los documentos presentados por blancos, colorados y Unidad Popular. La carpeta sobre Trafigura, un negocio de intermediación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa cuestionada por corrupción, que le permitió a esta ganar decenas de millones de dólares, forma parte de la denuncia de blancos y Unidad Popular.

En cuanto al funcionamiento de las plantas de cal, los cuatro partidos de la oposición coinciden en que debe investigarse la contratación de camiones brasileños.

Un quinto capítulo que piden investigar blancos, independientes y Unidad Popular es el contrato de Ancap con la Armada Nacional para la construcción de un remolcador y dos barcazas a un costo de US$ 12,5 millones.

EDUARDO BARRENECHE

AVANZA INVESTIGACIÓN SOBRE ANCAPEDUARDO BARRENECHE