PROTECCIÓN DE GÉNERO

Reforma el Código Penal creando el “abuso sexual” y una oficina especializada.

DANIEL ISGLEAS

El Senado aprobó por unanimidad una ley para garantizar el derecho de las mujeres de todas las edades, incluidas las mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o situación de discapacidad, a vivir sin soportar actos de violencia basada en género. Los partidos coincidieron en que esta iniciativa es un comienzo en el buen camino.

El proyecto de ley, que aún debe ser analizado y discutido en Diputados, crea organismos para atender la violencia de género, fija medidas de protección para las denunciantes y reforma el Código Penal creando el delito de abuso sexual, el abuso especialmente agravado, y deroga un artículo que permite que actualmente los jueces eximan de culpa a un homicida que mata a su pareja al encontrarla siéndole infiel.

De acuerdo con la iniciativa, la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, sicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres.

Una de las definiciones del proyecto señala que el Estado "debe promover la eliminación de las relaciones de dominación sustentadas en estereotipos socioculturales de inferioridad o subordinación de las mujeres".

El proyecto atiende varios tipos de violencia contra las mujeres: física, sexual, sicológica, por prejuicio sobre la orientación sexual, económica, patrimonial, violencia simbólica, obstétrica, laboral, el acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática, doméstica, violencia femicida, violencia comunitaria y violencia institucional.

Por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual la iniciativa la describe como toda acción que implique la vulneración del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio y de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada y la trata sexual".

Violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género es aquella que tiene como objetivo "reprimir y sancionar a quienes no cumplen las normas tradicionales de género", señala la ley.

En cuanto a la violencia patrimonial, se la define como toda conducta dirigida a afectar la libre disposición del patrimonio de una mujer "mediante la sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación o retención de objetos, documentos personales, instrumentos de trabajo, bienes, valores y derechos patrimoniales".

Acerca de la violencia laboral, la ley la establece como la ejercida en el contexto laboral, por medio de actos que obstaculizan el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, el sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos", entre otros elementos.

Así, el acoso sexual callejero es "todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación".

La violencia política ocurre cuando se presiona o se hostiga a una mujer en su condición de candidata, electa o en ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad.

La iniciativa establece la forma de comportamiento en los centros educativos. Así, se prohíbe específicamente toda discriminación hacia estudiantes, personal docente y no docente, basada en su orientación sexual o identidad de género. "Las personas trans, cualquiera sea su edad, cargo, función o participación en el centro educativo, tendrán derecho a ingresar al mismo con el atuendo característico del género con el que se identifica, y a manifestar, sin discriminación y en igualdad de derechos, su identidad de género", dice el texto.

En el caso de la salud, se establece la obligatoriedad de erradicar "las prácticas sustentadas en estereotipos discriminatorios para las mujeres y adoptar medidas para garantizar el respeto de la autonomía, la libre determinación y la dignidad humana de las mujeres, sin distinción por motivos de edad, orientación sexual o identidad de género, situación de discapacidad, origen étnico racial, creencias religiosas entre otros factores".

Y también "garantizar la confidencialidad y el respeto por la vida privada de las mujeres de todas las edades en todos los servicios de salud", y promover "la protocolización de las intervenciones respecto de personas intersexuales".

Se plantean medidas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el sector público como en el privado, en particular "el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por sexo, edad, situación de discapacidad, estado civil o maternidad".

El proyecto de ley aprobado en el Senado y que pasará a consideración de la Cámara de Diputados no solo crea delitos nuevos como el abuso sexual, sino que redefine la concepción de los actos violentos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser tales. De esta forma la iniciativa parlamentaria amplía y profundiza el concepto de violencia de género en la mayor parte de los ámbitos.

"Muchas formas de violencia se consideran parte del diario vivir y muchas veces no nos alarmamos"; esas formas "están estimuladas por condiciones sociales que propenden al ejercicio de la violencia intrafamiliar especialmente contra mujeres y niñas".

"¿Cuántas de nosotras hemos debido pasar alguna vez algún tipo de violencia? No nos definimos como feministas pero sí creemos en el derecho de igualdad de oportunidades. Esta es una buena ley, pero es solamente el comienzo de la igualdad".

"¿Cómo no estar de acuerdo con una ley de este tipo? ¿Cómo no compartir sus postulados? Pero hay que tener en cuenta que a la ley le falta ir más al campo de la acción y concretar la efectividad de la defensa de los derechos que queremos proteger".