La contaminación del agua es un tema cada vez más presente en el debate público y la aprobación, la semana pasada, de una ley por amplia mayoría que modifica sustancialmente el marco normativo del riego, con la intención de incrementar la cantidad de represamientos para el uso agropecuario del elemento, puso en alerta a científicos y organizaciones ambientalistas que denuncian que se privatiza el recurso y que el incremento de los embalses puede generar graves problemas ambientales.

En 2004 se aprobó una reforma constitucional y el artículo 47 de la Carta Magna pasó a establecer que "las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico".

El diputado nacionalista por Rocha, Alejo Umpiérrez, participó activamente en la discusión de la ley y, si bien la considera incompleta, entiende que supone un avance importante para difundir el riego e incrementar fuertemente la productividad de varios sectores agropecuarios (ver nota aparte).

Una de las grandes novedades de la ley es que permite que participen como socios en sociedades de riego, aportando capital, actores que no son productores agropecuarios, incluso extranjeros. "El mecanismo de 1997 no había dado respuestas en términos de sistemas de riego concretados. Cuando se trató de hacer un análisis de cuál era la razón por la que los productores no estructuraban sociedades agropecuarias de riego, la razón era básicamente financiera por falta de capital inicial para una inversión que es muy importante y que tiene una amortización a largo plazo", explicó el legislador.

"Va a servir para incrementar la acumulación de agua de reserva de agua dulce que tiene el país el país. Se pierde por escurrimiento en dirección a los cursos naturales y al mar más del 40% de lo que se recibe del cielo. El 80% del riego se concentra hoy en el arroz", agregó. "Está demostrado que la frontera de crecimiento de los cultivos regados es infinitamente superior. Se duplica la producción de maíz, en la soja aumenta hasta 50% y en todos los granos al menos 30%. Eso supone levantar una restricción que tenemos a veces en materia de costos a través de la mejora de la productividad", consideró.

De la vereda de enfrente, la Red Amigos de la Tierra decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, adelantó su dirigente María Selva Ortiz. Sus objeciones se vinculan a la "propiedad" del agua y a aspectos ambientales.

"Va a haber un operador privado externo de riego que es quien va a ser el dueño de esa agua. Hoy tenemos problemas con nuestros recursos hídricos. Tenemos impactos del modelo productivo. Estamos teniendo niveles de fósforo y nitrógeno en nuestros cauces que están sobrepasando los niveles permitidos, generando problemas en la calidad del agua. Entendemos que impulsar el represamiento del agua, como está planteado para aumentar la productividad, es un problema porque hay estudios científicos que evidencian que el estancamiento del agua favorece la aparición de floraciones algales producto del aumento del fósforo y el nitrógeno", sostiene.

A su juicio, la iniciativa apunta a fomentar la producción de soja y arroz, dos cultivos fuertemente volcados a la exportación. El primero fue en 2016 el tercer producto exportado por Uruguay (10% del total), en tanto el arroz representó el 5%. La activista cree que ya no se está pudiendo controlar el impacto ambiental de estas producciones y será más difícil hacerlo en caso que se incremente fuertemente la cantidad de represas de productores. "Hoy todos los uruguayos están pagando lo que tiene que poner OSE porque cada vez el agua que recibe es de peor calidad y la potabilización le está saliendo más caro. Es una externalización de este modelo de agronegocio. Esos costos el modelo agropecuario no los está absorbiendo", cuestiona.

Por su lado, el activista Víctor Bachetta rechaza el argumento de que se debe evitar que se escurra tanta agua. "El concepto de que se pierde agua es equivocado. Es "productivista". No es cierto que el agua que corre y no tiene un fin productivo se pierde. El agua tiene un ciclo en la naturaleza. El agua para el consumo tiene que correr y tener su ciclo. El río Colorado (en Estados Unidos) llegaba a la frontera con México. Lo fueron cortando en el camino para el uso de ciudades y el uso de las actividades productivas", señaló.

Luis Aubriot es especialista en Limnología de la Facultad de Ciencias de la UdelaR. Su especialidad estudia los ecosistemas de agua dulce. El investigador es escéptico con respecto a la ley y denuncia que no se tuvo en cuenta la opinión de los especialistas en el proceso de discusión parlamentaria. "Se cortan los caudales ecológicos que son los caudales de agua necesarios para mantener el funcionamiento del ecosistema aguas abajo. No se respetó el caudal ecológico en la represa de Palmar en el río Negro y eso generó la muerte de toneladas de peces (el fenómeno se produjo este mes). Si no lo hace Palmar; ¿qué podemos esperar para pequeños embalses en todo el territorio que nadie los está mirando?", se preguntó.

"Alguien puede decir: tengo un embalse, largo agua porque me la compraron aguas abajo y hay otro productor al que le tengo que prohibir que saque agua porque esa agua tiene costo y el río es mío", razonó Aubriot.

Los docentes de la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias elaboraron un documento en el que advierten de los efectos de incrementar las represas. "Si el agua represada trae consigo una carga importante de nutrientes proveniente de la fertilización agrícola excesiva, como está sucediendo en varias zonas del país, se incrementarán los procesos de eutrofización en el embalse. Si recibe una alta carga de materia orgánica, al acumularse y descomponerse se puede agotar el oxígeno disuelto, afectando a la biota y a los valores estéticos (aspecto, olor) del ambiente, y liberando más nutrientes al medio. Estos factores aumentan el riesgo de que se desarrollen floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas. El país ya está sufriendo estos fenómenos en lagunas, embalses y ríos, algunos de los cuales sirven de fuente de agua potable.

Este riesgo se ve magnificado cuando los cursos de agua a embalsar se encuentran en cuencas particularmente fértiles y bajo una intensa actividad agrícola" sostiene.

María Selva Ortiz da un ejemplo. "En la cuenca del río Negro hay mortandad de vacas que van a abrevar a los embalses contaminados de Baygorria y de Palmar. Con el impacto instalado, revertirlo es muy difícil y muy caro", dice.

La senadora nacionalista Carol Aviaga pone reparos a la ley y la califica como "ley Aguerre", en alusión al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, que es productor arrocero y que la ha impulsado fuertemente. El diputado frenteamplista, Darío Pérez, la votó por disciplina partidaria, pero advirtió que se basa en análisis realizados por el Banco Mundial, que da muchas prerrogativas al Ministerio de Ganadería y que no toma en cuenta consideraciones de tipo ambiental. El representante del Partido Independiente, Iván Posada, entiende que la ley es necesaria para canalizar inversiones al riego (que incluye necesariamente canales, represas y maquinaria costosos).

Este año una consultoría encargada por el Ministerio de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente, señaló que no se han definido parámetros para determinar si la decena de acciones que se han instrumentado para mejorar los índices ambientales en el río Santa Lucía han sido efectivas. La activista María Selva Ortiz advierte que "una de las medidas para revertir la contaminación del Santa Lucía es que se respete el monte indígena y que los cultivos no lleguen al borde del río, y tenemos imágenes satelitales que muestran que se ha talado el monte indígena y los cultivos llegan hasta el borde del río. El gobierno no ha podido controlar las medidas que impuso", advirtió. Al aumentar la productividad y las áreas vamos a aumentar los fertilizantes y los herbicidas", avisa.