EN MARCHA

Varias leyes corren riesgo de ser puestas en práctica por falta de presupuesto; y hay cuatro proyectos sin aprobarse.

Pasaban cuarenta minutos de las cuatro de la tarde cuando la fábrica de camisas comenzó a arder. Adentro más de un centenar de mujeres reclamaban por mejores condiciones laborales, pero aquella lucha quiso ser callada por el incendio. Era marzo de 1911, en Nueva York. Por entonces, en Uruguay ya estaba aprobado el divorcio, sin embargo las mujeres no podían siquiera votar. Ha corrido mucha agua desde entonces y aunque el "fuego" se fue extinguiendo, aún persisten "focos" de desigualdad y de asesinatos por el simple hecho de ser mujer. De eso trata la marcha de hoy.

Como ocurre en las conmemoraciones, en las cuales más que el festejo vale la reflexión, este Día Internacional de la Mujer sirve para el balance. Desde el 8 de marzo del año pasado hasta hoy se han aprobado cinco leyes que hacen a los derechos de género. Y aun así varios de los pasajes de estos textos corren riesgo de ser una simple intención ante la escasez presupuestal.

Otros cuatro proyectos —entre ellos la paridad salarial, la trata de personas y la discriminación a la población trans— descansan en los cajones del Parlamento o son parte de dilatados debates en las comisiones legislativas.

Pero la frutilla de la torta, esa que hace llegar a este 8 de marzo con un sabor amargo, es que el Poder Judicial acaba de resolver la disolución de su oficina especializada en género. La unidad había surgido en 2011 como parte de un proyecto internacional. En 2015, la Suprema Corte de Justicia intentó que fuera una oficina propia, especializada en derechos humanos, género e infancia. Pero la iniciativa no prosperó cuando se votó el Presupuesto. Esta semana los integrantes de esta dependencia se enteraron que cerraría la unidad.

"La Corte no va a tener más grupos específicos; se trabajará en género en la escuela judicial o en otros lados", explicó Elena Martínez, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. "El diseño de las políticas tiene que pasar por otro lado".

Sin embargo, algunos colectivos feministas cuestionan la decisión. En particular dicen que Uruguay deja de cumplir con lo que aconsejan las convenciones internacionales.

A priori, el Poder Judicial descarta que la medida se deba a una razón económica. Eso no quiere decir que este poder esté en condiciones de garantizar los derechos vinculados a cuestiones de género.

Sin ir más lejos, la propia Martínez reconoció que "el Poder Judicial anunciará en la próxima Rendición de Cuentas qué necesidades tiene" para cumplir con las leyes vigentes; en especial con la ley Integral de Género aprobada el último diciembre. Una fuente de este poder lo resumió así: "Ya no podemos cumplir con la violencia doméstica, faltan tobilleras, mucho menos tenemos la cantidad de jueces, técnicos y lugares adecuados que pide la nueva ley".

El Poder Judicial es, dentro de los tres poderes del Estado, el más feminizado. De los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia, dos son mujeres. Hay paridad de género entre los ministros de los Tribunales de Apelaciones. Y ellas son mayoría (en una relación de siete a tres) en el resto de los roles (desde jueces comunes hasta funcionarios administrativos).

El 2017 había comenzado con una señal: el registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias, sujetas a que de no hacerlo tengan una retención de haberes. La realidad indica que seis de cada diez padres uruguayos que no conviven con sus hijos, no realizan los aportes correspondientes o lo hacen "ocasionalmente".

Aunque no es una normativa, este año uno de los reclamos se basa en la inequidad en los cuidados. El trabajo no remunerado de las mujeres significa la quinta parte del PIB. Y una de cada cuatro deja de estudiar o trabajar para cuidar a otras personas.

En agosto se aprobó la ley que obliga la instalación de salas de lactancia en todo organismo (público y privado) en el que trabajen o estudien 20 o más mujeres. Esta normativa está lejos de ser una realidad, aunque las instituciones mandatadas tienen tiempo hasta fines de mayo para hacerlo.

Dos meses después, ocurrió unos de los hitos del año, no exento de polémica: la introducción del femicidio como un agravante del homicidio. Quien mata a una mujer y tuvo un vínculo de "índole sexual" puede ser penado con hasta 30 años de cárcel. Pero la normativa no frenó la ola de asesinatos. Hubo 30 femicidios en todo 2017. Ya este 2018 van seis asesinatos a mujeres y otros seis intentos.

Sin ir al extremo del asesinato, 2017 cerró con un récord de denuncias por violencia doméstica. Hubo 39.083; una cada 14 minutos. Y algunos colectivos ya hablan de "epidemia".

Uruguay ocupa el quinto lugar de violencia doméstica en la región (ver página A6). La mitad de los asesinos convivían con sus víctimas y la casi totalidad de los femicidios (91%) se cometieron dentro de sus casas.

Sobre fin de año, además de la aprobación de la ley Integral de Género, se modificó la ley de cuotas. Esta vez se extendió la necesidad de una equidad en la representación de las listas al Senado, Diputados, Junta Departamental y Electoral.

En paralelo, el Pit-Cnt intentará incluir en la nueva ronda de salarios las cláusulas por días de cuidado a personas en situación "especial" y licencia por violencia doméstica.

Hace menos de dos semanas, el cardenal Daniel Sturla se reunió con representantes del colectivo feminista. El encuentro fue para limar asperezas vinculadas a unos dichos del religioso sobre que la "ideología de género" degrada a la familia. Ahora la Iglesia Católica emitió un comunicado en que declara "unirse al clamor por la dignidad" de las mujeres en su día.

"La incalculable contribución de las mujeres a la humanidad en todos los campos, a la par de los hombres, se ha dado muchas veces en condiciones de mayor adversidad y desventajas. Lo que lo hace aún más destacable", reza parte del comunicado, el que también condena enfáticamente los femicidios.

"Urge que se alcance la igualdad de los derechos y deberes que son propios de una sociedad democrática". El #8M trae también a Uruguay la visita de la rabina argentina Judith Nowominski. "Una rabina con todas las letras, no la esposa de un rabino", aclara. Su presencia se debe a una charla en la que explica la visión judía sobre la violencia de género. Uno de los relatos bíblicos, comenta, versa sobre el asesinato de una mujer en una colina, luego de haber sido violada por todo el pueblo. El amante de esa mujer, tras ver el horroroso hecho, divide el cuerpo en 12 partes y las envía a cada una de las tribus de Israel. "La idea fue enseñar el desastre que habían causado".

El Poder Ejecutivo anunció ayer que al menos unas 22 instituciones estatales están revisando sus prácticas laborales con respecto a la igualdad de género. En el marco de la presentación de la Estrategia Nacional por la Igualdad de Género, todos los ministerios expusieron sobre la temática y presentaron un documento aprobado en 2017 que explica los objetivos económicos, políticos, ambientales y sociales de cara a 2030.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, llamó a reflexionar sobre los avances y desafíos en el área. Por su parte, la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, señaló que "cuando hablamos de la lucha por la igualdad, hablamos de una lucha constante y persistente, porque todas las sociedades del mundo son desiguales".

Mazzotti subrayó que "nos duele la desigualdad entre mujeres y hombres, que está recogida en la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género que se presentó" como también las desigualdades de clase social, ascendencia étnico-racial y su condición de salud, por tener una discapacidad o según el territorio donde uno vive o por la edad.

El Poder Ejecutivo prepara un decreto en el que busca respaldar la Estrategia Nacional por la Igualdad de Género, anunciaron las autoridades ayer en el marco de la presentación.

Los hogares monoparentales de mujeres son los más pobres de todos, según datos que se desprenden de un estudio de 2016 denominado "Análisis de las desigualdades de género y su incidencia en la pobreza" del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El porcentaje de hogares monoparentales femeninos, es decir, de mujeres que viven solas es de un 12,3 mientras que el hogar extendido o compuesto es de un 11,8%. Por debajo se encuentran los hogares biparentales (7,8%), sin núcleo conyugal (6,1%), y monoparental masculino (4,9%).

Según releva el informe de 2016, "es de destacar el alto porcentaje de hogares monoparentales femeninos en condición de pobreza en el tramo de entre 14 y 24 y entre 25 y 29 años que ascienden a 88,4% y 72,1%, respectivamente".

En otro orden, agrega que "si bien hacia 2016 se ha asistido a una importante reducción de este porcentaje, aún se encuentra en valores sumamente elevados, 42,1% para los hogares con jefatura entre 14 y 24 años y 31,7% para aquellos con jefatura entre 25 y 29 años".

A su vez, se evidencia que los monoparentales y los extendidos y compuestos, son los hogares que registran el porcentaje de pobreza más alto, son los que presentan una menor disminución porcentual.