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El proyecto del gobierno de legalizar y regular la producción y venta de marihuana viola el tratado de la ONU sobre drogas, según advirtieron dos expresidentes de la Junta Nacional de Drogas y un experto en derecho internacional público.

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 y que se conoce como Convención de Viena, plantea cómo deben actuar los países para combatir y reprimir el negocio del narcotráfico.

La Convención de Viena prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la "producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica". Esto ya era sancionado en las Convenciones de 1961 y 1971.

Además, los países que suscribieron el tratado deben sancionar "el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes".

Por eso, para el abogado experto en derecho internacional Edison González Lapeyre el proyecto del gobierno para producir y vender hasta 30 gramos de marihuana por mes a consumidores registrados, es "contrario a la Convención internacional vigente para Uruguay".

El experto dijo a El País que el artículo 3° de la Convención de Viena es "lapidario". A su juicio, el proyecto del gobierno implica una "contradicción con toda la filosofía de la Convención, que promueve la coordinación entre los países en relación a la temática de la droga y eso es muy trascendente".

González Lapeyre explicó que en caso de que el proyecto se transforme en ley la imagen de Uruguay ante la ONU "no será de las más ejemplares". Aclaró, sin embargo, que el Estado no podrá ser sancionado porque el derecho internacional público no prevé acciones punitivas para estos casos.

Por su parte, el abogado Alberto Scavarelli, quien fue prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), dijo que no tiene dudas en cuanto a que si el proyecto es aprobado como se anuncia, Uruguay incurrirá en una "transgresión de la Convención de Viena".

Scavarelli, quien en su momento representó a Uruguay en eventos sobre drogas de la ONU y la OEA, dijo a El País que la posición que fija el tratado internacional está basada en "fundamentos técnicos".

El abogado se pronunció en contra del proyecto del gobierno. "Estos no son campos de experimentación social. Son temas científicos muy complejos que deben ser medidos con mucho cuidado en función de las condiciones que tenemos", opinó Scavarelli.

En tanto, su colega Leonardo Costa, quien ocupó la prosecretaría de la Presidencia y dirigió la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), afirmó que "en principio el proyecto tendría un problema con la Convención de Viena".

Costa dijo a El País que la violación al tratado se produciría en relación a la comercialización, y señaló que ello podría motivar "algún tipo de observación" de la ONU a Uruguay. Agregó que si el gobierno "está dispuesto a seguir este camino" deberá "comunicarlo muy bien" a nivel internacional.

A título personal, Costa indicó que está a favor de legalizar la producción y venta de marihuana, aunque se mostró en contra del registro de consumidores que prevé el gobierno. "Si el consumo hoy es libre en Uruguay, la creación de un registro atentaría contra ese principio", consideró el abogado.

LA REGIÓN. La idea del gobierno de legalizar y regular estatalmente la venta de marihuana generó reacciones a nivel de los técnicos regionales.

Darío Martínez, integrante de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, comentó a El País que a nivel personal considera que una medida de este tipo "no conviene", entre otras cosas, porque si se regulariza la venta de marihuana en Uruguay "va a haber más demanda" hacia su país.

Martínez consideró que para impulsar este tipo de medidas "hay que ponerse de acuerdo entre los países, incluso más allá del Mercosur para tratar de ver el tema". Y como ejemplo dijo que en Paraguay no hay un proyecto en ese sentido ni tampoco está planteada a futuro una iniciativa similar.

"Sería muy complicado para nosotros que los países de la región se pongan de acuerdo. La Secretaria ni piensa en legalizar; ya se tuvo la experiencia en Holanda y creo que no fue lo mejor porque se perdieron dos o tres generaciones. Estoy en contra de legalizar esos productos que hacen mal", sostuvo el experto paraguayo.

Desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) del gobierno argentino, se indicó a El País que el titular del organismo y excanciller, Rafael Bielsa, no hará comentarios sobre la iniciativa uruguaya.

El diario argentino La Nación informó el viernes que la propuesta de la administración de José Mujica generó "preocupación y asombro" entre expertos y funcionarios del gobierno de Cristina Fernández.

En el mismo sentido, el psiquiatra argentino Ricardo Grimson, exsecretario de la Sedronar, opinó que la propuesta planteada por el gobierno uruguayo es "disparatada".

Para Grimson, la medida "no tiene fundamento válido y produciría un pasaje seguro de la marihuana distribuida a un mercado negro de consumo, con lo cual más consumidores se convertirían en traficantes".

El abogado experto en derecho internacional y canciller durante el gobierno de Jorge Batlle, Didier Opertti, dijo a El País que la legalización de la producción y venta de marihuana "es un asunto que por su naturaleza parecería que no puede ser asumido por los países en forma independiente a sus vecinos y socios de la región y también del propio universo en que nos movemos". "Una medida de este tipo puede convertir a Uruguay en un centro de atracción internacional para consumir marihuana", sostuvo Opertti.

Por su parte, el senador nacionalista y excanciller Sergio Abreu, dijo a El País que este tipo de medidas "tienen que ser combinadas con los otros Estados para definir controles comunes". Abreu aclaró sin embargo que rechaza el proyecto.