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La comisión promotora de un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal entregará hoy a la Asamblea General las firmas a fin de convocar a una consulta popular. Reclama al Frente Amplio que acelere el proceso y la apruebe por ley.

"Vas a tener que contratar una empresa de mudanzas para mover todo esto", comentó el expresidente Jorge Batlle al líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, mientras observaba las cajas con 358.235 firmas que presentarán en esta jornada ante la presidencia de la Asamblea General para promover una consulta popular para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

Batlle se presentó ayer por la mañana en la Casa del Partido Colorado junto a varios dirigentes de Canelones, entre ellos Luis Repetto, de Pando, para aportar las últimas 10.000 firmas de la campaña. Repetto consiguió 3.000 en su localidad.

El material se presentará en 350 cajas cubiertas por un forro de nylon y etiquetadas con el logotipo de la campaña.

La organización de la campaña tiene todo previsto para que al mediodía de hoy una "cadena humana" traslade las firmas desde el sótano de la Casa del Partido Colorado hasta un autoelevador que las depositará en un camión que las llevará hasta el Parlamento.

Allí las estará esperando otra cadena humana para colocarlas en el despacho del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori. En ese momento se labrará un acta tras lo cual las 350 cajas pasarán a la Corte Electoral para el proceso de verificación de firmas.

La operación requerirá el soporte de al menos 300 voluntarios, según los organizadores.

De la entrega participará el expresidente Luis Alberto Lacalle y los legisladores de Unidad Nacional (UNA), y el senador Pedro Bordaberry que estará junto a todos los legisladores del Partido Colorado.

De esta manera concluye la primera etapa de la campaña, que se extendió por espacio de once meses. Posteriormente la Corte Electoral estudiará las firmas y, en caso de alcanzar el mínimo requerido para realizar una consulta popular (unas 250 mil), se hará el llamado a plebiscito constitucional. Este se realizaría en forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre de 2014.

"Espero que con la presentación de las firmas el Frente Amplio y un sector del Partido Nacional reflexionen y busquen una solución legislativa que sería lo más adecuado para el manejo de las leyes", dijo Batlle.

La reforma constitucional impulsada por Unidad Nacional y Vamos Uruguay apunta a bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes; mantener los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años y crear un instituto de rehabilitación por fuera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). (Ver recuadro).

La "Comisión Nacional para Vivir en Paz-Yo firmo", encargada de la recolección de las firmas y de la que participaron los diputados Gustavo Borsari (Partido Nacional) y Germán Cardozo (Partido Colorado), estuvo integrada por familiares de víctimas de delitos y comerciantes.

Alianza Nacional, el Frente Amplio, el Partido Independiente y el Pit-Cnt se manifestaron en contra del proyecto de reforma. Algunos de ellos resolvieron movilizarse en contra de la recolección de firmas. Pasados algunos meses la campaña se desinfló y esperan que ahora el tema convoque a los militantes, según afirmó el diputado socialista Julio Bango.

En el Partido Colorado la recolección de firmas se vivió como una competencia interna. Bordaberry pidió a sus legisladores que cada uno recogiera al menos 25 mil firmas.

El Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) no ha considerado formalmente la campaña de recolección de firmas. El presidente del organismo, Javier Salsamendi dijo que en lo personal, y sin involucrar la posición del INAU, está "en contra" porque "en los países donde se ha aplicado no ha mejorado la seguridad pública".

La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito.

Las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigadas de conformidad con las disposiciones del Código Penal, por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley.

En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el Tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes.

Los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 18 años.

La comisión de delitos, valiéndose de la participación de niños y adolescentes, será especialmente castigada.

El Estado asegurará la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años. Dicho Servicio Descentralizado tendrá control parlamentario.