CAJA MILITAR

Atacan a Astori diciendo que con el propósito de “engañar” a la gente compara los déficits de las cajas.

DANIEL ISGLEAS

"Sabor a venganza". Así definen los retirados y pensionistas militares lo que el gobierno del Frente Amplio piensa sobre ellos al aplicarles el impuesto a sus remuneraciones, que ayer se aprobó en comisión del Senado y en breve pasará por el plenario para convertirse, según ellos sostienen, en "el segundo gravamen sobre el mismo bien".

En una conferencia de prensa, los retirados representados por el grupo coordinador de las entidades sociales que los agrupan y que encabeza el general retirado Hebert Fígoli, anunciaron el fin de sus gestiones para impedir la aprobación del impuesto promovido por el gobierno. Una vez que sea sancionado, piensan que la inmensa mayoría de los 6.144 afectados presentará recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Fígoli afirmó que esta ley tiene "un fundamento ideologizado" del gobierno de izquierda contra ellos, y vaticinó que tras aplicarles este impuesto a los retirados, el gobierno se lo trasladará "a los restantes 49.000 pasivos del Banco de Previsión Social y el resto de las Cajas que tienen remuneraciones superiores a $ 50.100, que es el piso a partir del cual se les cobrará a ellos.

"Hoy vienen por el dinero de los retirados militares, mañana vendrán por el dinero del resto de los jubilados. Si hoy permiten esto, nada evitará que mañana les cobren más impuestos sobre sus actuales o futuras jubilaciones", precisó Fígoli.

Mencionó que el Poder Ejecutivo se basa en "comparaciones tendenciosas" entre el Servicio de Retiros y Pensiones Militares y otras cajas paraestatales o el propio BPS, que son "producto de la clara intención de engañar a la opinión pública". Calificó como "vergonzosa" la solución implementada por el Ejecutivo lo que "seguramente postulará al ministro (Danilo) Astori al premio Nobel de Economía".

Fígoli advirtió además que con el impuesto habrá muchas renuncias, especialmente de profesionales médicos del Hospital Militar. "Serían entre 200 y 500 casos", estimó.

Los retirados insistieron en que la iniciativa que les aplica un impuesto, que el proyecto de ley del gobierno llama "prestación pecuniaria coactiva", es inconstitucional porque desnaturaliza el artículo 67 de la Constitución. Además, que "es confiscatorio", "desconoce derechos adquiridos", y es una "doble imposición" sobre el haber que perciben porque ellos ya pagan IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) como los pasivos de todas las Cajas.

"No reconocemos que la asistencia financiera sea usada como argumento. Es producto de normas legislativas aprobadas a partir de 1985. Es también producto de la política de reducción de efectivos que provocó que hoy 25.000 activos, que además tienen los sueldos más bajos de la Administración, aporten para sostener a 50.000 pasivos cuando en 1985 había 50.000 activos aportando para soportar a 25.000 pasivos", reflexionó Fígoli.

Ayer, el ministro de Defensa Jorge Menéndez anunció que en el próximo año el gobierno piensa enviar al Parlamento el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas. "Es importante hacerlo cuanto antes. No hay demasiado tiempo", explicó Menéndez, que dijo que se busca que haya "amplios consensos" para la actualización de las normas que rigen la actividad de los militares. "En defensa se debe funcionar con un criterio aggiornado, flexible, y tener un instrumento para que luego esa reforma se proyecte a las otras fuerzas", dijo el ministro.