Estaba preso desde 2007 condenado por 37 homicidios muy especialmente agravados.

Ya estoy con el síndrome del ataúd (…) Si cumplo con todos los años que me aplicaron, voy a salir con 107 años, así que me hice a la idea de morir acá". Así anticipaba Gregorio Álvarez su propio destino, en una entrevista con Últimas Noticias en 2010.

El único militar que actuó como presidente de facto en la dictadura cívico-militar, apodado "Goyo", murió ayer de madrugada en el Hospital Militar. Tenía 91 años y había sido internado grave semanas atrás luego de sufrir una insuficiencia cardíaca. Hacía nueve años estaba preso en la cárcel de Domingo Arena.

La Justicia lo había procesado en 2007 y condenado en 2009 a 25 años de penitenciaría, como autor responsable de 37 delitos de "homicidio muy especialmente agravado", por el traslado clandestino de presos políticos en 1978.

Además estaba entre los 14 uruguayos que estaban siendo juzgados por la Fiscalía de Roma desde 2015 por su participación en el "Plan Cóndor". Habían pedido la cadena perpetua.

Pero Álvarez decía no arrepentirse de nada. En 2006, tras un homenaje realizado a cuatro soldados asesinados por un comando tupamaro en 1972 consultado sobre si pediría perdón, Álvarez sentenció: "Antes caer de espaldas que de rodillas". En 2010 repetía: "Déjeme pensar de qué me puedo arrepentir. Que yo recuerde, de nada".

Teniente general del Ejército, fue uno de los principales artífices de la dictadura y jugó un papel preponderante en ella. Participó del golpe de Estado y fue escalando posiciones hasta que en 1981 fue elegido presidente por el Consejo de la Nación de la dictadura.

Con el poder en sus manos desde 1981, Álvarez continuó con la represión hasta que finalmente, forzado por el avance de los sectores políticos opositores en las elecciones internas de los partidos políticos de 1982 y, tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, accedió a negociar un cronograma electoral que finalizó con las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984.

Resueltas las elecciones en favor de Julio María Sanguinetti —el candidato del Partido Colorado— Álvarez dimitió el 12 de febrero de 1985, cediendo el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego, y se retiró como teniente general del Ejército.

De familia castrense, nació el 26 de noviembre de 1925 y fue bautizado como Gregorio Conrado. Era hijo del general Gregorio Álvarez Lezama, edecán de Gabriel Terra, y el menor de cuatro hermanos: Tabaré Gregorio, Luciano Gregorio y Artigas Gregorio. Los cuatro siguieron la carrera militar.

Estudió en la escuela Sanguinetti, en la avenida 8 de Octubre y fue alumno de una de las víctimas de la dictadura, el profesor Julio Castro. Egresó de la Escuela Militar en 1945 con el grado de alférez.

Su carrera fue meteórica: capitán a los 29 años, mayor a los 33, coronel a los 39 y general a los 45 (1º de febrero de 1971; obtuvo el primer lugar en el concurso de ascenso).

Se caracterizó desde su juventud por un temperamento calculador y ambicioso, a la par de una inteligencia despejada y mucha fuerza de voluntad. Hizo la mayor parte de su carrera en el Regimiento de Caballería N° 7, en Santa Clara de Olimar. Cursó estudios de perfeccionamiento en Argentina. Excelente jinete, cuidaba él mismo de sus caballos y de sus ejercicios de equitación.

Inicialmente estuvo vinculado a la logia ultra nacionalista Tenientes de Artigas, de la que se separaría drásticamente. Participó activamente en la lucha contra la guerrilla (tupamaros y otros grupos). Al crearse el Esmaco (Estado Mayor Conjunto) asumió su jefatura.

El 25 de junio de 1972 su hermano, el coronel Artigas Álvarez, fue asesinado por el MLN-Tupamaros, lo cual lo afectó mucho y determinó gran parte de su conducta posterior.

Participó de manera intensa en el golpe de febrero de 1973 y tuvo a su cargo la toma del Batallón de Infantería Mecanizada N° 13, cuya jefatura apoyaba en principio la continuidad del ministro Antonio Francese.

Junto al coronel Ramón Trabal se le supuso uno de los redactores de los famosos Comunicados 4 y 7, que contenían un proyecto político cercano a ciertos presupuestos de la izquierda, lo que le dio un aire "progresista" capaz de generar expectativas en algunos sectores de la izquierda.

Cuando, por el acuerdo de Boiso Lanza, se creó el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) ocupó su secretaría, y fue adquiriendo, al menos de cara a un sector de los uniformados, aristas de caudillo. Sin embargo, su autoritarismo y desembozada ambición política le generaron fuertes enemistades.

Al producirse el golpe de Estado del 27 de junio fue uno de los militares que ingresó en el Palacio Legislativo, junto al general Esteban Cristi, a los coroneles Alberto Ballestrino y Hugo Arregui y al teniente coronel Julio Barrabino.

Designado en febrero de 1974 al frente de la División de Ejército N° 4 (en la ciudad de Minas), presidió la Comaspo (Comisión de Asuntos Políticos), que elaboró el primer cronograma sobre la marcha del "proceso" y la eventual salida.

En 1976 estuvo a punto de ser pasado a retiro por Juan María Bordaberry debido a un incidente con el entonces sub secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guido Michelin Salomón, a quien asestó un fustazo en la cara; el respaldo que entonces obtuvo del general Abdón Raimúndez, muy cercano a su persona, y del comandante en jefe del Ejército, teniente general Julio C. Vadora, impidió que su carrera quedase truncada.

Asumió como comandante en jefe del Ejército el 1º de febrero de 1978, y emitió la Orden de Servicio 777, que dictaminaba la descompartimentación de las actividades antisubversivas que estaban a cargo del SID (Servicio de Información de Defensa), lo que le generó una profunda aversión de los responsables de esa repartición, general Amaury Prantl y el mayor José Nino Gavazzo, a los cuales pasó a retiro.

El 1º de febrero de 1979 debió retirarse él mismo al cumplir la edad reglamentaria, y al finalizar el mandato de presidente de facto Aparicio Méndez fue designado presidente de la República en medio de una fuerte crisis militar (la Fuerza Aérea se abstuvo y el general Iván Paulós pidió pase a retiro).

El organismo que lo designó, la Junta de Comandantes en Jefe, limitó severamente sus potestades (el Plan Político de las Fuerzas Armadas y el mando de las tropas quedaban fuera de las mismas).

Durante su mandato, que se inició el 1º de septiembre de 1981, se le acusó de hacer todo lo posible para obstaculizar la salida democrática que el sector encabezado desde 1984 por el teniente general Hugo Medina pretendía llevar a cabo.

La drástica devaluación del peso (ruptura de la "tablita") resuelta el 26 de noviembre de 1982 profundizó la grave crisis económica.

En acuerdo con el ministro del Interior, coronel Néstor Bolentini, impulsó la creación de un "Partido del Proceso" (el "pronunciamiento de Aceguá" del 25 de marzo de 1983), que terminó en un fracaso.

Le tocó gobernar en un período de intensa movilización popular, caracterizado por la reactivación del sindicalismo, las elecciones internas de los partidos políticos, las "caceroleadas" y el acto del Obelisco del 27 de noviembre de 1983 (al que calificó de "cambalache discepoliano"), hechos que dieron un golpe de muerte a las pretensiones continuistas que se le atribuían.

Aunque con señales inequívocas de desacuerdo con el desarrollo de los hechos, presidió la transición y aceptó el acuerdo del Club Naval de agosto de 1984 y las elecciones de ese año.

El 12 de febrero de 1985 presentó renuncia a su cargo, decisión que atribuyó a su creencia de que resultaba "incongruente e incompatible la coexistencia del Poder Ejecutivo de excepción que me honro en presidir y el Poder Legislativo elegido recientemente".

Durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti debió enfrentar una demanda judicial por el llamado "Operativo Conserva", un negocio de exportación de carne vacuna a Argentina que el Estado uruguayo recompraba en forma de Corned beef.

El 18 de diciembre de 2007, 23 años después de que dejó la presidencia de facto, fue detenido por pedido de la fiscal Mirta Guianze y orden del juez Luis Charles, acusado de gravísimos delitos relativos a los derechos humanos cometidos en tiempos de dictadura; su prisión marcó un giro esencial en la aplicación de la ley de Caducidad, de acuerdo a la interpretación que de su artículo 4º hizo el presidente de la República Tabaré Vázquez.

Organizaciones civiles de defensa de los Derechos Humanos dijeron a EFE que con la muerte del exdictador Gregorio Álvarez, "no se hace justicia". El coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, destacó que la muerte del exmilitar representa "una batalla contra el tiempo" de las personas que están siendo juzgadas por delitos de violación de derechos humanos y no han sido condenadas. "Lo que preocupa es que la muerte de los que están procesados tiene un significado distinto, porque durante el proceso judicial no se implica culpabilidad y se presume inocente", expresó. Añadió que en ese sentido su muerte "no hace justicia (...) Pensar que sea la biología la que determine la justicia sería una esperanza poco adecuada. Lo que queremos es que se agilicen los procesos de Justicia para que estos temas queden resueltos con la muerte de cada persona involucrada", aseguró. Por su parte, el representante de la Organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura, Nilo Patiño, dijo que con la muerte de Álvarez "Uruguay tiene un dictador menos (...) La muerte de Álvarez representa el dolor y la desaparición de nuestros seres queridos a quienes seguimos buscando", sentenció. Para el integrante de Serpaj, Efrain Olivera, Álvarez fue "una figura lamentable", aunque subrayó que "es importante recordarlo" para que las dictaduras "no se repitan nunca más".

El presidente Tabaré Vázquez hizo una mención lateral a Gregorio Álvarez al ser consultado ayer sobre qué más puede hacer el gobierno en el tema de los desaparecidos. "Yo no sé si Álvarez se fue con muchos datos o no, como se han ido otros tantos policías y militares involucrados en estos delitos tan graves. Recordemos que él estaba preso desde nuestro primer gobierno, desde el año 2007 cuando nosotros modificamos la interpretación de la ley de caducidad, lo que permitió que fuera juzgado y preso", dijo.

Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo a la agencia de noticias EFE que la muerte de Álvarez "no tiene ninguna repercusión en particular, ya que es un hombre que estaba alejado durante muchísimos años de todas las circunstancias del poder y que estaba preso, además. De modo que su muerte no produce hoy ninguna situación política trascendente", aseguró.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que es "pesimista" en cuanto a que la muerte de Álvarez ayude a obtener más información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés, criticó que Álvarez, a los 91 años, continuase preso.

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