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P. MELGAR / J.L. AGUIAR

El presidente Mujica dijo que le gustaría convocar a un plebiscito sobre el emprendimiento minero, mientras en el Senado el oficialismo apura la reforma del Código de Minería. La oposición dice que los cambios están hechos "a la medida" de Aratirí.

Dos años después de que Aratirí comenzara sus exploraciones en busca de hierro en el subsuelo uruguayo, y de haber invertido cerca de 100 millones de dólares, su proyecto minero se encuentra sometido al fuego cruzado de productores rurales, economistas y legisladores de oposición, por un lado, y el gobierno en el lado opuesto de la trinchera.

El presidente Mujica, que parece querer eludir ese clavo ardiente, expuso ayer en su audición radial la ilusión de que el pueblo uruguayo pudiera resolver la cuestión mediante "un plebiscito consultivo".

Pero admitió que "por desgracia, el Uruguay no ha previsto en su Constitución ese mecanismo de consulta, donde el Gobierno le hace preguntas a la nación y a partir de la respuesta toma las decisiones".

El mandatario explicó que, ante la magnitud que han tomado los discursos de alerta sobre el proyecto minero, "nosotros no tenemos una decisión de carácter definitivo (...) No creemos que por el hecho de ser Gobierno podemos laudar sobre el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles", indicó.

Con la expresión "semejante riqueza" aludió a las cifras divulgadas por la propia empresa Aratirí, que estima que el proyecto minero representaría ingresos por 500 millones de dólares anuales al Estado, equivalente a 1,5% del PIB.

CÓDIGO de MINERÍA. En ese marco, el miércoles pasado la comisión de Industria del Senado comenzó a discutir el proyecto de reforma del Código de Minería. Para la oposición el cambio surge como consecuencia de la llegada de Aratirí.

Blancos y colorados reconocen que se debe modernizar la norma, al tiempo que acusan al oficialismo de introducir en el código normas que solo tendrían aplicación para la empresa de origen indio.

En tal sentido, los blancos señalan que la presencia del concepto "servidumbre de ducto" tiene aplicación únicamente para Aratirí. La firma proyecta un ducto de unos 200 kilómetros para transportar el material extraído hasta el puerto.

"Este Código de Minería está mirado en función del proyecto Aratirí", opinó el senador nacionalista Sergio Abreu, miembro de la comisión de Industria.

El senador socialista Daniel Martínez defendió el proyecto y aseguró a El País que el oficialismo intentará aprobar lo "antes posible" aunque "respetando los tiempos de la oposición".

Martínez confirmó que la comisión le hará modificaciones al texto aprobado en Diputados, por lo que el proyecto deberá volver a cámara.

En diciembre de 2010 Diputados aprobó el nuevo código minero con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente.

La reforma del código incluye un incremento en el canon que pagan las empresas que explotan los yacimientos. Para el caso de los minerales metálicos se pagará al Estado un 5% del material extraído y exportado.

El monto del canon se determinará de acuerdo con la cotización internacional. En la actualidad el canon es del 6% de lo extraído menos los gastos de producción.

Según cálculos del senador Martínez, la modificación determinará que en los hechos el canon se cuadruplicará.

Por su parte, el diputado colorado Walter Verri afirmó que la bancada de Vamos Uruguay no tiene posición definida sobre Aratirí. No obstante el proceso de inversión se está siguiendo "con lupa", según dijeron voceros del sector.

El sector colorado formó un grupo de trabajo con especialistas para analizar el proyecto.

Fuentes del sector mencionaron que se percibe una "alerta generalizada" porque minas de esas dimensiones "han producido mucho daño ambiental en otros países".

"Hay que tener bastante cuidado a la hora de enfrentar este tipo de explotaciones. Tampoco tenemos que cerrarnos a diversificar la producción del Uruguay, pero hay que respetar la producción tradicional y el país natural", dijo Verri.

El legislador se mostró partidario de prohibir la extracción de metales en minas de cielo abierto. "De esa forma se minimiza el impacto ambiental; en algunos países ya están prohibidas", dijo. Mencionó a Costa Rica solamente.

La zona rural de Cerro Chato, situada en los límites de Durazno, Treinta y Tres y Florida, está dividida entre quienes celebran el aumento del empleo que promete el proyecto minero y quienes quieren proteger el equilibrio ambiental.

Claudia Perugorría, que hace 10 años compró 47 hectáreas en la zona, acordó con la empresa el ingreso a su campo, pero ahora asegura que se lo "destrozaron", según confió a la agencia AFP. El pasaje de camiones, el ruido y los daños a las pasturas generados por las perforaciones conforman los daños por los cuales la mujer dijo que inició un juicio contra la minera.

Julio Gómez, vocero de los productores molestos, asegura que el proyecto es "desmesurado" para el tamaño del país y "altera seriamente el equilibrio ambiental que existe desde hace más de 200 años en esta zona. El suelo va a quedar totalmente degradado y no va a servir para nada", lamenta.

Pero Francisco Silva, empleado por la minera y delegado del sindicato del metal, está en el grupo opuesto que celebra el emprendimiento: "Muchos que nos teníamos que ir del pueblo y venir cada 20 días, hoy estamos todos los días, trabajando ocho horas, con un salario bastante más digno del que cobrábamos como empleados rurales".

La empresa afirma que la inversión generaría 3.000 empleos en promedio durante la construcción y 1.500 en la etapa operativa, entre la terminal portuaria y la zona minera.

Aratirí prevé una producción anual de 18 millones de toneladas de hierro, por lo que la actual producción minera del país (calizas, piedras semipreciosas y oro) aumentaría 150%.