UN CAMBIO DE ADN PARA LA JUSTICIA

La propia Suprema Corte de Justicia admite que nuevo sistema puede generar errores.

El 1° de noviembre quedará marcado en el almanaque por ser la fecha acordada por todo el sistema político para poner en la práctica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que pasará de un sistema inquisitivo a uno acusatorio donde será el fiscal —y no el juez— quien desarrolle la investigación. Los operadores judiciales esperan errores y temen que la sociedad no entienda que el procesado pueda estar en libertad durante el proceso.

Hace dos semanas el Parlamento votó modificaciones a la norma original aprobada en 2014 y ratificó su entrada en vigencia, pese al pedido del diputado colorado Ope Pasquet para postergar su aplicación hasta el 1° de febrero de 2018.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, pidió perdón por anticipado por los problemas que pueda ocasionar la puesta en marcha del nuevo CPP.

Como posibles errores enumeró la fijación de audiencias, el manejo de los tiempos y diferencias de criterios entre los magistrados. Los jueces puntualmente deben adaptarse a una nueva realidad: se dedicarán exclusivamente a dictar sentencia. Además, los juicios ya no serán secretos, sino orales y públicos.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció a El País que al inicio de la aplicación del nuevo sistema "pueden generarse errores", pero opinó que ese hecho no puede ser impedimento para su vigencia. "Sabemos que se van a cometer errores que se irán corrigiendo, errores que obviamente se van a cometer de buena fe, porque un sistema no cambia de un día para el otro y somos seres humanos los que lo vamos a aplicar", dijo Díaz.

En una conversación que mantuvo con Chediak, Díaz dijo que se analizó que una nueva prórroga a la implementación del Código "sería un mensaje muy malo para la sociedad (...) Si vamos a esperar el momento en que estamos todos prontos, ese momento no llega nunca", admitió.

Para Díaz, si surgen dificultades se debe mantener la "firmeza en el rumbo", además de "paciencia y tolerancia" con los operadores del sistema que puedan cometer algún error.

El mayor cambio de paradigma se centra en la aplicación de la prisión preventiva como excepción y no como regla, como se hace en la actualidad. Hasta ahora, la gran mayoría de los imputados son procesados con prisión de forma preventiva y reciben la condena o absolución unos años después. Para el fiscal de Corte, hay "hipocresía", porque "la gente se pone contenta cuando dicen lo procesaron y fue a prisión, y después aunque lo condenen a tres años de penitenciaría no vuelve a la cárcel. Lo que no se enteran es que a los tres meses están libres".

De ahora en más, la prisión preventiva pasará de ser una regla a una excepción y se aplicará ante circunstancias de delitos graves, peligro de fuga, riesgo de vida para testigos, víctimas o acusados. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Dora Domenech, dijo que el cambio de criterio en la prisión preventiva "generará un shock en la sociedad, porque en muchos casos se verá al autor de un delito esperando el juicio en libertad. Esto puede no ser entendido y menos cuando la sociedad uruguaya está golpeada por el delito".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, señaló a El País que "en lo inmediato se puede ver alguna diferencia de criterio en la interpretación de la prisión preventiva".

Los fiscales reconocen que en los primeros meses de la aplicación del nuevo proceso penal pueden surgir diversos problemas producto del cambio de sistema. "El sentimiento que tenemos los fiscales es que pueden surgir errores, porque será un cambio tan radical que humanamente tal vez se pueda incurrir en errores", admitió Domenech.

Entre los fiscales, "hay quienes se sienten preparados" para el nuevo desafío "y quienes no lo están", advirtió. "Hay mucha cosa de último momento para ajustar y un gran nerviosismo en general", contó. Uno de los elementos que preocupa es la aplicación del sistema informático Sippau —que permite a cada fiscal gestionar la investigación de los casos— por medio de una tablet con la cual estarán en línea con la Policía.

Domenech dijo que "el Sippau es una gran herramienta, muy clara", pero aún falta práctica para su aplicación. Además señaló que "hay nerviosismo" y "hay gente que manifiesta problemas de salud" por verse recargada en sus tareas. Desde la Asociación de Magistrados se restó trascendencia a errores, aunque reconocen que al principio "se pueden dar diferentes interpretaciones" de algunas de las normas. "Es normal que se cometan errores, no debería llamar la atención", concluyó Reyes.

Hasta ahora Uruguay sigue siendo el único país de la región que mantiene un sistema penal inquisitivo, un diseño de proceso penal que los especialistas suelen describir como una herencia recibida de España en tiempos de la conquista, obsoleto, que funciona mal y es injusto. El nuevo sistema es catalogado de garantista y democrático.

El nuevo Código del Proceso Penal prevé la posibilidad de realizar acuerdos entre el acusado y la Fiscalía antes de llegar a la instancia final del juicio.

El presidente de la Asociación de Magistrados Alberto Reyes dijo a El País que con este cambio "disminuirá el número de presos sin condena", lo que "es un muy buen efecto". Con respecto a los plazos, Reyes opinó que el sistema facilita la realización de muchos procedimientos abreviados, que son de duración "muy corta".

"A partir de este nuevo diseño puede darse que alguien sea condenado en un mes. Eso ahora es imposible". señaló. Para Reyes, "la clave del éxito o fracaso" del nuevo Código pasa por el procedimiento abreviado, dijo.

En las últimas modificaciones introducidas en el Parlamento se resolvió derogar la libertad condicional para evitar que los condenados terminaran cumpliendo su sentencia en libertad.

El principal argumento en el que se basaron los legisladores de todos los partidos políticos para realizar este cambio es que en "un sistema penal acusatorio", la prisión preventiva solo debe ser aplicada como medida cautelar y una vez dictada la sentencia correspondería el cumplimiento de la pena".

El reclamo del cambio fue planteado en varias oportunidades por el fiscal Gustavo Zubía. El proyecto terminó siendo remitido al Parlamento por la Fiscalía de Corte liderada por Jorge Díaz.

Las últimas modificaciones al Código del Proceso Penal, establecen un sistema de doble juez. El primer magistrado actuará en la etapa inicial del juicio (formalización) que será el que eventualmente determine la prisión preventiva en los casos que corresponda. El otro juez deberá intervenir cuando llegue la etapa de la acusación, en el juicio oral definitivo. Este sistema fue pensado para dar garantías al acusado de la independencia judicial en todo el proceso. "Es un avance gigantesco y existe unanimidad en el tema porque evidentemente asegura que el juez sea absolutamente imparcial. Esto da cumplimiento a los tratados internacionales", explicó el fiscal de Corte Jorge Díaz.

“Vamos a tener que dormir vestidos”, dijo presidenta de fiscales.

Los juicios que ingresen hasta el martes 31 se tramitarán por el Código del Proceso Penal vigente. La información extraoficial es que en Montevideo hay 20.000 expedientes por tramitar y a esa tarea fueron asignados 20 fiscales. Según un cálculo de la Fiscalía de Corte, cada integrante del equipo debe expedir cinco dictámenes por día. "Con eso se cubriría fácilmente el sistema antiguo y la demanda tenderá a disminuir a medida que avance la aplicación del nuevo código, dijo a El País el fiscal de Corte Jorge Díaz.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Dora Domenech, señaló a El País que ella y "muchos" de sus colegas recurrieron a la asignación de los turnos definida por la Fiscalía al entender que están "sobrecargados" de trabajo. En total fueron 77 los que adoptaron esta medida. "Particularmente los que vamos a quedar con las causas del código viejo vamos a estar súper recargados porque heredamos el trabajo de 24 fiscalías", señaló Domenech.

La titular de la Asociación de Fiscales dijo que la resolución asigna turnos obligatorios los domingos de noche desde las ocho a la medianoche. "Posteriormente es opcional quedarse ahí o irse a la casa, pero estamos con el teléfono abierto para atender a todo Montevideo. Esto quiere decir que uno va a tener que dormir sentado en un sillón y vestido, porque lo pueden llamar en cualquier momento", finalizó Domenech.