La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, firmó la semana pasada el anteproyecto de ley y lo envió a la Presidencia para que sea estudiado por el departamento jurídico. Luego será remitido al Consejo de Ministros para que el gabinete y el presidente lo firmen y envíen al Parlamento, lo que ocurrirá en las próximas semanas.

Transcurrieron meses desde que la decisión política fue tomada: en 2007 se enviaría al Parlamento un proyecto de ley conteniendo una reforma global a las actividades de la defensa nacional. Sin embargo, fue pasando el tiempo sin que se produjeran novedades. Otras reformas impulsadas por el gobierno cobraron vida pero la de defensa nunca. Ahora, a comienzos de 2008, cuando la administración del presidente Tabaré Vázquez ingresó en sus dos últimos años, parece haber llegado la hora de discutir el tema en el Parlamento.

Una de las razones de la demora fue la idea de incluir una disposición que pasará al ámbito civil todo lo concerniente a la Justicia Militar. El Ministerio decidió ahora derivar esa discusión al Parlamento. Este ha sido uno de los aspectos más polémicos que contiene la futura ley de Defensa. Según la Suprema Corte de Justicia (SCJ), esta medida podría resultar inconstitucional. Es por ello que meses atrás los integrantes de la corporación convencieron a la ministra Berrutti de enviar el articulado a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República para resolver si este traslado de competencias debe ser hecho por ley o a través de una reforma constitucional.

La iniciativa establecía originalmente que serían separados diversos organismos que hasta ahora están en la órbita del Ministerio, como la Dirección Nacional de Meteorología o la Dirección General de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, entre otros. Pero el gobierno resolvió que esos organismos sean separados del área de Defensa y transferidos a otros incisos de la Administración Central mediante una ley independiente.

El proyecto de ley, además, creará el Estado Mayor de la Defensa para que sea un órgano asesor del Poder Ejecutivo.

CONSEJO DE DEFENSA. En la misma iniciativa, se creará el Consejo de Defensa, que conformarán el presidente de la República, los jefes de las Fuerzas Armadas, el ministro de Relaciones Exteriores y el titular de Economía y Finanzas.

Asimismo, el proyecto de ley dispondrá que la instrucción militar sea voluntaria salvo disposiciones contrarias del Poder Legislativo en caso de necesidad.

En 2005, Defensa organizó un debate nacional sobre el contenido de la nueva ley, incluso abierto a sugerencias de ciudadanos comunes.