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La Conferencia Episcopal planteó que los casamientos por iglesia tengan la misma validez que los civiles y que las instituciones de enseñanza religiosa no deben ser discriminadas en los apoyos estatales.

"El Estado debería respetar y tutelar el fundamental derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio, según su conciencia y de acuerdo con la libertad de religión", expresa la Carta Pastoral de los obispos uruguayos en ocasión del Bicentenario, que dieron a conocer ayer.

Los clérigos plantearon que se reconozca como en otras naciones "la validez del matrimonio contraído en presencia del ministro religioso", más aun "en tiempos en que se da cierto reconocimiento al concubinato".

"¿Acaso no es un anacronismo que se mantenga en vigor una ley del Gral. Santos, por la cual incurre en delito el sacerdote que recibe el consentimiento matrimonial, si antes no han pasado los contrayentes por el Registro Civil?", se preguntan en el documento.

Para divorciarse, los miembros de un matrimonio por Iglesia deberían hacer el trámite ante una oficina del Estado, puesto que no existe esa posibilidad en el Catolicismo.

El documento recuerda que Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en legalizar el divorcio, en 1907.

"Vemos con dolor que la aceptación social del divorcio es un rasgo distintivo de la sociedad uruguaya", asevera.

"Sin pretender cambiar todo, ni ir contra las convicciones de muchos, nos parece que es necesario buscar formas que apoyen la formación de matrimonios estables, como base de las familias, y colaboren con su sostenimiento", acota.

"Queremos promover una auténtica `ecología espiritual`, proponiendo a las nuevas generaciones la belleza del matrimonio indisoluble y su apertura a la vida, en sintonía con la dignidad humana", dice el documento.

EDUCACIÓN. Los obispos sostienen que la educación de los hijos es un deber y un derecho primario de los padres y se deben dar medios a los padres para facilitarles esto. "Pensamos que los tiempos que corren nos exigen esfuerzos de imaginación, dejando de lado planteos ideológicos perimidos", dicen.

El documento recuerda la histórica relación de la Iglesia y la educación en Uruguay y los esfuerzos "a favor de la integración social", ofreciendo, entre otros datos, que en el nivel escolar, el 30% de los alumnos recibe una beca total o parcial. Agrega que "a diferencia de lo que pasa en casi toda América Latina, la educación católica no recibe ningún tipo de asistencia económica del Estado".

El texto dice que, sin dejar de reconocer lo bueno que se hace en la enseñanza tanto en gestión pública como privada "es perentorio mirar las dificultades presentes"

La Conferencia Episcopal recuerda que la Constitución establece que los padres tienen derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos los maestros o instituciones que deseen.

"En este sentido el Estado, no solo ha de tolerar las diversas creencias, sino que tiene el deber de garantizar el ejercicio concreto del mencionado derecho, facilitando que las familias puedan elegir el centro de enseñanza y respetando la identidad de dichos centros", afirma.

"El Estado tampoco tiene por qué favorecer las propias instituciones de enseñanza de gestión estatal, porque los ciudadanos tienen derecho a elegir las instituciones según su convicción", añade.

Los obispos consideran que en Uruguay "aún no se han encontrado las formas más adecuadas para compatibilizar" el derecho a la educación y el derecho de los padres a elegir la enseñanza para sus hijos. Agregan que "no debe ser penada con una discriminación económica" la enseñanza religiosa, "porque unos institutos sean totalmente pagos por lo recaudado por los impuestos del pueblo y otros deben ser costeados por los padres".

"No ha sido una solución justa la forma de laicidad de la enseñanza que impide toda la presencia de lo religioso en el ámbito de los institutos de gestión estatal, porque es discriminatorio con los derechos de los padres, con los derechos de las religiones y con la apertura del conocimiento a todos los saberes y creencias", resaltan.

Los obispos se manifiestan a favor de una enseñanza menos centralizada y "que dé más libertad a las instituciones". "Proponemos que se abra el sistema de enseñanza a una mayor pluralidad de formas y centros, que se conciba que toda enseñanza es pública, pero de gestión estatal o privada".

"Creemos que para defender este derecho en los padres de ingresos menores o medios, es oportuno repartir lo recaudado por los impuestos a favor de ellos", señalan y mencionan que hay muchas experiencias en ese sentido en el mundo.

PERDÓN. La Carta Pastoral también hace mención al perdón. Sostiene que "es un hecho indiscutible que vivimos en una sociedad en la que hoy aparecen confundidos deseos de justicia e impulsos de venganza". Agrega que es posible superar este conflicto si se incorpora "un concepto clave del patrimonio cristiano: el perdón".

"A lo largo de los dos siglos de historia que estamos celebrando, nuestra patria ha conocido momentos de crispación y violencia. Nuestros mayores supieron superarlos con actitudes nobles que no dejaron huellas de rencor en sus descendientes".

"El futuro mejor que queremos construir entre todos los uruguayos requiere cultivar esta certeza que enfáticamente predicaba Juan Pablo II y que hacemos nuestra: No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón".

El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, cuestionó que el Ministerio de Educación y Cultura convalidara una asamblea del Círculo Católico que decidió desligarse jurídicamente de la Iglesia, y dijo que el ministro Ricardo Ehrlich le había dicho lo contrario, porque dicha asamblea no era legítima.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Collazzi, dijo que la Iglesia apeló y que hay asociados que buscan revertir esta situación.

No descartaron analizar retirar el `Católico` del nombre de la institución, puesto que "no es justo que ésta pueda asumir un modo de actuar en el campo de la salud que sea contradictorio con el de la Iglesia Católica y decirse católico", afirmó Cotugno. "No podemos decirnos católicos y asesorar cómo se puede hacer un aborto u ofrecer posibilidad de expendio de métodos anticonceptivos", agregó.