EDUARDO DELGADO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sostiene que, mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ese organismo, las dos consultas populares realizados no derogan las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar convenios interamericanos de derechos humanos.

La CIDH publicó ayer en su página web la demanda que en enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de varios derechos humanos en perjuicio de María Claudia García, Macarena, Juan Gelman y sus familiares y que la ley de Caducidad quede sin efecto.

El documento incluye las recomendaciones de la CIDH sobre este caso, las que, al no ser cumplidas por el Estado llevaron a la presentación de la demanda.

La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija recién nacida Macarena, "mediante el debido proceso de la ley y una investigación judicial completa e imparcial de los hechos" que identifique a los responsables para que "puedan ser debidamente sancionados".

Solicita además "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias" para que, "quede sin efecto la ley de Caducidad", puesto que este es un delito de lesa humanidad no pasible de amnistía alguna.

También reclama otorgar "una reparación plena a los familiares de las víctimas" que incluya no sólo una indemnización por los daños, sino actos de importancia simbólica que garanticen no se reiterarán los delitos cometidos en este caso.