Nueve organizaciones, que se definen defensoras de la laicidad, le reclamaron al Poder Legislativo que le exija una "inmediata retractación" a los diputados evangelistas que firmaron una declaración en la que se comprometen a respetar la Constitución y las leyes "siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios". En caso de que no lo hagan, piden que se proceda al desafuero de estos legisladores.

En opinión de estas organizaciones, los diputados evangelistas que firmaron la declaración "relegan su rol de representantes", "dan la espalda a los ciudadanos y a la democracia", y "violentan la ley al declarar que sus creencias metafísicas están por encima de ésta".

"Una visión de este tipo, como la que han manifestado estas autoridades, constituye claramente una gravísima y notoria afrenta a los más caros valores republicanos y laicos. Y es un precedente extremadamente peligroso que lleva, en última instancia, a la fragmentación del espacio público", afirman las organizaciones laicas en una carta abierta al Palacio Legislativo enviada esta semana, y que reaccionan a un informe publicado el domingo 13 de septiembre por la sección Qué Pasa de El País sobre los diputados, ediles y funcionarios del gobierno evangélicos.

La carta está firmada por Apostasía Colectiva Uruguay, Asociación Civil Trazos, Asociación Civil 20 de Septiembre, Asociación Internacional de Libre Pensamiento, Asociación Uruguaya de Libre Pensamiento, Asociación Uruguaya de Defensa del Pensamiento Racional, Círculo Escéptico Uruguay, Mujer y Salud en Uruguay, y Sociedad de Amigos de la Escuela Laica.

El informe de Qué Pasa dice que entre diputados, ediles y funcionarios del gobierno, hay al menos 16 evangélicos trabajando en política. El miércoles 9 de septiembre se reunieron en el Centro Cristiano del Cordón, donde recibieron la bendición de sus correligionarios y se comprometieron a hacer primar la ley de Dios.

Entre los asistentes estaban los diputados titulares del Partido Nacional Benjamín Irazábal (Durazno), Álvaro Dastugue (Montevideo) y Gerardo Amarilla (Rivera); y los diputada suplentes Betina Britos (Canelones, PN), Grisel Pereira (Montevideo, PN) y Luis Pintado (Montevideo, Partido Colorado). Además había ediles y jerarcas municipales de varios departamentos, y el director del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Fernando Rodríguez, del Partido Independiente.

La convocatoria fue para la "consagración a cristianos en el gobierno" y "bendecir a aquellos que ocupan lugares de incidencia e influencia en el país".

Entre otras cosas, se comprometieron a respetar la Constitución y las leyes "siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios". Aseguraron que acatarán "los dictados" de sus conciencias "informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria", y dijeron que la "base" y el "fundamento" para su actividad será el Evangelio. También anunciaron que gobernarán "para todos", sin favorecer a ningún grupo.

En reacción a esto, la carta al Poder Legislativo de las organizaciones laicas expresa su "honda preocupación" por estas expresiones. "Estos, pertenecientes a diversas corrientes políticas, expresando su adhesión, militancia y lealtad a diferentes colectividades religiosas, ponen énfasis en la primacía y obediencia de los dictados particulares derivados de sus preferencias dogmáticas, por encima de los que se derivan de la Constitución de la República, la máxima norma jurídica cuyo mandato deben cumplir debido a los cargos de representantes de la ciudadanía que se encuentran ocupando", afirman las nueve organizaciones.

Agregan que los evangélicos que se dedican a la política, como cualquier ciudadano uruguayo, "tienen el derecho a creer o no creer", "pero esa preferencia corresponde al ámbito privado, a su fuero íntimo y no a su rol gubernativo".

Las organizaciones laicas reclaman la aprobación de un proyecto de ley para que los diputados y ediles prometan su respeto a la Constitución al momento de asumir sus cargos, como lo hacen el presidente, el vicepresidente y los senadores. Y le plantean al Poder Legislativo que les exija a los diputados evangélicos firmantes de la declaración "la inmediata retractación pública de sus posturas flagrantemente violatorias de la Laicidad del Estado, configurando ello una apología a la inconstitucionalidad; y en los casos en que se mantenga la tesitura referida, iniciar los procedimientos de desafuero correspondiente".

Las organizaciones laicas dejan fuera de sus críticas a la Iglesia Valdense, de la cual destacan "la dignidad y gran importancia" de una declaración del lunes 14 de septiembre en la que expresa que "la laicidad es un logro y un derecho que la sociedad uruguaya debe seguir defendiendo contra todo tipo de injerencia religiosa en los ámbitos y locales del Estado".

El diputado Gerardo Amarilla, legislador evangelista y uno de los firmantes del compromiso del 9 de septiembre, dijo a El País que la carta de las organizaciones laicas "está cargada de una fuerte intolerancia" y que es contradictoria con el librepensamiento que dicen defender. "Cuestionan una forma de pensar, la libertad de culto y de expresión", dijo Amarilla. Consultado sobre el planteo de estas organizaciones de que se retracten o pedirán sus desafueros, Amarilla dijo: "eso es un disparate".

Si mantienen que Dios está por encima de la ley, pedirán el desafuero