FUERTES OBSERVACIONES

Alto Comisionado hizo fuertes observaciones al nuevo CPP.

Los menores y adolescentes privados de libertad en el Uruguay están "como los de Libia", donde "no hay ley" que proteja su derechos civiles. La advertencia fue hecha por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, en una reunión pedida por él con legisladores de todos los partidos.

La inquietud del visitante fue planteada a raíz del proyecto aprobado por el Parlamento la semana pasada por el cual se reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), donde se fijó en un máximo de 150 días el plazo de detención dentro del cual los jueces deben adoptar medidas cautelares en el caso de los menores y adolescentes infractores. Esta no es la misma situación para los delincuentes mayores de edad y por eso en el plenario de Diputados el proyecto se votó dividido.

A través de una traductora, Al Hussein —que estuvo acompañado en su visita al Parlamento por el titular de la oficina regional para América del Sur, el comisionado Amerigo Incalcaterra—, planteó que los menores infractores de- ben tener algún tipo de "protección" legal y que la situación de los privados de libertad en Uruguay "se parecía a la de Libia", país en el cual acaba de estar.

El jordano recordó el contenido de los acuerdos en materia de derechos humanos de la ONU y dijo que Uruguay en general "los respetaba" y que el país mostraba "una experiencia importante" al respecto.

A la reunión realizada en el despacho de la presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, asistieron delegados de todos los partidos, entre quienes estaban los senadores Mónica Xavier, Guillermo Besozzi, Álvaro Delgado y José Amorín, y los diputados Graciela Matiaude, Carlos Varela, Jaime Trobo e Iván Posada.

Al Hussein también se entrevistó en las últimas horas con el presidente Tabaré Vázquez.

Tras el mensaje de Al Hussein, la presidenta Topolansky abrió una ronda de toma de posición de los partidos, en el curso de la cual ella manifestó que la situación de los menores presos es "muy delicada", que se hacen "esfuerzos", que la implementación del nuevo CPP "es importante", que se pasa a un sistema "más garantista" aunque admitió que "no dará resultados inmediatos".

El visitante ofreció la colaboración técnica del organismo internacional para hacer un seguimiento del nuevo sistema procesal de los menores y adolescentes infractores.

De las exposiciones de los legisladores, el visitante se llevó la impresión de que en la sociedad el de los menores infractores es un tema muy polémico y divide las aguas.

En ese sentido, el diputado nacionalista Trobo le recordó que en el país hay un debate sobre la edad de imputabilidad de los menores y que hubo un plebiscito para bajarla que salió negativo, no obstante lo cual hubo "mucha" gente que votó a favor.

Trobo recordó además que la creación del Inisa no había dado aún las respuestas esperadas y que muchos menores se introducían en el delito a través de la droga.

Por su parte el diputado Posada, del Partido Independiente, recordó que su bancada votó en contra de aquella iniciativa por considerarla discriminatoria respecto a los menores y adolescentes frente a los delincuentes adultos, pero dijo que esperaba que con el nuevo Código del Proceso Penal esa situación sea corregida pronto.

A partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), prevista para el 1° de noviembre, los menores y adolescentes que cometan delitos serán sometidos a juicio como los mayores, es decir mediante un régimen acusatorio: el juicio será abierto, el abogado defensor y el fiscal presentarán sus argumentos en forma oral, y el juez fallará así.

De acuerdo con el sistema vigente hasta el 1° de noviembre, la Justicia tiene 90 días como máximo para dictar una medida cautelar para el caso de los adolescentes; esto implica disponer la libertad, el cumplimiento de un programa socio-educativo o la internación en las colonias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un mínimo de un año y un máximo de cinco.

Sin embargo, el Senado había ampliado ese período de 90 días a un año como máximo, es decir el mismo que rige para los adultos en el actual Código del Proceso Penal. Esto implica que el juez de menores tendría hasta un año para pronunciarse sobre un caso.

Pero días más tarde de la decisión del Senado, y tras una ardua negociación en la interna del oficialismo, la comisión de Constitución de Diputados aprobó el cambio de un año a 150 días (cinco meses) que finalmente fuera ratificado en el plenario de la Cámara y luego aceptado por el Senado, sancionando así la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia para adecuarlo al nuevo CPP.

Mientras se discutía sobre los plazos, el Inisa y el Consejo Honorario de Derechos del Niño alertaron al Parlamento que el cambio a un año podía significar una "regresión" para la atención de los menores. Se considera que muchas veces la prisión preventiva terminaría coincidiendo con la pena mínima y en ese lapso no se aplicaría el programa socioeducativo.