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Los operadores locales de televisión para abonados coincidieron con la filosofía del decreto del Poder Ejecutivo que limitó el porcentaje de clientes que puede tener cada empresa, aunque hubieran preferido que fuera más restrictivo.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto el pasado 31 de diciembre que estableció un límite de clientes para las empresas operadoras de televisión para abonados: 25% del total de hogares a nivel nacional y 35% de hogares en cada localidad.

En el decreto, el Poder Ejecutivo argumenta que es necesario "limitar la participación en el mercado de los operadores de televisión para abonados" para evitar "la generación de monopolios u oligopolios".

La decisión va en línea con el reclamo de los operadores de televisión para abonados. Sin embargo, hubieran preferido que la normativa fuera más restrictiva.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, dijo que el porcentaje debiera ser sobre la cantidad de abonados y no de hogares y que no debería superar al 10% o 15%. En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, consideró que para establecer los limites "se tuvo que haber fijado en la ley de defensa de la competencia y no introducir elementos nuevos" a través de un decreto.

"Estamos de acuerdo con los criterios y conceptos vertidos en los considerando (del decreto), porque siempre hay que evitar la posición dominante en los mercados y sobre todo en Uruguay que es tan chico", dijo Rodríguez a El País.

"Pero hay un tema en las consideraciones de los números y es que en el decreto se habla de hogares. En Uruguay hay 1.160.000 hogares y 562.000 abonados a las empresas de televisión por cable. Cuando se fija la posición dominante en el 25% de los hogares, es más del 50% de los abonados y entonces se desvirtúa el principio de evitar una concentración que domine el mercado", explicó.

Rodríguez dijo que la directiva de CUTA analizó detenidamente el decreto y coincide "con el concepto de evitar la concentración" y que "haya participación de muchas empresas". Sin embargo, indicó que esa gremial creía que el decreto iba a hacer referencia a la cantidad de abonados en lugar de hogares.

"El concepto de hogares hace que la eficacia del decreto se vea totalmente desvirtuada", dijo Rodríguez, y consideró que tal como está redactada la norma deja a la empresa DirecTV "con una posición dominante muy importante".

DirecTV es la única operadora de televisión para abonados que está autorizada a operar a nivel nacional. Según los últimos datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de junio de 2012, DirecTV cuenta con el 11% del mercado, y tiene la mayor cantidad de abonados: 62.904. Desde DirecTV se comunicó ayer a El País que la empresa no iba a hacer comentarios sobre el decreto del Poder Ejecutivo.

Rodríguez dijo que a fin de evitar la concentración en los mismos valores que se maneja en el decreto, el porcentaje de abonados no debería superar el 10 o 15% por empresa.

El presidente de CUTA se mostró confiado en que el gobierno cambie el decreto. "Se puede corregir y por lo menos el Poder Ejecutivo entendió la inquietud del sector", acotó.

Rodríguez criticó la posición de DirecTV. "No cuenta con producción ni identidad nacional. Ellos manejan una concentración en toda Latinoamérica que es muy importante, que va en detrimento de la identidad de cada país. Es una invasión tecnológica sin contrapartida alguna, hasta los call center se manejan desde el exterior, por lo que no generan fuentes de trabajo ni ingresos tributarios", expresó.

Por su parte Inchausti, de Andebu, dijo que "con esta medida el gobierno después de muchos años resuelve un poco la situación de inequidad que se había planteado con el ingreso de operadores internacionales con tecnología satelital".

Agregó que en el año 2000 se otorgó la licencia a DirecTV "sin respetar un criterio que había sido la base del sistema, de áreas de servicios delimitadas para todos los operadores". Inchausti indicó que este permiso se otorgó en forma directa, sin llamado a aspirantes y en ese momento se modificó el criterio del tributo que pagan las empresas de televisión para abonados, que dejó de ser en relación a la población en la zona de servicio y pasó a ser por la cantidad de abonados.

"Fue una forma de favorecer a este nuevo operador ya que no debió pagar el tributo en función de toda la población del país sino de los abonados", acotó.

El director nacional de Telecomunicaciones, Sergio De Cola, dijo a El País que este decreto es "una especie de adelanto" del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual -conocido como ley de medios-, que está a estudio de la Presidencia y que se enviaría al Parlamento en los primeros meses de este año. Esta ley regulará los contenidos y la publicidad. También apunta a evitar la concentración de medios.

Dicha ley establecerá "nuevas reglas de juego" con el fin de evitar la concentración de la propiedad y propiciar la diversidad en el acceso, publicó en agosto la revista Políticas de Presidencia.

Es la cantidad aproximada de hogares que hay en todo el territorio nacional.

Es el máximo de hogares afiliados a la televisión para abonados por empresa.