Daniel Isgleas

Otra reforma está en curso: fue enviada al Parlamento la ley marco para la defensa nacional. Crea una pirámide jerárquica con más niveles de consulta y asesoramiento en el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, de todos modos, tiene una asignatura pendiente de discusión: la transferencia de funciones de la Justicia militar a la ordinaria. En el Parlamento se determinará si ello se puede concretar modificando la ley de organización de los tribunales o se debe reformar la Constitución. Hay dudas jurídicas al respecto que abonarán la discusión.

El proyecto del gobierno no dispone que varios organismos dependientes de Defensa Nacional desde tiempos de la dictadura sean transferidos a otros ministerios como se había anunciado en un principio. El gobierno resolvió que esos organismos sean separados de Defensa y transferidos a otros incisos de la Administración Central mediante ley aparte.

El proyecto de reforma contiene un capítulo de definiciones y características de la defensa nacional. Fija la política de defensa del Estado y la política militar. Se establece que cumplirá con los principios generales de derecho interno y del derecho internacional y respetará, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención, de solución pacífica de controversias y de cooperación entre los Estados.

Consejo de defensa. Establece que Uruguay se reserva el recurso de la fuerza en casos de agresión militar efectiva o inminente. Hay disposiciones sobre la necesidad de asegurar el ejercicio de la soberanía nacional, y otras que permitirán determinar una eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa. No obstante esto, en la iniciativa se aclara que la instrucción militar y el servicio militar serán actividades voluntarias.

En materia de organización del sistema de defensa nacional, la iniciativa establece que estará a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo actuando con el Consejo de Defensa Nacional, un órgano que se crea en la ley para asesorar y ser de consulta del presidente en materia de defensa. Este Consejo estará integrado por el mandatario y los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía. Aunque no serán miembros permanentes del órgano, como en un momento se pensó, los jefes de las Fuerzas Armadas podrán ser citados por el presidente, lo mismo que legisladores u otras personas con conocimientos específicos.

El proyecto también crea el Estado Mayor de la Defensa con el cometido de ser un órgano asesor del Poder Ejecutivo. Lo conducirá un oficial general en actividad o retiro.

Por primera vez, en la iniciativa que dará un marco normativo a la defensa se consagra la participación de los militares en las misiones de paz. Se precisa que cumplirán tareas al servicio de los organismos de que Uruguay forme parte, como la ONU, con fines defensivos, humanitarios, de estabilización, o de mantenimiento y preservación de la paz.

Durante la campaña electoral de 2004, el Frente Amplio planteó la necesidad de impulsar un amplio debate nacional sobre defensa. Particularmente, se consideró que los temas de la defensa nacional no son patrimonio exclusivo de los militares y que, en cambio, compete al conjunto de la sociedad. En marzo de 2005, comenzaron los contactos para elaborar una política de Estado sobre defensa. En 2006 se concretó un amplio debate nacional al respecto. Como parte del mismo se realizó un seminario internacional con políticos, académicos y militares de varios países. Al seminario internacional le siguió uno de carácter nacional a mediados de ese año con participación del presidente Tabaré Vázquez y los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. Se conformaron mesas temáticas con veinte sesiones de trabajo. Algunos de los temas abordados en las mesas de debate forman parte del proyecto que el Poder Ejecutivo acaba de remitir al Parlamento.