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Los proyectos de ley sobre seguridad comenzarán a ser aprobados mañana, tras un acuerdo del Poder Ejecutivo con la bancada del Frente Amplio. Primarios que vendan pasta base tendrán dos años de cárcel.

El Senado se reunirá mañana para considerar una serie de iniciativas vinculadas a la seguridad pública que son producto de trabajoso acuerdo entre la bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo.

El tenor del castigo a los traficantes de pasta base fue motivo de una dura negociación interna. El Ejecutivo quería penas duras y sectores del FA pretendían establecer contemplaciones para primarios y aquellos que tuvieran pequeñas cantidades de la sustancia.

Finalmente, el acuerdo alcanzado implica mantener la iniciativa del Ministerio del Interior estableciendo un mínimo de tres años para el tráfico. Pero se alcanzó un punto de acuerdo al establecer excepciones que permiten bajar la pena a dos años de prisión para los casos en los que los imputados son considerados "traficantes periféricos".

Las normas que el Senado aprobará mañana incluyen el aumento de penas para quienes cometan delitos contra la administración pública y para quienes sean funcionarios públicos trabajando en dependencias penitenciarias y cometan actos de corrupción.

En el caso de los que trafican con pasta base, la iniciativa que se considerará sustituye artículos del decreto ley 14.294 sobre estupefacientes, que a su vez había modificado varios artículos del Código Penal.

Por uno de los nuevos artículos se establece una pena mínima de tres años no excarcelable para comercialización de pasta base; la producción de materias primas o los elementos capaces de producir dependencia psíquica o física; la importación, exportación, introducción en tránsito, distribución o transporte, o que tenga en su poder para almacenar o vender pasta base, y la financiación de estas actividades o el tráfico de la sustancia entre países.

Para otros casos con atenuantes, como el carácter del traficante sin antecedentes a título de dolo, entre otros, se establece un mínimo de dos años de prisión que el juez podrá conmutar, según su criterio, por penas alternativas.

La comisión de Constitución y Códigos de Diputados vota hoy un proyecto para el resarcimiento pecuniario de las víctimas de la violencia. Las partes definieron en las últimas horas que habrá una financiación a cargo de Rentas Generales.

El proyecto podría ser aprobado hoy por el Plenario de la Cámara Baja. La ley autorizará al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar con el Banco de Seguros del Estado una póliza de seguros que cubra a familiares de las víctimas de rapiña, copamiento y secuestro. Respecto a los fallecidos mayores de edad, esa póliza les permitirá percibir una base inicial de US$ 4.000 y una asignación mensual de US$ 400. En el caso de los menores víctimas de delitos, serán beneficiarios quienes ejerzan la patria potestad.

También se incluye en el resarcimiento a las personas que tras un episodio delictivo de los señalados sufran lesiones permanentes. No serán beneficiarias las personas que hubieran participado como autores, coautores o cómplices de los delitos o hubieren incurrido en responsabilidad penal por alguna otra figura delictiva en oportunidad de cometerse los mismos. La ley establecerá además que el cobro del beneficio será incompatible con juicios o demandas contra el Estado fundados en los mismos hechos.

RETROACTIVIDAD. La idea de los legisladores es que este proyecto de ley sea retroactivo, es decir que cuando entre en vigencia contemple a quienes hayan sido víctimas de la violencia a partir de determinado período.

Sin embargo, en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas se advirtió a la bancada que ninguna empresa aseguradora tolerará emitir una póliza que tenga el carácter de retroactiva. Las modificaciones al proyecto sobre resarcimiento a las víctimas se tratarán esta tarde en la comisión de Diputados y próximamente el proyecto irá al plenario, según la decisión de la bancada del Frente Amplio.

Con respecto al proyecto sobre faltas, la bancada oficialista se reunirá esta semana con el Poder Ejecutivo para ser informada de sus detalles.

A la vez, el proyecto sobre el aumento de las penas mínimas a los menores se considerará más adelante.

La sede del MPP fue el escenario de un video que se toma con humor el proyecto de legalización de la venta de marihuana. En el video, dos jóvenes identificados como el trío (de dos) panchos es entrevistado. A uno se le pregunta sobre la legalización de la marihuana e imagina el trámite para que se le dé el "faso", para lo que llena un formulario que entrega a un funcionario público. Al otro se le consulta por el autocultivo e imagina poner marihuana en una maceta hasta que se cansa de esperar que crezca una planta. Al final, la supuesta periodista pregunta qué piensan sobre la legalización de la marihuana. "No nos importa. Nosotros no fumamos", responden.