El Poder Judicial planteará al Ejecutivo que se disponga una "protección especial" para los jueces, a raíz de las amenazas recibidas en un video de presuntos militares.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, expresó que, si bien varios jueces "entienden que no necesitan ni desean una protección especial, vamos a hacer planteamientos en ese sentido a los efectos de que en su situación personal estén protegidos".

El jerarca del Poder Judicial anunció, además, que se va a coordinar una "entrevista urgente" con los ministerios del Interior y Defensa Nacional, quienes deberán informar sobre la "investigación en curso" que se está llevando adelante acerca del origen del material filmado. "Deseamos que la investigación sea rápida y exitosa, porque aquí están en juego la seguridad y los derechos inherentes al ejercicio de una Justicia independiente" concluyó Van Rompaey.

Entre otras cosas, tres individuos uniformados, presuntamente vinculados a las Fuerzas Armadas, anunciaron "operaciones militares" para liberar a quienes denominan "presos políticos mediante el uso de los medios disponibles" y que pretenden "recuperar el Estado de derecho", según publicó hoy el semanario Búsqueda ( ver nota aparte ).

El magistrado dijo estar preocupado por este anuncio de posibles militares y señaló que siente una "profunda tristeza, porque parece que nos retrotraemos a épocas que entendíamos definitivamente superadas".

La existencia del material audiovisual fue advertida al Poder Judicial por un miembro del Ejecutivo, pero fue manejado con "reserva" por el primero, según un comunicado de la Suprema Corte.

Variables . Por su parte, el diputado frenteamplista y ex ministro de Defensa durante de la administración de Tabaré Vázquez, José Bayardi, dijo desconocer la existencia del video y que no planea verlo. "No tengo ningún interés en verlo", dijo.

De todas maneras, opinó sobre las distintas variables sobre los responsables de la filmación. Indicó que si fueran civiles, habría que ver si de las declaraciones se desprende algún tipo de apología y, en este caso, derivarlo a la justicia penal. Lo mismo sucedería, agregó, si fueran oficiales, aunque a estos se les sumarían las sanciones militares correspondientes.

Bayardi señaló que, si bien se maneja la posibilidad de que los responsables sean oficiales, esto no es seguro. Aclaró que siempre se habla de "potencialidad", ya que no se llevó a cabo ninguna de las actividades mencionadas, como las "operaciones militares" dentro del territorio.