Los damnificados plantean denuncia por la regasificadora.

La coordinadora de pescadores artesanales concurrió a la comisión investigadora del Parlamento sobre la frustrada planta regasificadora de Puntas de Sayago. En la reunión denunciaron lo que catalogan como "una discriminación flagrante" por la forma en que se le otorgaron las indemnizaciones por las obras del proyecto, que afectaron su actividad empresarial.

Según dijeron en la comisión, se otorgaron 21 indemnizaciones a otras tantas embarcaciones que se verían afectadas por el impacto de la obra. Pero agregaron que los damnificados son más de 200 pescadores artesanales que se sintieron "marginados".

Y denunciaron que hubo un "entendimiento entre un pequeño grupo" de pescadores de Santa Catalina con la empresa Gas Sayago, y que hubo "un proceso digitado por la empresa".

Incluso, uno de los voceros del grupo que concurrió al Parlamento dijo en la comisión que había sido convocado a una reunión porque él es de Santa Catalina, y que Gas Sayago les dijo que la empresa tenía "un monto determinado" para sus indemnizaciones y que con eso "había que arreglarse". Y que el concepto fue que si agregaban más pescadores la cantidad de dinero sería menor para cada uno.

A este pescador, que después no volvieron a convocar los empresarios, aparentemente le otorgaron la indemnización, pero luego se la retiraron porque habría comenzado una campaña en contra de lo que se había hecho, relató en la comisión de Diputados.

Hizo juicio y lo ganó en primera instancia. Los abogados que concurrieron a la comisión ampliaron manifestando que, según consta en la sentencia de este caso, la jueza argumentó que había una ilegitimidad que obedecía a una limitación de la libertad de expresión.

El acuerdo firmado con los 21 pescadores es para otorgarles US$ 1.300 por mes a cada uno, más otros beneficios durante doce meses.

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