Se aprobó un paquete de 15 medidas, pero seis de ellas no se han cumplido todavía.

Sin duda que estamos, desde hace varios años ante la emergencia de "la violencia" como problema prioritario de la población". Así comenzaba el documento que el gobierno de José Mujica elaboró para presentar la denominada "Estrategia para la Vida y la Convivencia" en junio de 2012.

En mayo de ese año la muerte del trabajador de La Pasiva a manos de un adolescente, captado por las cámaras del comercio y televisadas 42 veces en 48 horas, cambió el rumbo de la política de seguridad y trajo el anuncio —con bombos y platillos— de 15 medidas que apuntaban a "retejer la fractura social" y "superar el temor colectivo en el espacio público", según el propio documento.

Cuatro años después, de ese homicidio, el adolescente que disparó —ya mayor de edad— cumple la condena de cinco años que le recayó en 2013, y su cómplice cumple la pena de cuatro años.

A su vez, de las 15 propuestas, nueve se concretaron, tres no llegaron a realizarse y otras tres están trancadas. Si bien se aprobaron leyes para poner en práctica estas últimas, por distintos motivos aún no se aplican: una de ellas es la venta de marihuana por parte del Estado en farmacias, que se iba a poner en marcha a mitad de año. Tres meses después sigue sin haber una fecha de concreción, mientras cada vez hay menos farmacias interesadas en ese negocio (ver página siguiente).

Otra ley es la que propuso transformar en inexcarcelables los delitos de comercialización de pasta base, pero nunca pudo aplicarse por falta de recursos.

La última, es la ley de medios que quedó en stand by por una treintena de recursos de inconstitucionalidad que hasta el momento hicieron caer 23 artículos de la norma.

A su vez, de las nueve medidas que sí se pusieron en práctica hay dos que presentan problemas, y desde el sistema judicial y político se pone en duda su efectividad. Una de ellas es la ley que obliga a mantener encerrados por un año a los adolescentes que cometen delitos graves. Según informó Búsqueda el jueves, las autoridades del Mides quieren modificar esa ley que el ministro del Interior Eduardo Bonomi defiende. A su vez, el Poder Judicial no cree que haya tenido efecto en la delincuencia juvenil.

También desde ese poder del Estado se entiende que la ley de Faltas no está cumpliendo con uno de sus principales objetivos que es sacar de la calle a las personas que viven en esa situación.

Al igual que el asesinato de Gastón Hernández en 2012, esta semana pegó fuerte en la población la muerte de Heriberto Prati por defender a su amiga María Laura Methol de un rapiñero. El caso derivó en un planteo de interpelación al ministro Bonomi por parte del senador Pedro Bordaberry que fue aprobado.

A una semana de ocurrido el homicidio continúa impune, sin que haya detenidos.

La oposición asegura que la política de seguridad fracasó y por eso quiere interpelar a Bonomi y censurarlo, cosa que se sabe no prosperará. Pero de un repaso de la aplicación de estas 15 medidas se concluye que la aplicación del plan no ha logrado abatir los niveles de violencia ni mejorar la convivencia. Entre 2014 y 2015 los homicidios aumentaron 7,8% pasando de 268 a 289, y las rapiñas crecieron de 20.114 a 21.126 (5%). De 2013 a 2014 los homicidios se habían incrementado en 0,8% los homicidios y las rapiñas 11%, pasando de 18.027 a 20.097. A su vez los delitos de violencia doméstica siguen en imparable crecimiento. Entre 2012 y 2015 las denuncias se duplicaron, según datos de Interior.

Por el momento no se han divulgado datos oficiales sobre delitos de 2016. Solo se conoce lo que dijo Bonomi en junio sobre que en dos meses las rapiñas se redujeron gracias al nuevo sistema de patrullaje y los homicidios bajaron 8%. Aún no aparecen las cifras que lo confirmen.

NATALIA ROBA

INSEGURIDAD CIUDADANANATALIA ROBA