Por Pablo Méndez
Una tarjeta de presentación se desliza por debajo de la puerta de una casa en las periferias del departamento de Artigas. En ella, sobre un fondo blanco con la impresión de varios billetes de 100 dólares, y en letras negras, puede leerse: “Créditos al instante”. Y debajo la amigable frase: “Déjanos ser parte de tus proyectos”. Luego un número de teléfono.

Si se llama el que atiende es Jorge, es colombiano y luego de una presentación respetuosa arroja la pregunta: “¿Cuánto precisa?”. En este caso la respuesta es: $ 20.000. Entonces Jorge comienza a explicar qué hay que hacer para acceder al préstamo y cómo es que este se paga.

El dinero será entregado “en efectivo” y por este se comenzarán a pagar al día siguiente $ 1.000. Así será por 24 jornadas. Es lo que se conoce como un préstamo “gota a gota” y está dirigido en especial a comerciantes.

Se trata de una maniobra extendida por toda América Latina. Un informe publicado en 2016 por la BBC, por ejemplo, señalaba que había víctimas de estos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú. Ahora también las hay en Uruguay.

La llamada telefónica es el punto de partida para quienes acceden a este tipo de créditos, que no cuentan con ninguna regulación, y que son ofrecidos en varios departamentos del país, entre ellos Montevideo. Los problemas suelen generarse en caso de que las personas no logren cumplir con alguna de estas cuotas.

Los prestamistas no cobran recargos ante atrasos en los pagos, pero presionan a los deudores hasta que se ven obligados a sacar otro préstamo con ellos para abonar el anterior. Así se genera una cadena muy difícil de poder cortarse.

Martín -quien prefiere no dar su nombre real por seguridad- puso un carrito de comidas en el barrio Ayuí, en Artigas. La tarjeta por la que se enteró de estos créditos se la entregó “una joven colombiana o dominicana”, dice. Pidió solo $ 10.000, pero comenzó a atrasarse; entonces las visitas, las llamadas y las presiones “eran a toda hora”. Pidió más créditos, pero ya van más de una decena y no logra terminar de pagar. La única salida que encontró fue poner su carrito a la venta para poder terminar de una vez con el calvario.

En el mismo departamento, Lucas (nombre ficticio) tuvo una experiencia similar con su lavadero, en el barrio Pirata. Pidió $ 3.000. Le dieron el préstamo, pero también se atrasó. En su caso recibió la visita de tres colombianos, que lo “apretaron”, dice, para que pague. El joven ya puso en venta su hidrolavadora.

Ninguno de ellos realizó una denuncia por temor a represalias.

En la ciudad de Melo, sin embargo, la Policía sí recibió un llamado al 911 de una mujer que aseguró que tres hombres en moto la habían amenazado con que robarían su casa luego de que no pudiera pagar uno de estos préstamos “gota a gota”.

Según fuentes de la Jefatura, cuando la Policía llegó al lugar los hombres ya no estaban y la mujer -dueña de un comercio pequeño- se negó a presentar una denuncia. La víctima detalló que los hombres querían hacerse de electrodomésticos de la casa para cobrar la deuda.

En Artigas, Montevideo, Salto, Rivera y Tacuarembó las descripciones se repiten: colombianos, en motos Honda, que dejan tarjetas y otorgan préstamos de fácil acceso, pero complejos de saldar por lo alto de los intereses y por la frecuencia en que se debe desembolsar dinero para pagar las cuotas.

“Con la foto de la cédula y su ubicación, comenzamos”, asegura Jorge y detalla casi con orgullo que no hay condiciones para acceder al préstamo.

“(Clering) no miramos, pero sí se mira a veces si usted ha trabajado con otros colombianos y ha quedado mal”, afirma el prestamista desde el otro lado del teléfono.

Según fuentes del área de investigaciones de Montevideo, la Policía está bien enterada del accionar de estas bandas.

Estas se valen de un cobrador -que pasa siempre a la misma hora por los comercios en busca de su cuota diaria-, por mujeres que funcionan como “promotoras” -se acercan a los lugares y dan cuenta de la conveniencia de acceder a estos créditos- y también por un grupo de personas que se encargan de “apretar” a los morosos.

En 2019 y en el departamento de Tacuarembó se llevó a cabo la única investigación que permitió probar la usura de uno de estos grupos. Las características de estos, según asegura la fiscal que llevó el caso, Claudia Lette, tienen las “mismas características” que los ofrecidos por Jorge.

Se trata de créditos, con intereses que superan los máximos establecidos por el Banco Central del Uruguay.

La Tasa Efectiva Anual (TEA) para el mes de febrero es de 124,46% anual. Este es el interés máximo que la ley permite aplicar a los préstamos en Uruguay. Esto significa que si un particular solicita hoy un préstamo por $ 20.000 a devolver durante 24 días, a razón de $ 1.000 diarios, no debería pagar un interés que supere los $ 1.064,48.

El ofrecimiento de los grupos colombianos supera esta cifra, ya que cobran $ 4.000, o sea $ 2.936 más de lo que permite la normativa. Con estas cifras su tasa de interés anual es del 1.968%.