Casi un año después de que el Ministerio del Interior presentara su programa de prevención de homicidios, que fue parte de un paquete de 16 medidas para mejorar la seguridad pública, los equipos seleccionados por la organización internacional Cure Violence ya se encuentran trabajando en diferentes barrios de la capital.

Durante la segunda semana de abril, docentes de la Universidad Católica dieron talleres sobre mediación de conflictos a los equipos de las ONG que ya comenzaron a trabajar en los barrios en los que se busca reducir la violencia. Con estos talleres, finalizó la primera fase de formación que tomarán las personas seleccionadas.

Según pudo saber El País a través de fuentes del Ministerio del Interior, cada equipo está conformado por 10 personas. Los componen un trabajador social, un psicólogo y ocho “interruptores”, encargados de vincularse con los vecinos.

En las próximas semanas, equipos especializados de Cure Violence visitarán Uruguay para brindar una segunda fase de formación a las ONG. “Serán más específicos sobre el programa”, dijo a El País el coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del ministerio, Diego Sanjurjo.

Se buscará profundizar en conceptos vinculados a violencia, gestión de conflictos, redes de contacto, entre otros temas que se pondrán sobre la mesa.

Según contó Sanjurjo, el objetivo principal del programa es que “se desnaturalice la violencia en los barrios, bajando la tolerancia de los vecinos ante las personas violentas”, en el sentido en que a veces hay disparos o episodios que no se denuncian.

El trabajo diario de los equipos consiste en formar “una red” con los vecinos y “hacer un mapeo” de las personas del barrio para identificar a aquellas que dicen ser violentadas, así como también a las violentas.

También se encargan de estar actualizados con respecto a los conflictos latentes o potenciales de su zona, para así poder realizar seguimiento e intentar que no haya represalias entre los involucrados.

“Los interruptores mantienen contacto con centros de salud para que los notifiquen cada vez que ingresen víctimas de episodios de violencia”, contó Sanjurjo.

Además, se les asignó presupuesto para que puedan llevar adelante talleres y eventos.

Foto: Estefania Leal

Por ejemplo, la ONG Vida Nueva cuenta con su sede en el Hospital del Cerro y abarcará los barrios Casabó, Cerro, Cerro Norte, La Teja, Tres Ombúes y La Paloma.

Por otra parte, la ONG Eco Familia trabaja en Villa Española, Marconi, Casavalle, Peñarol, Manga y Las Acacias, y tiene su punto de encuentro en el Centro de referencia de Políticas Sociales Aparicio Saravia, recientemente inaugurado.

“Tienen experiencias de vida impresionantes”, dijo Sanjurjo haciendo referencia a quienes están oficiando como interruptores. “Algunos pasaron por la vida delictiva y están intentando que otros no sigan en ese camino”, agregó.

El contrato firmado entre el Ministerio del Interior y las ONG es renovable y tiene un año de duración. La cartera cuenta con financiamiento por cuatro años y, “en caso de tener éxito”, espera ampliar el plan a otras zonas de Montevideo y el interior del país.

El dinero para el proyecto partió de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó US$ 2 millones.

Desde la cartera destacaron que se trata de “un proyecto independiente a la Policía”, y que “el rol del ministerio es de financiamiento, evaluación y seguimiento”.

Además, hay un llamado en proceso para un evaluador independiente al ministerio, que analizará el proceso y dará recomendaciones para mejorarlo. Luego de un año, se hará otro llamado para sumar a un evaluador de impacto.