Cuatro personas fueron enviadas a prisión acusadas de integrar una célula uruguaya del temible Primer Comando Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil.

En las últimas horas, la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, dispuso la prisión preventiva por 90 días de Mario Bentancor Caches, quien contaba con antecedentes penales, por el delito de asociación para delinquir. Ya habían sido formalizados por este caso Fernando Otilio Fabrasil, también por asociación para delinquir especialmente agravada, y dos mujeres, de iniciales L.N.B. y E.C.C., por asistencia a la asociación para delinquir.

“Lo que era sospecha se volvió realidad. Fue un gran trabajo en equipo con la Policía”, dijo una fuente judicial.En tanto, fuentes de Fiscalía informaron a El País que estos delincuentes habían reclutado en Uruguay a otras personas y que “todo indica que era un intento de instalación del Primer Comando Capital” en nuestro país. Fabrasil era considerado el líder de esta célula uruguaya del PCC.

Fundado en 1993 durante una rebelión carcelaria en San Pablo, el Primer Comando Capital, que inspiró su nombre en el equipo de fútbol de la cárcel, ha extendido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al robo de cargas y contrabando de combustible. Servicios de Inteligencia de Brasil alertaron a mediados de este año a sus pares uruguayos sobre que en nuestro país podría existir una estructura del PCC liderada por un hombre de nombre Fernando.Las direcciones de Investigaciones y de Información e Inteligencia Policial encabezaron la indagatoria y el cruzamiento de datos permitió individualizar a las personas señaladas por los datos aportados desde el vecino país.

La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, se hizo cargo de la investigación judicial, que estableció vínculos con personas en Brasil mediante el tráfico de drogas que eran distribuidas en Uruguay.En el marco de la llamada Operación Magnesio, se realizaron varios allanamientos y se detuvo a dos hombres con antecedentes penales y a dos mujeres que fueron aprehendidas en Canelones. En los operativos se incautaron dispositivos electrónicos, celulares, documentación, marihuana y una balanza de precisión.

Ya en un informe de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertaba que traficantes extranjeros se aprovechaban de las “porosas fronteras” que tiene Uruguay con Argentina y Brasil y utilizan Montevideo como base para la logística y las operaciones de tráfico de drogas.El cabecilla del PCC desde 2002 es Williams Herbas Camacho, alias Marcola, quien desde hace años dirige la organización desde la cárcel.Marcola advirtió hace más de una década que su objetivo era liderar el “Narcosur” y que lo estaba logrando: su rival, el Comando Vermelho (Comando Rojo) pierde peso frente al PCC en varios estados brasileños y es desplazado de las principales rutas de drogas de Paraguay, Perú y Bolivia.Un operador judicial dijo a El País hace dos años que la Policía detectó que el Primer Comando de la Capital traficó cocaína por el puerto de Montevideo rumbo a África y de ahí a Europa.

“Uruguay es muy chico. Es fácil de controlar. El único mercado de consumo atractivo para el PCC es Montevideo pero está lejos de la frontera. Uruguay puede ser un lugar atractivo para lavar dinero mediante la compra de campos”, dijo la fuente.El gobierno de Jair Bolsonaro “apretó” el cerco del PCC aislando a Marcola (condenado a más de 200 años de cárcel) en una prisión federal. A su vez, otros 21 líderes de primer y segundo escalón de la organización presos en San Pablo fueron trasladados a tres prisiones federales. “La transferencia provoca una desorientación, una falta de coordinación”, explicó Lincoln Gakiya, fiscal de San Pablo.El alejamiento de Marcola de su “zona de confort” va a “dificultar la transmisión de órdenes” a las bases del PCC, grupo que cuenta con alrededor de 30.000 miembros esparcidos por todo Brasil y con ramificaciones en algunos países de Sudamérica y Europa, entre ellos España, dijo el fiscal.

Uno de los imputados por sus vínculos al Primer Comando Capital (PCC) asaltó el domingo, junto a otras tres personas, una estación de servicio en la ruta 11. Sin embargo, por discrepancias entre juez y fiscal, todos quedaron libres.Fuentes de la Fiscalía dijeron ayer a El País que efectivamente existió un diferendo entre la fiscal del caso Mónica Castro y el juez Luis Sobot, por el cual los delincuentes obtuvieron su libertad. Según argumentó el magistrado, cuando se pidió la imputación había vencido el plazo de 24 horas por el cual una persona puede estar detenida, pero Castro argumentó que eso no era así y que existe una grabación de una cámara de seguridad, en la que se registra la hora del robo, que confirma que ella no cometió un error.De todos modos el hombre presuntamente vinculado al PCC, terminó siendo imputado después por la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero.Los delincuentes llegaron a la estación a bordo de un Nissan Sentra, se hicieron de $ 80.000 y se llevaron un Chevrolet Corsa rojo mediante amenazas con armas de fuego. Huyeron por la ruta 5 y al llegar al kilómetro 39 cambiaron de vehículo a un Toyota Corolla, fugando hacia el lado de Progreso. En esta ciudad fue donde policías de la seccional 19ª los persiguieron y lograron primero la detención de uno de ellos. Luego, personal del PADO detuvo a otro. Los dos restantes fueron aprehendidos en una zona de fincas cercana.