Redacción El País
Un hombre de 32 años fue detenido en Paysandú por su presunta participación en la maniobra con la que se intentó cargar un barco pesquero con alrededor de una tonelada de cocaína, para posteriormente enviarla a alta mar.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes del caso, el hombre es poseedor de dos antecedentes judiciales y es el tercer detenido por esta causa.

El hombre estaba en Paysandú alojado en una habitación del Hotel Plaza, que fue inspeccionada sin éxito. Ahora, personal de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana está a cargo del traslado del detenido a Montevideo, para llevarlo ante la Justicia.

En su detención, se le incautó una camioneta marca Fiat, una pistola Glock con cargador y municiones, envoltorios de nylon con sustancia blanca y vegetal, un teléfono celular y US$ 700.

La investigación, que inició en marzo, fue llamada "Operación Faro". A mediados de setiembre, la Policía hizo cinco allanamientos: uno en Ciudad del Plata, dos en Pajas Blancas, uno en el Cerro y uno en Ciudad de la Costa.

Fue en estas operaciones que lograron detener a dos personas, un hombre y una mujer, e incautar alrededor de una tonelada de cocaína y un bote pesquero, entre otros objetos.

Según informó entonces el Ministerio del Interior, la investigación se enfocó "en una organización que desde Uruguay ofrecería logística para el acopio y posterior envío de droga vía marítima".

Los dos primeros detenidos fueron condenados. La mujer, que tenía antecedentes por lavado de activos, fue condenada como la autora penalmente responsable de un delito de organización de actividades de narcotráfico con un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de depósito a una pena de siete años de penitenciaria. El hombre, un pescador artesanal sin antecedentes, fue condenado como el coautor del hecho a la pena de cinco años.

El ministro, Nicolás Martinelli, destacó la operación como "otra millonaria incautación de drogas" y detalló que la sustancia incautada está valuada en más de € 30 millones en el mercado europeo.

En principio la investigación estuvo a cargo de la fiscal Mónica Ferrero y luego pasó a la órbita de Angelita Romano.