Redacción El País
Fue detenida en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, informaron a El País fuentes cercanas a la investigación. Habrá conferencia de prensa para explicar el operativo.

La información primaria indica que la mujer viajaba con documentación propia cuando fue interceptada por la Policía, y de momento se desconoce si estaba junto a sus hijos.

Las fuentes mencionaron que Interpol Uruguay facilitó información a la sede de España para el operativo que terminó con la detención.

García Troche tiene 31 años y es la pareja de Sebastián Marset, con quien tiene tres hijos. Según una carpeta fiscal paraguaya de investigación por el conocido operativo “A ultranza Py”, Troche está señalada al mismo nivel de incidencia que su marido por narcotráfico y lavado de activos.

Foto: Policía de Bolivia.

En la primera investigación policial paraguaya en que se identificó y reconstruyó la estructura de esta organización -en lo que dio en llamarse “Operación Smart”- una de las personas en que las autoridades del país sudamericano pusieron la lupa es García Troche, también uruguaya.

García viajó junto con Marset cuando la familia —ella y los hijos que tiene con él— abandonó Paraguay. A 2021, año hasta el cual se registran las investigaciones, no contaba con antecedentes ni orden de captura pendiente. Sin embargo, de acuerdo a un informe de más de 40 páginas que produjeron los investigadores paraguayos a mediados del año pasado, esta mujer acompañaba a Marset en muchísimas actividades, así lo demostró el seguimiento minucioso de sus movimientos que hizo la Policía de Paraguay.

Luego, en una segunda investigación, narrada en 500 páginas de otro informe —en el marco de la “Operación A Ultranza Py”— se descubrió que esta mujer llegó a habilitar “una cuenta en el Banco Visión, declarando desempeñarse como agente de transporte y presentando un certificado de trabajo de contenido falso donde consta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo”.

Gianina García pretendió así hacerse pasar por transportista, y simuló ganar, por ese negocio, unos US$ 7.500 mensuales. “Con estos indicadores —razonaron los oficiales de inteligencia— notamos que la investigada (...) estaría adecuando su conducta enmarcada en tipologías propias del lavado de activos, en carácter de facilitadora, administradora y testaferro de la organización investigada”.

Esta mujer también fue responsable de crear una empresa dedicada a los autos de alta gama, llamada Total Cars, inaugurada en mayo de 2021, en Asunción. García figura como presidenta de la empresa y es propietaria del 75% de las acciones.

En el esquema del lavado también interviene el hermano de Gianina y cuñado de Marset, Mauro García, quien cumplía en esta organización “funciones de testaferro y administrador de bienes”, además de también involucrarse en el taller mecánico. Señalaron los investigadores: “La presencia de Gianina, pareja de Marset, y Mauro García Troche, su cuñado, es práctica común, considerando que ambos son de altísima confianza del líder de la supuesta organización y teniendo en cuenta la inversión millonaria que se realizó en dicho proyecto empresarial, con el objetivo de lavado de activos”. Y subrayaron: “Estas personas se encargan de verificar el funcionamiento de la empresa que pertenecería al clan”.

Marset y sus familiares directos no tienen causas abiertas en el país. No obstante, sobre el narcotraficante y sus allegados pesa una búsqueda internacional solicitada por la Justicia paraguaya por supuestos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.

El domingo 26 de noviembre, en el programa Santo y Seña de Canal 4, Marset anunció que pretendía que su pareja, García Troche, así como su cuñado y su medio hermano, sean enjuiciados en Uruguay con todas las garantías.

El abogado de Marset, Santiago Moratorio, se entrevistó con los fiscales Diego Pérez (Flagrancia de 8° Turno), Mónica Ferrero (Estupefacientes) y Enrique Rodríguez (Lavado de Activos).

Moratorio fue cauto al momento de hablar con los fiscales. Señaló, por ejemplo, que no iba en plan de negociación sino para explorar la posibilidad de que García Troche y otros familiares de Marset sean enjuiciados en Uruguay sin ser extraditados a Paraguay.

El fiscal Pérez investiga el atentado con una granada ocurrido a las 2 de la mañana del 9 de mayo de 2020 contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) ubicada en el Prado. El explosivo causó daños en cinco vehículos y al menos 16 personas resultaron formalizadas por este hecho.

Veinticuatro horas después del atentado a la sede policial, la fiscal Ferrero recibió amenazas de muerte.

Una fuente del caso dijo a El País que los dos hechos tenían un mismo objetivo: amedrentar a los operadores judiciales ya que se habían realizado varias incautaciones importantes de estupefacientes por esas fechas. Dos años más tarde de esos hechos, Moratorio se encontró con el fiscal Pérez en la sede de la Fiscalía.

El profesional le dijo al fiscal que su cometido era explorar la posibilidad de que Marset regrese a Uruguay y se responsabilice penalmente de las amenazas realizadas a Ferrero. La pena de cárcel por esta causa es leve.

Sin embargo, en el encuentro, Pérez explicó a Moratorio que pretendía que Marset también se hiciera responsable del atentado a la sede de repartición antidrogas ubicada en el Prado.

Aunque, según supo El País, Marset se deslinda de cualquier vinculación con el autor del atentado a la sede policial.

En la reunión, Pérez trasmitió a Moratorio que estaba dispuesto a analizar un acuerdo abreviado con Marset al igual que los que firma habitualmente con otros imputados por distintos delitos. No obstante, Pérez trasmitió al abogado que había una posibilidad de que Marset debiera enfrentar una medida cautelar de prisión preventiva y luego sería extraditado.

En el marco de esos contactos en la Fiscalía, Moratorio también se reunió con el fiscal Rodríguez para estudiar la posibilidad de que familiares de Marset sean enjuiciados en Uruguay. Rodríguez descartó de plano esa opción y explicó que había un tratado vigente con Paraguay. Es decir, Rodríguez planteó una tesis similar a la de Pérez.

Por último, en la reunión con la fiscal Ferrero y Moratorio, no hubo avances de ningún tipo.