El Ministerio del Interior presentó este martes el libro blanco del sistema penitenciario, una investigación liderada por la socióloga Ana Vigna, que tuvo como objetivo hacer un diagnóstico de las cárceles uruguayas, para luego dar recomendaciones para mejorar a corto, mediano y largo plazo.

"El eslabón más débil del sistema penal uruguayo". Así definió al sistema penitenciario en uno de los capítulos del texto el coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas de la cartera, Diego Sanjurjo.

La realización del libro blanco implicó una inversión total de US$ 100.000, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) costeó el 70%.

Antes de comenzar el análisis, los académicos plantearon la situación actual del sistema penitenciario uruguayo y regional, y destacaron que según estimaciones del BID, el crimen representa más del 3% del PBI a nivel regional. En Uruguay, el 65% de los presos que retoman su libertad vuelven a reincidir antes de los tres años.

Entre 2000 y 2023 la población general creció un 2,8%, mientras que el número de privados de libertad aumentó un 243%, alcanzando una tasa de 432 reclusos por cada 100.000 habitantes, siendo la mayor en América del Sur y una de las más altas en el mundo.

"En América Latina las cárceles se han convertido en incubadoras de crimen organizado, donde bandas criminales menores evolucionan hasta convertirse en organizaciones capaces de disputar la autoridad estatal abiertamente", escribió Sanjurjo en un pequeño capítulo del documento, aunque aseguró que en Uruguay todavía no se ha llegado a ese punto "y no pareciera que pueda ocurrir a corto plazo".

Según los autores del documento, se trata de "un aporte más" para contribuir en la mejora del sistema penitenciario.

El trabajo fue desarrollado, además, en el marco de las 16 medidas que surgieron de un acuerdo interpartidario firmado en 2023.

Uno de los objetivos del trabajo fue dejar lineamientos estratégicos de trabajo y poner sobre la mesa medidas a tomar de cara a los próximos años.

Que el sistema penitenciario sea tratado con políticas de estado, fue una de las recomendaciones de Vigna, que también destacó la necesidad de potenciar las medidas alternativas a la prisión, reorganizar la arquitectura de las cárceles, "dignificar y profesionalizar" al personal, y la necesidad de un compromiso político.

Para eso, ven necesario que se aplique un enfoque de derechos humanos, así como "integralidad e interinstitucionalidad", y una intervención técnica que esté orientada a la disminución de la reincidencia.

Con respecto a las medidas alternativas a la prisión, explican que en Uruguay existen casi dos personas presas por cada una que está llevando adelante una medida alternativa, lo contrario a la tendencia mundial.

Actualmente hay 9.215 medidas alternativas distribuidas en todo el país, para las que la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA) cuenta con 154 funcionarios, de los cuales el 90% se desempeña en Montevideo y el Área Metropolitana.

Otro concepto, que ya ha sido mencionado a lo largo de la campaña electoral por ambos bloques políticos, es el de sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior para transformarlo en un organismo descentralizado y con un presupuesto propio.

En 2023, el INR tuvo gastos por $ 5.229.720.338; el 79,8% estuvo destinado a remuneraciones, el 19,6% a funcionamiento y el 0,7% a inversiones.

Además, se propone la creación de un Consejo Penitenciario en el que se definan "lineamientos estratégicos", objetivos, responsabilidades y financiamiento.

Con respecto al personal penitenciario, se destaca la necesidad de "profesionalizarlo y dignificarlo". Para diciembre de 2023, el INR contaba con 3.990 funcionarios para cerca de 15.000 reclusos, realizando 12 horas diarias, a veces incluso con recargas de 6 horas por semana.

Por último se mencionaron las principales falencias del sistema penitenciario, ya destacadas por los informes del Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, como algunos casos de hacinamiento crítico.

"Se requiere que la opinión pública y el sistema político se comprometan en este proceso", aseguran los académicos, "para que una estrategia de reforma penitenciaria pueda efectivamente llevarse adelante y ser sostenida en el tiempo".