Por Maite Beer
Una llamada ingresa al comando unificado del 911. La voz está distorsionada y alterada: “Hay una bomba en el salón principal del Liceo Zorrilla y en 40 minutos va a explotar”, y corta de repente. Se dispara el procedimiento de rutina y la Policía inmediatamente deriva el caso a Bomberos, que a su vez le informa a la Brigada Antiexplosivos para que esté alerta.

Bomberos envía una dotación de incendio con cuatro funcionarios y desaloja el centro por precaución para después inspeccionar cada recoveco y así poder detectar algún objeto extraño: bolsos, cajas u otros contenedores que no suelen estar en el liceo o UTU.

En caso de que no hallen nada, entonces el local es “entregado bajo acta” al director del centro educativo para que luego se continúe con las actividades. Pero si se encuentra algo extraño, entonces entra en acción la Brigada Antiexplosivos para la desactivación del objeto sospechoso.

En 2022 hubo 129 llamadas al 911 por amenaza de bomba a centros educativos de Montevideo y Canelones, mientras que en 2021 fueron 87 y en 2020 -cuando la presencialidad fue menor por la pandemia- el número se redujo a 12. En tanto, en lo que va del 2023 la Policía recibió 22 llamadas por amenazas de bomba a estas instituciones. El año pasado las llamadas se concentraron en abril y mayo, con 26 y 35 denuncias respectivamente.

Hasta el momento nunca se ha detectado una bomba real en un centro educativo a partir del regreso a la democracia en el país. Siempre se trata de bromas que los estudiantes realizan para, se presume, perder clases. Sobre todo se da en períodos de exámenes. A lo sumo, Bomberos ha encontrado bombas brasileras o petardos, y estos nunca produjeron lesiones a alumnos o docentes.

Si bien las “bromas” con amenazas de bomba son un clásico entre los adolescentes, al día de hoy siguen significando la activación de protocolos que involucran a la Policía, Bomberos y el Ejército. Cada “chiste” le cuesta tiempo, recursos y dinero al sistema de seguridad.

“Aunque siempre se trata de bromas, nosotros debemos actuar como si esa simulación de bomba fuera una bomba real”, dijo a El País el director de la Dirección Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño.

Aunque quizá los uniformados revisen salones y corredores sabiendo que no van a encontrar nada, no pueden dejar una cuestión de tal magnitud al azar. Porque el día que sí se trate de un explosivo, todas las instituciones deben estar más que alerta. “Es muy difícil hacer entrar en razón a los adolescentes, que no valoran el gasto y el desplazamiento que deben hacer tres instituciones distintas. Si lo valoraran, no lo harían, pero priorizan el evitar un examen o tener clase”, señaló Riaño.

Al mediodía del sábado 3 de octubre de 2009 una moto estacionó frente a una casa de la calle Plutarco, en el barrio del Buceo, mientras que Miriam Mazzeo, directora de Recursos Humanos del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), saludaba a una vecina.

El hombre se bajó y le entregó un paquete identificado con el logo de una empresa de correo internacional. La mujer tomó la encomienda, ingresó a su casa y segundos más tarde se escuchó una fuerte detonación. Su muerte ocurrió en el acto y la explosión también destruyó parte de su casa.

Según informó a El País en su momento el jefe de la Brigada Antiexplosivos, Mazzeo recibió una garrafa de tres kilos que había sido rellenada con pólvora negra altamente explosiva.

Además de la mujer, ese día se encontraba en la vivienda Facundo, de 14 años, amigo de su hijo. Dormía cuando detonó el paquete y las heridas de la explosión exigieron su traslado a un CTI. Más tarde se recuperó. Momentos después de la tragedia llegó Carlos Díaz, esposo de Miriam, que debió ser contenido por familiares y vecinos tras un agudo shock emocional.

La primera hipótesis apuntó al ámbito familiar porque el padre de la víctima había fallecido recientemente y se habían producido discrepancias internas en torno a una herencia, pero al indagar a los hermanos esto perdió fuerza.

La teoría que más tomó cuerpo estaba vinculada a un retirado militar que ocupó un puesto jerárquico en el ISEF. El hombre estuvo en un nivel de jerarquía antes de que la institución pasara a la órbita de la Udelar. Mazzeo había tenido reiterados problemas con el militar retirado, que había continuado en funciones como subordinado suyo y la había amenazado varias veces. Sin embargo, la vinculación del hombre al crimen no pudo ser probada.