EN PAYSANDÚ
Un enfermero de 43 años de edad fue condenado a dos años de prisión efectiva tras comprobarse que abusó sexualmente de un niño de 11 años de edad.
La agresión se produjo en momentos en que la madre del niño se encontraba trabajando y había dejado el niño al cuidado del enfermero, un antiguo amigo de la familia.
El hecho ocurrió en una localidad del interior del Paysandú, según informó ayer El Telégrafo. La decisión de la Justicia implica que pase el período de reclusión en la prisión local del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Durante el ataque, la víctima tuvo ocasión de tomar una fotografía con el celular del enfermero mostrando lo que estaba sucediendo y enviársela vía WhatsApp a su madre. De esa forma, la mujer pudo ir al rescate de su hijo.
Desesperada, la mujer radicó una denuncia policial.
Ante los funcionarios policiales la madre relató que todo ocurrió en momentos en que ella se hallaba trabajando y que recibió un mensaje por WhatsApp por parte de su hijo que le indicó que no estaba solo en la casa, agregando una fotografía de lo que el depravado le estaba haciendo.
Por otro lado, informó que el vínculo entre la familia con el abusador era de confianza, por lo que además de la aberración cometida, la denunciante manifestó su dolor ante la traición.
Continuadas las actuaciones por personal de la comisaría séptima de Paysandú, fue detenido un sujeto de iniciales M.M., un enfermero que trabaja en un centro asistencial de la vecina ciudad de Salto.
Enterada de la situación, la Fiscalía de turno de Paysandú dispuso que se le tomara declaración al detenido.
Tras las investigaciones de rigor, y con las debidas precauciones debido a la delicadeza del caso, se resolvió trasladar la situación ante el juez competente.
Ante el juez letrado, la Fiscalía presentó la formalización de la investigación criminal y posteriormente se acordó un juicio abreviado respecto al depravado. De esa manera, el enfermero fue imputado y condenado por “un delito de abuso sexual especialmente agravado”, imponiéndole como pena dos años de prisión efectiva y cuatro meses de cumplimiento de medidas sustitutivas a la prisión; además de un resarcimiento económico a la familia de la víctima ante el perjuicio ocasionado.
El caso provocó conmoción en la sociedad sanducera, tanto de la ciudad como del interior del departamento.