El femicidio de Valentina Cancela a manos de su exnovio, ambos de 17 años, también ha desatado una ola de reclamos hacia el sistema de seguridad y de justicia. Muchos, incluyendo la familia de la víctima, aseguran que hubo una falla del Estado para garantizar la protección de la ahora fallecida. Ayer en rueda de prensa, su madre Liliana Sarmoria fue contundente al respecto: “¿Esto se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado. Cuando una madre hace una denuncia y pide ‘por favor, tomemos más medidas’. A través de una tobillera, o a través de lo que sea…”.

Tal como informó a El País el Poder Judicial, fue la propia madre de Valentina quien efectuó la última denuncia contra el exnovio de su hija, el 29 de junio de este año, por agresiones físicas y verbales hacia la adolescente. Como parte de la denuncia, Sarmoria había solicitado medidas cautelares contra el ahora imputado.

En ese momento, la jueza subrogante de 2° Turno del Juzgado Especializado en Violencia Basada en Género de San Carlos, Dina Mustafa Salim, fue puesta al tanto de la situación y, mediante una resolución judicial, dispuso “intimar a los menores a un buen relacionamiento”, así como “intimar a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”. El 15 de febrero también hubo otra denuncia del exnovio hacia Valentina y la jueza también dispuso “notificar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad”.

Frente al desenlace fatal, familiares y amigos, asociaciones civiles feministas, autoridades del Liceo de Punta del Este -en donde estudiaba Valentina- y jerarcas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía están de acuerdo en que “falló el sistema”. Hay consenso en cuanto a que este femicidio se podría haber evitado.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se expresó ayer en ese sentido: “El fiscal dijo que había fallado el sistema, yo creo que tiene razón. Nosotros somos auxiliares de la Justicia, no podemos determinar por nosotros mismos, la Policía. Pero nadie se quiere sacar responsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, de no haber previsto esta situación. No se previó”.

Consultado sobre el motivo por el que no se le colocó tobillera al ahora imputado ni se ofreció custodia, Heber explicó que la Policía trabaja como “auxiliar de la Justicia”. “No podemos poner la tobillera porque queramos, si no es con autorización judicial”, agregó.

Entre los organismos estatales, Interior no fue el único que se posicionó de esta manera. El vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, también fue consultado sobre el motivo por el cual esta institución no actuó antes y detalló que las denuncias fueron intervenidas por un juzgado especializado en familia, pero nunca llegaron a Fiscalía. “Fiscalía actualiza su actuación. A esta familia el sistema (de Justicia) no le dio la respuesta que merecía”, dijo Benech.

El subdirector del Liceo de Punta del Este, Gustavo Opizzo, también opinó que este femicidio se produjo ante la falta de respuesta de la Justicia. “No soy experto en el manejo de la Justicia, pero si había denuncias sí tiene que intervenir la Justicia porque si no, ¿para qué se hace la denuncia? Si hay conocimiento y no intervienen, se está cometiendo una omisión”, apuntó el profesor.

Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, analizó el caso y dijo que se trata de un “problema profundo, sistémico”. “Todo el mundo mira para el costado. Esos gurises iban a instituciones educativas y estas comunidades, ¿para dónde miraron? Ambos recibían asistencia psicológica, ¿el sistema de salud para dónde miró? Ninguna institución asume las responsabilidades que tiene que asumir”, aseguró la experta.

En lo que va de 2023 hubo 15 femicidios aclarados, según informaron a El País desde Interior. Diversas organizaciones feministas indicaron, no obstante, que el total de femicidios que se produjeron este año, hasta la fecha, fueron 19.

En Montevideo existen 12 turnos de Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual y en el resto del país hay tres turnos, uno en Pando y dos justamente en San Carlos. Tanto Herrera como Andrea Tuana, líder de la Intersocial Feminista, manifestaron que los juzgados “están absolutamente desbordados”.

“Las denuncias en materia de género están en un franco deterioro hace muchos años”, opinó la trabajadora social y directora de la asociación civil El Paso y también señaló que es necesario que más jueces y funcionarios de la Justicia se especialicen en cuestiones de género.

Herrera también subrayó que el Poder Judicial podría hacer una reingeniería de los juzgados para que haya más sedes especializadas en violencia doméstica y de género. “Pero no hay voluntad política. No hay un sistema eficaz de protección, votaron leyes sin plata”, dijo la doctora en Ciencias Sociales. A Herrera le indigna que a pesar de que los femicidios son la primera causa de muertes violentas entre las mujeres, el presupuesto que se destina para este tema es “totalmente insuficiente”.

Ambas están de acuerdo en que este problema se debe atacar desde la educación, incluyendo asignaturas sobre derechos humanos, prevención de la violencia o educación sexual.

El exnovio de Valentina Cancela, de 17 años, fue imputado el jueves por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y, tal como informó El País, el joven no mostró arrepentimiento en la audiencia. “Para nada, no mostró. Es más, cuando él sale en un momento, como que hasta mira (a alguien que lo estaba filmando), saluda”, aseguró Liliana Sarmoria, madre de la asesinada, ayer en rueda de prensa.

“Después de que cometió toda esta atrocidad, a él se le da por ir a su casa y dormirse una siesta”, añadió. “Inclusive en un momento lo que comenta es que va a su casa a levantar un póster para darle (a Valentina), cuando lo que iba (a buscar) era la pala para enterrar a mi hija”, aseguró la mujer.

Según la confesión del joven, a la que accedió El País, antes del crimen estaba discutiendo con Valentina en la playa. Estaba sentado detrás de ella con las piernas abiertas. En medio de la discusión, se molestó y la agarró del cuello. Luego la apretó con fuerza contra su cuerpo hasta que la adolescente dejó de respirar.

“Esto no es un caso de que la empujó, o hizo alguna macana y llama a alguien... Él la mató, fue premeditado. Fue un femicidio”, enfatizó Sarmoria.

“No me lo puedo cruzar, de ahora en más. No estoy lista para cruzármelo. Soy un ser humano, y soy una persona de trabajo. Decidí trabajar en un lugar para ayudar gente y he visto muchos casos de chicas golpeadas y todo, pero esto cuando te toca de cerca... Era una nena que tenía toda una vida por delante”, expresó la mujer, funcionaria de ASSE.

“Yo viví y nací para ser mamá, no tengo por qué estar viviendo esto. Una separación podés superar, que pierdas un ser querido ante una enfermedad también, pero esto de mi hija no puedo. No tengo palabras de consuelo. Lo único que tengo que hacer es reunir fuerzas con la gente que me quiere”, indicó.

“Lo que pido es justicia, por favor. No puedo hablar más”, concluyó sensibilizada.