Redacción El País
En entornos digitales, un agresor sexual de menores demora -en promedio- tan solo 10 minutos en pedirle fotos a sus potenciales víctimas. A los 12 minutos ya habrá hecho menciones sexuales y a los 50 habrá solicitado un encuentro, reveló una investigación del gobierno de Estados Unidos en 2017.

Al margen de los múltiples beneficios de las nuevas tecnologías y plataformas, Uruguay no está exento del actual escenario de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es uno donde las herramientas digitales cobran cada vez un rol más protagónico, conviviendo con los espacios tradicionales y dando más facilidades a los explotadores, que pueden residir en cualquier parte del mundo y acceder a más métodos de pago y formas de consumo.

En este marco es que el 7 de diciembre se dará a conocer tercer Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Aprobado ya por el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), resta la firma del presidente Luis Lacalle Pou para que se convierta en el decreto que orientará la política pública durante el próximo quinquenio (2023-2028).

Esta hoja de ruta -que fue diseñada con los aportes de distintos ministerios, organizaciones civiles, fiscales y jueces- tendrá cinco grandes ejes, adelantó a El País el presidente del INAU, Pablo Abdala. Estos son: “la generación y apropiación de conocimientos; la capacitación y formación; la promoción de derechos y sensibilización; el abordaje y apropiación de derechos; y el fortalecimiento de la intersectorialidad”.

A diferencia de las anteriores ediciones del plan, esta pondrá especialmente la lupa en los entornos digitales. El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia (Conapees) -que lideró el proceso de elaboración- propone generar y sistematizar la información del fenómeno en Uruguay, para atacarlo con mayor asertividad.

Como preámbulo, la institución impulsó un estudio que analizó las metodologías ya utilizadas en otros países para evaluar su eficacia y saber si son extrapolables a Uruguay. Este relevamiento fue llevado adelante por investigadores del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con fondos de Naciones Unidas.

“Nos llevó bastante tiempo tomar conocimiento de que hay un nuevo escenario. Porque a veces, por más obvio que parezca, hasta que la casuística no aporta, la academia no investiga o la sociedad no se apropia de un tema, parece que lo evidente permanece invisible”, señaló a El País el presidente del Conapees, Luis Purtscher.

El sociólogo señaló que a nivel mundial hay un cambio en los perfiles de las víctimas y de los explotadores, y que esto comienza a reflejarse en Uruguay. Por eso remarcó la importancia de sistematizar los datos.

“En la mayoría de los casos, antes había una dependencia casi que absoluta a razones de pobreza o de vulnerabilidad económica. Si bien sigue habiéndola, el uso de estos nuevos escenarios extiende el riesgo a todas las clases sociales”, ejemplificó Purtscher.

El presidente del Conapees valoró que el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no fue acompañado con “políticas públicas de amortiguación del impacto”. “Si miramos el tiempo que pasan nuestros gurises navegando en internet, sin una persona adulta que los cuide, se hace cada vez más necesaria la construcción de formas de educación de ese internauta, aunque sea un niño o un adolescente, en términos de saber cuidarse”, agregó.

Estudios realizados en otros países señalan, por ejemplo, que los contenidos donde se ve a menores siendo abusados son más gráficos y violentos a medida que disminuye la edad de las víctimas. Y que la violencia es aún más explícita en el caso de los varones.

Además, la detección de las situaciones de explotación sexual en entornos digitales se complejiza por el uso de estrategias de encriptado por parte de los agresores, la falta de recursos humanos para el análisis de las evidencias, entre otros factores.

Purtscher mostró la contracara más luminosa de este cambio de paradigma: “A diferencia de lo que sucedía antes, cuando la explotación sexual comercial era cara a cara, con las tecnologías de la información se deja una huella que puede constituir una prueba”.

Aunque también dijo que desde hace años faltan dispositivos y recursos para lograr que esas víctimas se restituyan. “¿Qué pasa después de que termina la parte policial y judicial? ¿Cómo se generan las condiciones para que ese niño o adolescente -que fue una cosa, una mercancía que circuló en el mercado del sexo- pueda constituirse en ciudadano? El día después, ese es el obstáculo principal”, sostuvo.

Por su parte, Abdala marcó que desde 2004 -cuando se aprobaron el Código de la Niñez y la Adolescencia y la ley que penaliza la explotación sexual comercial de menores- ha habido una “mejora continua”. Según el presidente del INAU, convive “la creciente preocupación, que por momentos se vuelve alarma, por el incremento de los casos” con “la constatación de que el país viene dando pasos en el sentido de mejorar la respuesta”.

“Puede confirmarse que la explotación, en vez de normalizarse, está cada vez más identificada en la consciencia pública como un enemigo al que hay que enfrentar, de manera conjunta y perseverante”, dijo.

“El daño que los niños padecen como consecuencia de la violencia, y el que deriva del abuso y la explotación sexual de los y las adolescentes, representa siempre una grave vulneración. Abyecta y vergonzante. Condiciona el crecimiento y desarrollo de los sujetos de derecho, con frecuencia de manera irreversible, afecta la trayectoria educativa y, en general, la promoción de los derechos. La restitución y la reparación resultan especialmente desafiantes, por lo que asumir el tema en toda su gravedad, complejidad y alcance, se vuelve un imperativo ineludible”, sostuvo.