Redacción El País
El Ministerio del Interior envió el miércoles 5 a todos los partidos políticos con representación parlamentaria el informe final de discusión sobre seguridad pública.

El documento fue elaborado en base a iniciativas de técnicos expertos en seguridad de Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Cabildo Abierto y PERI. Requirió siete meses de trabajo donde participaron 20 académicos y ocho organizaciones sociales.

“Fue una tarea ardua. El informe es muy heterogéneo. Procura que el sistema político llegue a un acuerdo sobre políticas de seguridad pública a implementar a corto, mediano y largo plazo. En la elaboración del documento hicimos un esfuerzo para incluir las propuestas de todos los partidos políticos”, dijo a El País Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior.

Finalmente, el equipo elaboró 16 medidas de seguridad reunidas en un informe titulado “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva-Informe Final de Discusión Interpartidaria (ESIP)”.

El documento propone, por ejemplo, mejoras en los sistemas de información del Ministerio del Interior; medidas de prevención de delitos social y comunitaria y acciones de prevención policial. También enumera propuestas de los partidos políticos ya en ejecución como la apertura y reformas de seccionales, cambios en el sistema carcelario y aumento del salario de policías, entre otras.

Las siguientes son las principales medidas de seguridad promovidas por el documento titulado “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”:

Las encuestas de victimización son instrumentos de recolección de información cuantitativa que miden la vivencia de haber sufrido delitos, en forma personal o de los miembros del hogar. Este tipo de relevamiento puede hacerse con periodicidad anual o bianual.

Según el informe, las encuestas de victimización ofrecen un panorama integral y detallado de la delincuencia y sus consecuencias, complementando la información entregada por los registros administrativos del Ministerio del Interior.

En Uruguay solo se han implementado dos encuestas nacionales de victimización. La primera se realizó en 2011, a partir de un convenio con una empresa consultora privada y no cumplía con los estándares internacionales para este tipo de instrumentos, explica el documento. Y agrega que la segunda se llevó a cabo en el año 2017, a partir de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el documento, los proyectos de seguridad integral se ejecutarán primero en formato piloto priorizando territorios de Montevideo con niveles altos de inseguridad y en los cuales se estén llevando planes de mejoramiento barrial (obras de saneamiento, asfalto, plazas, etc.).

El Consejo de Casavalle del Plan Cuenca de Casavalle sirve como principal precedente de los Consejos Barriales, la primera estructura operativa de los proyectos de seguridad integral.

“A diferencia del Consejo de Casavalle, sin embargo, los Consejos Barriales deben estar conformados por un número menor de participantes, buscando así una mayor eficiencia y dinamismo”, reza el informe.

Y plantea que los Consejos Barriales deberán tener un respaldo legal y normativo que defina el alcance de sus funciones y potestades.

Si bien los objetivos de las intervenciones deben decidirse en base al trabajo colaborativo e interinstitucional, la coordinación de los Consejos Barriales será responsabilidad de los municipios y alcaldes respectivos, agrega el documento.

Entre 1990 y 2022, los homicidios aumentaron un 86% en Uruguay, con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasando de 6,6 a 10,2. Su máximo histórico se dio en 2018 (12 homicidios por cada 100.000 habitantes), con aumentos relevantes adicionales en los años 2012 y 2022. El documento del Ministerio del Interior destaca que los homicidios asociados a conflictos criminales, tráfico de drogas o ajustes de cuentas han ido aumentando paulatinamente con los años.

Por ello propone la realización de un estudio de los homicidios en Montevideo para diagnosticar el fenómeno y focalizar las iniciativas de prevención; la contratación o creación de una ONG a cargo de la ejecución operativa y la puesta en marcha de una unidad ejecutora constituida por coordinadores de experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables. También plantea la creación de un equipo de líderes comunitarios y mediadores criados en las zonas de tratamiento, con experiencia y conocimiento personal del ambiente, y capacidades sociales y de mediación, entre otras medidas. Propone, además, la implementación del programa piloto en zonas seleccionadas de alta concentración delictiva.

Si bien la Policía Comunitaria tiene sus orígenes en 2012, una serie de obstáculos -vinculados sobre todo a conflictos y resistencias organizacionales, así como a la falta de recursos humanos y materiales idóneos- ha impedido su consolidación y desarrollo, sostiene el documento del Ministerio del Interior. En el texto se recomienda el fortalecimiento de la Policía Comunitaria con el objetivo de su consolidación como modelo efectivo de trabajo policial preventivo en la Jefatura de Policía de Montevideo y su instauración en las jefaturas departamentales del interior del país.

Según el documento, la creación de un Ministerio de Justicia va más allá de las políticas de prevención terciaria. Un Ministerio de Justicia puede estar a cargo de la administración del sistema de justicia, asistir al Poder Ejecutivo en las relaciones con el Poder Judicial, facilitar el acceso y la protección de los derechos humanos, o promover la modernización de la legislación nacional, entre otros cometidos.

El informe propone que el Ministerio del Interior coordine un ámbito de discusión interpartidario para estudiar y definir la creación de un Ministerio de Justicia que pudiera entrar vigencia en la Legislatura L (2025-2030).