Un relevamiento del Ministerio del Interiorarrojó que de las 2.100 tobilleras -disponibles para aplicarse en casos de violencia doméstica-, hay 250 que -según el entender de la cartera- están siendo utilizadas de forma “dudosa” y por eso la Justicia debería “revisar” cada caso.

Hay situaciones en que quienes las tienen se fueron del país, otras en que las personas utilizan el dispositivo desde hace dos años -cuando lo recomendado es que esta medida no se extienda por más de seis meses- e incluso hay quienes cargan con dos tobilleras, una como agresor y otra como víctima.

El martes pasado, en la sede del Ministerio del Interior, se celebró una reunión de la Comisión Interdisciplinaria para el Programa de Monitoreo Electrónico en el tema de la violencia doméstica. Es un órgano que se conformó por iniciativa de la cartera y que está integrado, también, por Fiscalía, el Poder Judicial, Inmujeres (que está bajo la órbita del Mides) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), aunque al encuentro de la pasada semana no fue ningún representante de este organismo.

La misión de este cuerpo es analizar y generar una coordinación entre todas las instituciones que trabajan en el combate de la violencia doméstica, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las tobilleras, que sirven para evitar un acercamiento entre quien sea denunciado como agresor y la presunta víctima.

Esta reunión tuvo lugar luego de que en enero pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhortara a los jueces a hacer un “uso responsable” de las tobilleras electrónicas, y también pidiera a los magistrados que realicen un relevamiento de los casos para determinar si se puede disponer de una alternativa al Sistema de Monitoreo Electrónico.

Seis meses más tarde, Pablo Abdala, subsecretario del ministerio, sostiene a El País que la secretaría ha detectado “situaciones preocupantes”, datos de los que se desprende que hay “tobilleras subutilizadas, otorgadas en casos en que no tiene sentido” usarlas.

El gran problema de esto, continúa Abdala, es que hay casos de violencia doméstica que justificarían el uso de tobilleras, pero estas muchas veces no están disponibles. Esto también genera un perjuicio económico para el Estado, pues cuando no se puede colocar el dispositivo electrónico lo que la Policía debe hacer es destinar seis funcionarios para que se encarguen de vigilar al denunciante y al denunciado.

“Se necesitan dos policías por turno. Son tres turnos de ocho horas. Son seis funcionarios por día”, explica Abdala. Hoy hay 57 situaciones de estas características.

Pero más allá del perjuicio económico, lo que sucede es que aunque “la tobillera, se supone, es menos invasiva para la víctima”, esta “no deja de ser estigmatizante” si se usa por tiempos prolongados.

Una acordada de la SCJ y un protocolo del Ministerio del Interior establecieron un plazo máximo para el uso de tobilleras de seis meses. Abdala advierte que, “obviamente, hay casos que requieren cierta flexibilidad”, pero nunca llegar a un período tan largo como de dos años, como se detectó en ciertas ocasiones. “Así lo transitorio se vuelve definitivo, y lo que hay es un tema de violencia doméstica que no se termina de resolver”.

Entre las 250 situaciones hay casos en los que se adjudicó una tobillera por orden verbal de un juez, pero luego no se hizo una valoración de riesgo. “Consta que las situaciones se resolvieron de alguna manera, pero se siguen usando las tobilleras”, dice Abdala.

También hay situaciones en las que el presunto agresor se fue del país con la tobillera puesta, sin embargo estos casos no llegaron a revisarse y los dispositivos siguen adjudicados en expedientes por violencia de género.

Otra posible falla de la que en la reunión del martes habló en el Ministerio del Interior, tiene que ver con el radio de no acercamiento. Se considera que lo prudencial son 500 metros, no menos. Sin embargo, en ocasiones se aceptan excepciones, y las restricciones pasan a ser de menos distancia. Para Abdala esto es un “contrasentido, es hacernos trampas al solitario, y es hacerle muy difícil el trabajo a la Policía”.

Hay casos en que una sola persona tiene dos tobilleras, una como víctima y otra como victimario, por dos relaciones distintas.

La mayor queja del ministerio hacia el Poder Judicial y Fiscalía se dio por un par de casos en que, incluso, el uso de tobilleras fue ordenado por la Justicia en dos departamentos distintos. Por ejemplo, hay un hombre que tiene dos tobilleras, por una agresión y una denuncia, por situaciones presuntamente cometidas en Salto y Artigas. “O sea, intervienen dos juzgados distintos. Es un evidente problema de comunicación que lleva a este absurdo”, dice el jerarca de Interior.

En 2023 fueron formalizados o condenados por destrucción de tobillera o desacato 325 personas. De estas, a 182 se las condenó por desacato y 143 por el Art. 359 bis del Código Penal, el que fue incorporado con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El 359 bis establece que “el retiro no autorizado o la destrucción, total o parcial, de medios o dispositivos de rastreo y control electrónicos (…) será castigado con una pena de diez a dieciocho meses de prisión y con 20 UR (Unidades Reajustables) a 900 de multa”, o sea desde unos $ 34.400 a $ 1.548.000. Este dinero, establece el artículo, será invertido en más dispositivos electrónicos.

Pero pese a la norma, este es un delito que parece crecer a pasos agigantados, pues en 2022 fueron 239 los condenados por desacato o destrucción de tobillera.

En la mayoría de los casos, el desacato tiene que ver con un acercamiento por parte del indagado al denunciante.

Otra discusión que estuvo sobre la mesa del Ministerio del Interior el martes, fue si era legal que niños y adolescentes tuvieran tobilleras electrónicas. Esto a raíz de que la cartera detectó que hay 60 casos de estas características.

Abdala, que antes de asumir como subsecretario fue presidente del INAU, dice que “la mayor preocupación” es por 10 situaciones en que los menores que tienen los dispositivos están institucionalizados en algún centro de este organismo.

“Esto representa un riesgo de vulneración de esos adolescentes, y una estigmatización. Si un joven está en el INAU, está institucionalizado; el Estado es responsable, así que no debería tener tobillera ninguna”, sostuvo el jerarca.

Cuando asumió este gobierno, había 1.200 tobilleras. Hoy hay 2.100 y se espera terminar el período con 2.300.

Foto: Francisco Flores.

Se presentaron 43.245 denuncias por violencia doméstica en 2023, más de 2.000 denuncias más que en 2022 y casi 3.500 denuncias más que en 2021, según los datos que presentó en marzo el Ministerio del Interior.

Del total de los casos denunciados el pasado año, 72% de las víctimas fueron mujeres y 75% de los indagados fueron varones. Las tasas más altas de denuncias son del interior del país, particularmente en localidades de Lavalleja, San José y Paysandú.

El ministerio también indicó que en 2023 hubo 56 homicidios de mujeres, ocho más que en 2022 (48) y 16 más que en 2021 (40). Un 39% de este total están relacionados a situaciones de violencia doméstica, 25% son casos “no domésticos”, 23% permanecen en investigación y 13% ocurrieron a raíz de una rapiña o copamiento.

En cambio, los tipificados como femicidios fueron 23 el pasado año, cinco menos que en 2022 (28) y cuatro menos que en 2021 (27).

Además, el programa de tobilleras electrónicas registró la colocación de 3.277 tobilleras el año pasado, por casos en los que 96% de las víctimas fueron mujeres y 97% de los ofensores fueron hombres. En 2022 eran 2.811 las tobilleras colocadas y 2.586 en 2021.

En cuanto a los delitos sexuales, en 2023 se denunciaron 3.328 casos, de los cuales 82% de las víctimas fueron mujeres. Estos números representan una baja de 45 denuncias menos que en 2022 (cuando fueron 3.373).