Redacción El País
Rafael Silva y Valeria Campos, abogados de la familia de Natalia Lagos (23) ultimada por su expareja Óscar Daniel Ferradans el miércoles 2, analizan documentos para determinar si existió o no omisión del Estado luego que la joven denunció haber sido golpeada.

Silva relató a El País que, luego de que Natalia realizó la denuncia, la Justicia Especializada en Violencia Doméstica determinó para el feminicida medidas de no comunicación y no acercamiento.

Ambos abogados pretenden tener acceso al protocolo de la Unidad Especializada de Violencia de Género para determinar si los policías que controlaban los cumplimientos de las medidas judiciales actuaron conforme a derecho o no. “En los próximos días vamos a hacer un profundo estudio para formar una opinión sobre este caso”, dijo Silva.

Una de las preguntas que se hacen los abogados de la familia Lagos es si la Justicia actuante debió determinar o no la colocación de una tobillera electrónica a Ferradans luego de la denuncia de Natalia.

El abogado expresó que este tipo de medidas se aplican en base a informes realizados por la Justicia y por la Policía en función de la peligrosidad del denunciado y si la víctima sabía que corría peligro o no.

El abogado señaló que para obtener toda la información sobre el perfil del matador y de la víctima es clave la participación de especialistas del Instituto Técnico Forense (ITF).

Consultado sobre si iniciará acciones por una supuesta omisión del Estado, Silva respondió: “Eventualmente puede haber responsabilidad del Estado (en la muerte de Natalia Lagos). Es posible que la Justicia debió ordenar pericias sobre el denunciado y tobilleras. Pe- ro todavía estamos en la etapa de análisis de los documentos”.