El año pasado en Uruguay se denunciaron más de 13 mil vehículos robados. El dato implica 35 hechos de este tipo cada día del año 2022. Solo en uno de cada cinco casos, el vehículo pudo ser recuperado. Se trata de un delito que, luego de un descenso durante la pandemia, retomó la tendencia al alza que se venía experimentando en los últimos años. En relación con 2005, la cifra del año pasado supone un incremento de 156%.

Los datos corresponden al último informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y sirven de base a un proyecto de ley que la senadora colorada Carmen Sanguinetti (Ciudadanos) presentará la próxima semana ante la cámara y cuyo eje central es la creación de una nueva figura delictiva que procure desalentar este accionar: la “clonación”.

En diálogo con El País la legisladora advirtió que se trata de un delito que suele pasar desapercibido ante la ocurrencia de hechos más serios, pero que no deja de ser de gran trascendencia para las víctimas. El vehículo, apuntó Sanguinetti, suele ser la primera o la segunda pertenencia de mayor valor para las personas, y en muchos casos su instrumento de trabajo. Así, agregó, las consecuencias del robo suelen ser sumamente onerosas.

En su proyecto la senadora alude al “claro letargo” que en materia legal tiene Uruguay con respecto a estos hechos, incluso frente a otros países de la región. Hoy el robo de vehículos quedará tipificado, según su modalidad, como hurto, rapiña, receptación o asociación para delinquir, pero en ningún caso constituye un agravante. Tampoco existe una figura legal específica para esta situación.

Lo que propone Sanguinetti es la creación del delito de “clonación de vehículo automotor”, penando la modificación, alteración o eliminación de los datos identificatorios del vehículo con entre seis meses de prisión a 10 años de penitenciaría.

El proyecto prevé como agravantes a su sustracción ilegítima que el robo tenga como objeto la posterior venta del vehículo, que en el hecho intervengan dos o más personas, o que el vehículo robado sea luego utilizado para cometer otros delitos. El proyecto incluye que el propio robo de vehículos sea considerado un agravante de los delitos de hurto y de receptación.

Basándose en la normativa vigente en Argentina, el proyecto propone imponer que todas las empresas aseguradoras estén obligadas a retirar las chapas y libretas de propiedad de los vehículos declarados “irrecuperables” de manera previa a su remate o disposición final, remitiéndolas a su departamento de origen para que sean dadas de baja. En caso de ser imposible su identificación, la información deberá remitirse al Congreso de Intendentes. También deberán informar mensualmente de todos los vehículos en esa condición, para evitar así el reempadronamiento interdepartamental.

Sanguinetti apela al informe de Fiscalía para revelar otro de los motivos más comunes del robo de vehículos: la falta de repuestos. “Crea un foco de demanda que los desarmaderos ilegales han buscado suplir” dijo la senadora, que ve una de las causas en la prohibición legal de importar autopartes usadas, vigente desde 2005. Así, la legisladora propone que el Poder Ejecutivo pueda otorgar excepciones, autorizando la importación de piezas que no sean fabricadas a nivel local y cuya demanda se encuentre insatisfecha.

Por otra parte, el proyecto plantea que todo vehículo nuevo deba contar con un marcaje de seguridad único y obligatorio, además de sistemas de protección contra su utilización no autorizada.

Sanguinetti reconoce que estas dos medidas deberían ser fomentadas a través de beneficios impositivos por lo tanto así se lo sugiere al Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa legal en esta materia.

El texto que ingresará la próxima semana al Senado plantea que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá informar, a requerimiento de Fiscalía, el tránsito por peajes automatizados de los vehículos con matrículas que estén requeridas.

Por último, el texto de Sanguinetti establece la puesta en funcionamiento de una “Comisión Honoraria”, integrada por tres delegados del Congreso de Intendentes, uno del Ministerio del Interior y otro de Presidencia.

Su objetivo, dice, será aunar acciones para corregir varias deficiencias. La principal: los disímiles procedimienhtos de reempadronamiento que existen en el país. Allí la senadora recuerda que solo la Intendencia de Montevideo obliga a que se efectúe una inspección al vehículo en forma previa.

Esta comisión tendría a su cargo además la inspección de talleres, concesionarias y desarmaderos a través de protocolos comunes, y la redacción de un informe anual que deberá presentarse ante la Asamblea General del Poder Legislativo y en el que deberá dar cuenta de su actuación y proponer eventuales modificaciones legales.

Los últimos datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería indican que al cierre de 2022 había en Uruguay 1.508.787 vehículos de todo tipo. De ese total, poco más de 606 mil era autos. También había 185 mil camionetas pick up, 63 mil utilitarios y 121 mil SUV y rurales. En todo el país había además el año pasado 446 mil motos. El dato lo completan 4.500 taxis, 56 mil camiones y 5.500 ómnibus.