La inseguridad es desde hace años un problema que impacta directamente en la ciudadanía y que los sucesivos gobiernos no han encontrado aún una solución. Pero, como si esto no importara, sigue siendo uno de los principales botines políticos de la discusión pública. Tan así es que ayer, en la presentación de cifras oficiales sobre delitos correspondientes al primer semestre de este año, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comenzó casi de entrada haciendo alusión a las críticas del Frente Amplio -que desde hace meses le pide su renuncia-, incluso antes de anunciar el primer dato.
Y empezó por el tema más engorroso para esta administración, que es el de los homicidios y que pese a una primera baja en 2021 -el año con menos asesinatos de este gobierno, y el más bajo desde 2018- luego subió al año siguiente y se han mantenido en niveles superiores a los de 2019. “Contrario a lo que se afirmaba por varios actores de que había habido un crecimiento -dijo entonces Heber en conferencia de prensa- no lo hubo, está estancado”. Pero de inmediato concedió en algo al permanente cuestionamiento de la coalición de izquierda, porque la baja de 1,6%, dijo, no puede considerarse como tal por su marginalidad. “Nosotros no podemos decir que la baja del 1,6% es un buen resultado. No lo es. Son tres homicidios menos. Pero tampoco es cierto lo que se afirmaba de que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios”.
Y además, comparado con 2019, como puede verse en las imágenes, los asesinatos -uno de los flancos más atacados por el actual oficialismo al fallecido ministro Eduardo Bonomi- aumentaron un 8,1%.
Uno de los dirigentes más activos del Frente Amplio en este tema es el senador Charles Carrera -quien fue director general de Secretaría en gran parte de los últimos dos gobiernos frenteamplistas-, y ayer ya cuestionó en Twitter que “a pesar de que el ministro Heber empieza a reconocer el fracaso de su gestión, sigue tratando de disfrazar la realidad con excusas”.
Discusión política aparte -si esto fuera posible-, los datos presentados ayer volvieron a ratificar la tesis de la cartera de que la mayoría de los homicidios son producidos en el marco de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. De hecho, el 52% se deben a este motivo, de acuerdo a la información procesada por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Y en el 79,9% de los casos -que en total en este primer semestre fueron 187- las víctimas tenían antecedentes penales o indagatorias.
Los hurtos, en tanto, siguen a la baja (5,9%), los abigeatos también (15,7%) y la violencia doméstica, con la complejidad que tiene, creció nuevamente (4,8%).
Asaltos
El otro delito que preocupa a la cartera por su directo impacto en la ciudadanía es la rapiña. Por eso, aunque Heber pareció no darle mayor importancia al incremento de 3,7% en comparación a la primera mitad de 2022 entendiendo que la evolución de las denuncias de este delito está estacionada, la realidad es que es otro de los temas que preocupa en la cartera de seguridad. Porque si bien las rapiñas, en la comparación anual, han bajado en todos los años de este período -y en comparación con el primer semestre de 2019 hubo un 20% menos- el objetivo de las autoridades es “revertir” lo que puede comenzar a ser una tendencia al alza.
La apuesta es a aumentar e intensificar los controles a los motonetistas, pues “está demostrado que la mayoría de las rapiñas no se cometen en auto sino en motos”, señalaron a El País fuentes policiales. “Vamos a poner énfasis en eso”, añadieron; es decir, se apuntarán las cargas contra “los famosos motochorros”.
Entonces será común ver cada vez más operativos en los que se detendrá a los motociclistas para conocer sus documentos, cachearlos si fuera el caso, y detenerlos sin más si están “en actitud sospechosa” o “paseando a horas extrañas”, indicaron los informantes.
El razonamiento es que bajando la rapiña no solo se reduce un delito que molesta especialmente a los ciudadanos sino también se previenen los homicidios derivados de los asaltos, que cuando ocurren ocupan grandes titulares en la prensa, como sucedió con la muerte del trabajador del supermercado TaTa de Parque Rodó semanas atrás. Este tipo de asesinato tuvo un incremento marginal en este primer semestre, pero a criterio del ministerio se mantiene bajo, en un promedio de 10 por año aproximadamente, inferior a los niveles que había en los gobiernos del Frente Amplio.
Hay otro dato más que destacan en la cartera, y es la baja del robo de vehículos, fenómeno que, como con los homicidios, prescinde de la variabilidad que puede representar la denuncia. Estos tuvieron una reducción de 1.601 respecto al primer semestre de 2019, pasando de un promedio diario de 51 a 42. Y esto, para el director general de Secretaría de la cartera, Nicolás Martinelli, “tira por la borda el argumento que manejan algunos de que los hurtos bajan porque no se denuncian ”, dijo a El País y agregó: “La baja de hurtos de vehículos es un indicador confiable porque para cobrar el seguro es necesario denunciar. Este indicador durante los 15 años del Frente Amplio creció un 250%”. Mientras que, si se comparan los años cerrados de 2019 y 2022, concluyó, hubo un descenso del 25%.
Los tres cambios legales que pide Heber
El ministro Luis Alberto Heber sigue atento la discusión en la Cámara de Diputados sobre la Rendición de Cuentas, entre otras cosas porque hay tres artículos puntuales relativos al Ministerio del Interior y a cambios en el castigo penal al narcotráfico que considera relevantes para efectivizar su combate, como insistió ayer en la conferencia de prensa.
El primero de ellos refiere a la ampliación de la capacidad de decomiso que tiene hoy la Policía cuando son condenados los narcotraficantes. Es decir, explicó ayer el ministro, se necesita que el Estado pueda quedarse con todos “los bienes que sustentan” a las organizaciones criminales de modo tal de desbaratarlas económicamente cuando sus líderes son enjuiciados.
Los otros dos artículos tienen que ver con la pena que reciben estos delincuentes cuando asesinan.
Uno de ellos propone incluir una causal nueva para el homicidio muy especialmente agravado, para el que el Código Penal establece penas de 15 a 30 años. La modificación de esta causal redactaría parte del artículo 312 del Código Penal, y se incluiría entre los casos más graves a los homicidios que se cometan con o seguidos por “el vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima”. El argumento esgrimido es que de esta manera se buscaría penar una práctica común en el mundo narco, que consiste en destruir los cadáveres, así sea para mandar una señal a las bandas enemigas o a las autoridades o para eliminar los signos de identidad de las víctimas de modo de dificultar la resolución del caso.
El tercer artículo propone aumentar la mínima pena del homicidio intencional, que actualmente es de dos años, menor al de otros delitos, como la rapiña, que es de cuatro. Inicialmente, en el mensaje del Poder Ejecutivo se había propuesto subir a seis, pero tras la advertencia de la Fiscalía General de la Nación acerca de la sobrecarga que esto supondría en cantidad de juicios -ya que los acuerdos abreviados no pueden firmarse con delitos que tengan una mínima superior a cuatro años- se aceptó dejar en cuatro.
-
Heber acompañó patrullaje nocturno y comprobó que "la Policía está", pero dijo que quiere "más presencia"
En qué barrios de Montevideo hubo más homicidios en 2023 y cómo variaron los delitos en comparación a 2022
Se registran menos homicidios por rapiñas y las causas generan distintas miradas en el Ministerio del Interior