Abby Ardiles, El Comercio, Perú/GDA*
La criminalidad organizada tiene prácticamente secuestrada a gran parte de América Latina. Grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones, lavado de dinero, entre otros delitos, han ganado mayor hegemonía territorial en países como Perú, Venezuela, Brasil, Chile y otros cinco países, en las últimas dos décadas, a través de acciones violentas.

Con el propósito de comprender a detalle el desafío que enfrenta la región, El Comercio reunió datos recabados por medios pertenecientes al Grupo de Diarios de América (GDA) en Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, México y Perú.

Si bien cada país vive un contexto diferente respecto a la inseguridad ciudadana, existen similitudes entre todos: los altos índices de violencia, la existencia de facciones de las organizaciones criminales más grandes para que puedan seguir expandiéndose, la captación de menores de edad para evadir a la justicia, la disputa de bandas para el control territorial, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, y el lavado de activos para el libre movimiento del dinero generado a través de los diversos delitos que se cometen.

Información proporcionada por el diario O Globo de Brasil señala que los dos mayores grupos criminales de ese país –el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC)– disputan el monopolio del mercado interno de venta de drogas ilícitas y las rutas del mercado internacional de venta de drogas. Para que estos grupos sobrevivan, han encontrado la fórmula correcta a través del tráfico de drogas, armas, extorsiones, homicidios, robos y lavado de dinero.

Si bien en octubre de 2023 se anunció la creación del Programa Nacional de Enfrentamiento a las Organizaciones Criminales (Enfoc), que invertirá 900 millones de reales hasta 2026, expertos consultados por O Globo argumentan que el gobierno federal aún no ha asumido un papel protagónico en el campo de la seguridad pública. Hasta ahora la respuesta contra el crimen organizado ha sido militarizada y ha generado que el país lidere el ránking regional de muertes causadas por la policía: en 2023, hubo 6.296 muertes en operaciones policiales en todo el país.

Estas organizaciones se podrían considerar megabandas y en esa misma línea delictiva está el Tren de Aragua, una red criminal que ha sabido expandir sus tentáculos en casi toda América Latina a través de crímenes violentos como el sicariato, homicidios dolosos y otras acciones.

Como recuerda El Nacional de Venezuela, este grupo criminal nació de un sindicato relacionado con un proyecto ferroviario fallido y tras la cancelación del proyecto, algunos miembros se involucraron en actividades criminales, incluyendo la extorsión.

Una investigación de la periodista venezolana Ronna Rísquez explica que el Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.

Según el portal Transparencia Venezuela, las denominadas “zonas de paz” ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, “resultaron ser un factor determinante, ya que les dio un reconocimiento, una especie de legitimación oficial y, además, les otorgó un territorio sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva”.

En este caso, las iniciativas del régimen para combatir la delincuencia, como la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) han sido denunciadas por servir “para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales”, según la ONG Connectas. “Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos”, agregó la organización.

El Tren de Aragua llegó a Bogotá en el año 2016 y hoy forma parte de las más de 50 bandas criminales dedicadas a la extorsión en la capital colombiana, según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Desde entonces, la organización criminal venezolana ha escalado territorio en Colombia a través de la violencia y la extorsión. Durante este período, la banda venezolana hizo estallar a las organizaciones criminales del país desde adentro a través de un ciclo de traiciones que terminó con la desaparición de organizaciones bogotanas como ‘los Camilos’.

Según narró un agente de inteligencia a El Tiempo, el Tren de Aragua inicialmente se ubicó en la frontera del país, pero luego detectaron una buena oportunidad para traficar y establecer alianzas en Colombia, por ejemplo, con el ELN. No obstante, fueron combatidos y desplazados. Es allí cuando se movilizan a varias ciudades donde no solo se han dedicado principalmente al tráfico de estupefacientes a mejor y gran escala.

Las bandas criminales en Bogotá también se han involucrado con otras acciones delictivas como el control del negocio de la prostitución, la compra y venta de armas de fuego, la venta ilegal de terrenos para la construcción de viviendas ilegales, la compra y venta de celulares y autopartes robadas y los hurtos a personas, los homicidios y la extorsión a grupos vulnerables de la ciudad como trabajadoras sexuales, bicitaxistas, comerciantes, peluquerías y pequeños restaurantes de barrio. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, para el 2023 el número de casos de extorsión ascendía a los 1.730. Solo en el primer trimestre de este año el delito creció 74 por ciento con 518 reportes.

Foto: AFP

Hacia el sur, la situación es similar. En Chile, el Tren de Aragua también ha penetrado parte del territorio e inició operaciones en la frontera norte del país a través de homicidios, secuestros, trata de personas, tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Información recabada por el diario El Mercurio en ese país señala que Los Gallegos -un subgrupo inicialmente asociado al Tren de Aragua- ya operaba en Arica, al menos, desde comienzos de 2022. Actualmente, cerca de 40 integrantes de este clan están a la espera de ser enjuiciados por homicidios, secuestros, trata de personas, entre otros delitos.

Además del Tren de Aragua, las autoridades chilenas han identificado el accionar de bandas provenientes de Perú, como Los Pulpos; y de Colombia, como los Espartanos. Por otro lado, la Fiscalía local ha detectado a algunas personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. También se está investigando la presunta presencia de delincuentes vinculados con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

Algunas organizaciones implantadas en Chile, como el Tren de Aragua, Los Pulpos y el Primer Comando de la Capital (PCC), también cuentan con presencia en el Perú. Los tres están involucrados en economías ilegales, extorsiones, sicariato, entre otros delitos. El caso de la megabanda internacional de origen venezolano, es aún más especial y preocupante porque cuenta con apenas cuatro años de operaciones en el país andino; sin embargo, en ese trayecto ha logrado controlar las extorsiones en al menos 10 regiones, según fuentes de El Comercio.

Aunque inicialmente se dedicaron a la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes, el Tren de Aragua también expandió sus tentáculos hacía los préstamos ‘gota a gota’, que se caracterizan por tener altos intereses que se vuelven impagables, también al sicariato, robo al paso violento, tráfico de armas y hasta la minería ilegal.

Su actividad en el Perú inició en el año 2020, luego de que llegaron con una facción llamada ‘Los Gallegos’ para tomar el control de las zonas de explotación sexual en Lima, la capital. En 2022, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un duro golpe para dicha facción, logrando desmantelar y encarcelar a los principales cabecillas. Para ese entonces se calculó que generaban ganancias de hasta 4 millones de soles.

Informes del diario El Comercio señalan que Los Gallegos se han separado formalmente del Tren de Aragua y cuentan con una organización muy diferente a la inicial, puesto que también han incursionado en el lavado de activos y narcotráfico, generando ganancias de S/15 millones. Otros grupos criminales como La Nueva Jauría, Los Hijos de Dios, entre otras locales, también operan a través de la extorsión usualmente en sectores de las regiones donde la informalidad abunda.

El producto de ello son casos de sicariato casi a diario, asesinatos violentos, robos al paso, atentados extorsivos, detonación de explosivos en colegios, entre otras situaciones que han colocado al Perú en su peor crisis de inseguridad ciudadana de los últimos 10 años.

En Argentina, la crisis delincuencial no solo azota a la capital. En Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, la extorsión se ha convertido en cosa de todos los días y en este caso se trata de mafias locales: desde hace más de 20 años, la banda Los Monos y el clan Alvarado han tomado el control de las actividades delictivas de la ciudad. Desde 2014 hasta la fecha el gobierno nacional envió en diez oportunidades fuerzas federales para combatir el narcotráfico y el incremento de la violencia, sin mayor éxito, informa La Nación.

El narcotráfico también domina en Uruguay. El diario El País cuenta cómo es que varias organizaciones criminales colombianas, bolivianas, paraguayas y mexicanas están injertadas en el territorio que es uno de los preferidos por los carteles internacionales para realizar envíos de cargamentos hacia Europa vía marítima.

El trabajo lo realizan a través de “personeros” o representantes que se encargan de supervisar el traslado y embarque de la cocaína hacía el continente mencionado o África. Investigaciones de las que da cuenta El País, señalan que con anterioridad los narcotraficantes pagaban con dinero a los uruguayos que realizaban los trabajos descritos; sin embargo, ahora entregan cocaína a cambio, situación que ha generado conflictos y hasta homicidios.

Las extorsiones a través de los falsos préstamos en la modalidad del ‘gota a gota’ (presente en 14 de los 19 departamentos del país) también han ocupado buen espacio en el país en manos de criminales colombianos, cubanos y venezolanos. Asimismo, en las cárceles también funcionan las extorsiones calificadas como “peajes” cuando la familia paga pequeños montos para que no maten o lesionen a sus parientes encarcelados.

El panorama de las actividades extorsivas también se repite en México, país donde se estima la existencia de más de 80 grupos y 16 bandas delictivas que tienen como la extorsión a su principal fuente de financiamiento, generando más de 36.000 millones de pesos mexicanos anualmente, informa El Universal.

Los grupos criminales han ganado hegemonía a través de enfrentamientos armados, generando terror y controlando varios territorios. Algunos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación expanden sus redes vendiendo su nombre a células locales, es decir, a través de facciones.

“Grupos como la “Familia Michoacana”, “Cártel Independiente de Acapulco”, “Los Ardillos”, “Los Rojos”, en Guerrero; “Los Viagras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Michoacán; Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, en Tamaulipas; “Los Rojos” en Morelos; “Cártel de Sinaloa”, en Sinaloa, están colapsando las economías locales y los ciclos de producción agrícola con el cobro de cuota a productores, ganaderos, comerciantes, empresarios, transportistas, presidentes municipales y hasta a beneficiarios de programas sociales.

En El Salvador, las pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que se dividió en dos facciones: Sureños y Revolucionarios, son las más numerosas y las que se han dividido para ejercer el control en todo el país. Iniciaron con delitos comunes como los robos, pero luego se enfocaron en la extorsión como principal fuente de financiamiento. Lograron imponer en diversos sectores como en transporte, comercios y agricultores.

La Prensa Gráfica recuerda que esas pandillas nacieron en los Estados Unidos y sus miembros llegaron deportados de ese país después del fin del conflicto armado en El Salvador en 1992, encontrando un Estado débil, con una población desempleada y con mucha exclusión. Los pandilleros llegaron al país con una organización más sólida que las de las bandas criminales locales aprendida en las calles estadounidenses, logrando la hegemonía.

La respuesta más reciente a estas bandas criminales vino de parte del presidente, ahora reelecto, Nayib Bukele. En su primer mandato instauró una política de mano dura a la que llegó tras hacer un pacto con las pandillas, tomar el control de la Corte Suprema e imponer un régimen de excepción que lleva dos años. ¿El Balance? Más de 100 mil encarcelados que incluyen familiares de los pandilleros y varios inocentes, lo que ha traído críticas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El narcotráfico también cuenta con un gran espacio operativo en Costa Rica. Al menos 340 bandas ejecutan sus acciones criminales en el país, según recoge La Nación en declaraciones del ministro de Seguridad, Mario Zamora. Estas combinan el narcotráfico con los homicidios y el lavado de dinero. También existen grupos dedicados al robo de viviendas o vehículos, aunque a menor escala. Esto ha provocado que el 38% de los costarricenses considere a la inseguridad como el principal problema del país, según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

En la actualidad, se presume que no existe un grupo hegemónico en el país, pero algunas organizaciones fuertes están distribuidas por regiones. Se sospecha que en el Caribe, uno de los grupos más poderosos es liderado por Alejandro Arias Monge, alias Diablo. El grupo se dedica al narcotráfico, legitimación de capitales e incluso, en el pasado, al robo de ganado. Se presume que están detrás de ventas clandestinas de lotería, para lavar dinero.

Finalmente, un reciente reporte de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado “La extorsión en Costa Rica”, explica que aunque este delito no está tan presente en el país como en otras naciones centroamericanas, las denuncias por extorsión han ido en aumento.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

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